El ministro de Defensa Agustín Rossi ordenó “prohibir el alojamiento y la atención ambulatoria en hospitales militares de quienes se encuentran procesados con prisión preventiva o condenados penalmente” por su actuación en la lucha antisubversiva. La medida, que en algunos casos desde hacía tiempo atrás ya se ponía en práctica, fue acompañada por el descabezamiento de toda la cúpula del Hospital Militar Central, según se informó oficialmente en la noche del viernes (26 jul 2013)
De acuerdo al comunicado oficial, y como consecuencia de la fuga del ex mayor Jorge Olivera y el ex teniente primero Gustavo De Marchi, los militares desplazados son: Marcelo Carlos Gutiérrez (Director General de Salud); Carlos Alberto Ramos (Jefe de Dpto. Técnico de la Dirección General de Salud); Eduardo Jacinto Alemanzor (Jefe de Dpto. Operativo de la Dirección General de Salud); Juan Carlos Adjigogovic (Director General del Hospital Militar Central); Francisco José Gambino (Director Asistencial del Hospital Militar Central); Pedro Gerardo Osores (Director Operativo del Hospital Militar Central), y Eduardo Oscar Suárez (Encargado de oficina de Ayuda Humanitaria del Hospital Militar Central).

La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia lamentó que al amparo de “un formidable negociado y la más desvergonzada hipocresía” el Gobierno utilice en función de sus intereses –como acontece ahora con la designación del General César Milani- la política de derechos humanos en función de sus propios intereses y objetivos.
La declaración que lleva la firma del titular de la entidad Alberto Solanet y su secretario, Mariano Gradín, expresa:
“Resulta muy interesante la polémica que se ha abierto con motivo de la designación y ascenso del Gral. Milani, porque ha servido para confirmar que la política de derechos humanos implementada por el régimen instaurado desde el 25 de mayo de 2003, es apenas una ideología perversa, cuyas secuelas manifiestas han sido la generación de un formidable negociado y la más desvergonzada hipocresía. 

Por ahora los miembros en actividad de las Fuerzas de Seguridad – Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria, ven algo de luz en sus panoramas salariales tras la publicación, el miércoles (23 jul) 2013) de los decretos 853 y 854 fijando nuevos criterios para la liquidación de haberes, es decir blanqueando suplementos y otras consideraciones. No ocurre lo mismo con los integrantes de las FF.AA quienes por decreto 855/13 tendrán el prometido aumento escalonado del 24%, pero sin poder incorporar como haber remunerativo, computable, y previsional, el hasta ahora suplemento transitorio establecido por el decreto 1305/12. Esto, a primera vista, vuelve a dejar afuera a los retirados

Una compulsa realizada por TIEMPO MILITAR permitió comprobar el viernes (19 jul 2013) que a los distintos departamentos de las Fuerzas, encargados de la liquidación de haberes, no había llegado ningunas orden sobre el aumento anunciado por la Presidenta Cristina Kirchner en la Cena Anual de Camaradería de las Fuerzas Armadas.
Tampoco se habían publicado los decretos respectivos en el Boletín Oficial por lo que, al cierre de las planillas, tanto activos como retirados, cobrarán -en principio- los haberes de julio sin modificaciones.
Existe, sin embargo, la posibilidad técnica que durante agosto pueda habilitarse una partida complementaria, pero ninguna autoridad consultada estuvo en condiciones de confirmar o desmentir tal instancia. En ese sentido la mandataria cuando habló en la comida siempre habló del mes de agosto como fecha de percepción de los incrementos.