República Argentina: 10:18:18pm

Nacional

 La nueva ofensiva que llevan adelante fiscales federales para abrir causas por la lucha antisubversiva, con luz verde gubernamental y en sintonía con la próxima instancia electoral nacional, es el titulo principal de tapa de la edición 249 de TIEMPO MILITAR  que, como ocurre ininterrumpidamente desde hace casi 19 años, gana la calle el primer jueves de cada mes, en este caso 7 de julio de 2011.

La nota de tapa (ver y ampliar imagen en margen derechaadvierte que un grupo de fiscales ha profundizado las acciones tendientes a abrir causas y llevar a la cárcel a la mayor cantidad posible de ciudadanos que, de una u otra manera, pudieran estar involucrados en acciones públicas –documentadas periodísticamente en su momento-  en el marco de las operaciones para combatir la subversión y el terrorismo en los 70.

La escalada, contempla no solo a los uniformados sino también a periodistas y medios de prensa en función de textos, fotografías o filmaciones registradas en aquellos luctuosos años.

El diario, en página 2, advierte también que, a partir de una resolución de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, se abren las puertas al olvido de quienes cayeron asesinados por la guerrilla. Esto por la prohibición absoluta de rendir homenaje a fallecidos que, aún en cumplimiento de órdenes directas, estuvieran involucrados en acusaciones por presuntas violaciones a los derechos humanos.

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El candidato a presidente por Unión Popular, Eduardo Duhalde, reiteró sus críticas al Gobierno por “hacer política” con la tragedia de los 70 y sostuvo que mientras se pontifica por los derechos humanos del pasado, nada se hace por los derechos humanos del presente.
"Déjense de robar con los setenta. Hay que ocuparse de los derechos humanos de hoy, que durante ocho años no fueron atendidos por este gobierno", dijo el ex mandatario durante un acto partidario realizado en el distrito suburbano bonaerense de General Rodríguez.
En ese sentido el candidato enfatizó que la administración de Cristina Kirchner "hace agua en los temas que más le preocupan al hombre común: seguridad, inflación, justicia y educación". "Tenemos que juntarnos para terminar con esta situación vergonzosa", puntualizó.

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BUENOS AIRES (Texto cortesía Diario Judicial) La Justicia resolvió que el Instituto de Previsión Social bonaerense debía pagarle la pensión a un veterano de Malvinas pese a que el beneficio de la normativa solo alcanzaba a los ex combatientes con domicilio en la provincia de Buenos Aires. El beneficiado, suboficial, había residido en ese distrito hasta 1987 y había solicitado su baja del Ejército tras el conflicto.

El actor de la causa pretendía "obtener el beneficio de pensión, con más las sumas retroactivas a la fecha de la solicitud ante el Instituto de Previsión Social (IPS) -18 de diciembre de 2006- con intereses".

Para sustentar su reclamo, precisó que "si bien el 4 de setiembre de 1997 se sancionó la ley provincial 12.006, reconociendo el beneficio de Pensión Social Islas Malvinas, con carácter mensual y vitalicio, para soldados conscriptos ex combatientes de las fuerzas armadas y de seguridad, que hubieren participado en las acciones bélicas entre los días 2.04.82 al 14.06.82, dicha norma no incluía a oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas, en situación de baja voluntaria, a pesar de haber arriesgado su vida en defensa de la patria".

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El presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, afirmó que "el reciente anuncio del 'Operativo Cinturón Sur' que este lunes (04-07-2011) puso  en manos de la Prefectura Naval Argentina y la Gendarmería Nacional la seguridad de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires constituye una nueva tomada de pelo a los porteños y una demostración de la falta de voluntad política del gobierno nacional de enfrentar las fallas estructurales de nuestro sistema de seguridad".

BUENOS AIRES (Texto cortesía www.parlamentario.com)"Como bien señaló la presidenta, la estructura de nuestras fuerzas de seguridad es de otro tiempo. Algunas de ellas, como es el caso de la Policía Federal, incluso fueron diseñadas por gobiernos de facto. Esto les impide enfrentar eficazmente una realidad de complejidad creciente, y en particular, responder frente a casos de criminalidad compleja u organizada como la trata de personas, el narcotráfico o el lavado de dinero. En este contexto, la respuesta del gobierno nacional ha consistido únicamente en incrementar la presencia policial en las calles, a través de la reducción del número de efectivos dedicados a tareas administrativas y, también, empleando personal de otras fuerzas. Esto se parece mucho más a un golpe de efecto o a una medida de campaña electoral, que a un verdadero plan de seguridad", agregó.

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El Ministerio de Seguridad instruyó a las fuerzas policiales y de seguridad que prohiban la realización de homenajes a los que han sido formalmente acusados y/o condenados de delitos de lesa humanidad, o contra el orden democrático o la seguridad de la Nación, aún en acciones de combate o en cumpliento de ordenes superiores, de acuerdo a una  resolución publicada en el Boletín Oficial, según lo informó este lunes (27 jun 2011) el sitio oficial de la Presidencia de la Nación.

Garré se anticipa así a una resolución similar que probablemente será aplicada en las Fuerzas Armadas, y que apunta aún sin sentencias firmes y en cierto grado por simple imputación o sospecha -como en el caso del Capitán de Fragata Pedro Giachino cuyo cuadro fue retirado del Concejo Deliberante de Mar del Plata- a "depurar la memoria" de las futuras generaciones de uniformados.


La resolución N° 400/2011, publicada en el Boletín Oficial, instruye en tal sentido al Jefe de la Policía Federal Argentina, al director nacional de la Gendarmería Nacional, al Prefecto Nacional Naval de la Prefectura Naval Argentina y al director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. 

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