La Corte Suprema de Justicia reabrió un caso donde se investigan presuntos fusilamientos ocurridos durante la recuperación del cuartel de La Tablada, copado en 1989, durante la administración de Raúl Alfonsín,  por guerrilleros del Movimiento Todos por la Patria. 

 De acuerdo a lo informado el viernes (02 dic 2015) por el diario La Nación, el máximo tribunal revocó un fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que confirmaba el sobreseimiento de dos militares imputados por el homicidio agravado de dos de los ocupantes del MTP detenidos con vida en 1989. Con el voto de Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Eugenio Raúl Zaffaroni, la Corte revocó el sobreseimiento por prescripción de los generales Alfredo Arrillaga y Jorge Eduardo Varando, imputados por el homicidio de Iván Ruiz y José Alejandro Díaz, integrantes del MTP capturados con vida y luego desaparecidos. 

El 23 de enero de 1989, el Regimiento de Infantería 3 de La Tablada, en La Matanza, fue asaltado por 46 integrantes del MTP. Decían que pretendían frenar un golpe de Estado contra Raúl Alfonsín. El lugar fue recuperado tras dos días de combates.

En la causa ahora reabierta con el fallo de la Corte se investigaba si Ruiz y Díaz fueron ejecutados luego de que militares recuperaran el control del lugar. Ruiz y Díaz fueron detenidos el 23 de enero por la tarde, según las fotografías aportadas a la causa, pero sus cuerpos nunca aparecieron. 

Según el Ejército, los detenidos fueron entregados a Varando, quien luego se los dio a otro militar al que supuestamente lograron burlar para escapar del cuartel. El militar al que Varando dijo que le entregó a los detenidos apareció muerto. 

La Cámara Federal de San Martín había considerado que la acción penal ejercida contra Arrillaga y Varando prescribió, pero las querellantes interpusieron un recurso de casación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró en 1997 al Estado responsable por las presuntas ejecuciones y recomendó investigar. La Corte hizo lugar al compartir los argumentos de la procuradora Alejandra Gils Carbó. Ricardo Lorenzetti y Carlos Fayt votaron en disidencia.

El Tribunal Federal 2 de Córdoba, integrado por Carlos Lascano, José Pérez Villalobo y Mario Garzón, condenó el martes (23 dic 2014) penas de entre 10 y 13 años de prisión a los militares acusados por las explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero, ocurridas en noviembre de 1995 y que dejaron 7 muertos, centenares de heridos y cuantiosos daños materiales. Los defensores de los condenados anticiparon que apelaran el fallo, instancia que, de ser necesario proseguirán hasta la Corte Suprema de Justicia.

Se basan en que hay pruebas sustentables para condenar a sus defendidos, además de alegar otros vicios procesales.

Los cuatro condenados como "autores mediato" de estrago doloso aºgravado son los militares retirados Jorge Cornejo Torino y Marcelo Gatto (que ocupaban cargos directivos en la planta de Río Tercero), y Carlos Franke y Edberto González de la Vega (que eran directivos de Fabricaciones Militares en la sede central de la empresa estatal).

Gatto, que era el militar de menos jerarquìa de los cuatro, recibió 10 años de prisión. El resto, 13 años. Los fundamentos del fallo se conocerán el 27 de febrero

El diario Clarín informó en la noche del martes (23 dic 2014) que el fiscal federal de Tucumán, Carlos Brito, pidió al juez Daniel Bejas la declaración indagatoria del jefe del Ejército, teniente general César Milani, por encubrimiento y falsedad ideológica en la causa por la desaparición del soldado Alberto Ledo en esta provincia durante el Operativo Independencia. El rotativo basó su afirmación, anticipada en su edición digital, en fuentes judiciales a las que tuvo acceso. La noticia ocupó las primeras planas de los principales matutinos del miércoles 24 en la víspera navideña. Hubo dispares reacciones,. Mientras Hebe de Bonafini cortó el teléfono a un entrevistador radial que le preguntó su opinión, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández sostuvo que en caso de que Milani sea encontrado responsable de tal acusación, la Presidenta "lo pasará a retiro".

Clarín dijo que el fiscal sostuvo que ya hay prueba suficiente para que Milani explique por qué firmó, como el rango de subteniente, un acta falsa que decía que Ledo había desertado mientras cumplía funciones como su asistente en la zona de operaciones de Tucumán en 1976.

Brito tomó esta decisión pese a las presiones del gobierno y de la procuración general de la Nación para que no se investigara el rol de Milani en este hecho de la represión ilegal.

Varios testigos afirmaron que en esa época Ledo era el asistente personal del entonces subteniente Milani, al responder ante una pregunta un ex conscripto dijo que "sí, él (Ledo) hacía los partes y ahí lo conocí yo porque él era el asistente (de Milani) en la compañía Comando".

Anteriormente otro ex conscripto riojano, Alvaro Illanes ya había afirmado que Ledo, ya en el cuartel de La Rioja, era el asistente personal de Milani.

También respondió que las tareas de un asistente eran "cebar mate al jefe, tenderle la cama, limpiarle el baño. El asistente tenía que hacer los partes, tenían que hacer de todo”

Milani había negado conocer a Ledo, quien desapareció la noche del 17 de junio de 1976 del campamento que tenía el Ejército en la localidad tucumana de Monteros.

Hasta 1984, el Ejército afirmó que Ledo había "desertado" basado en un acta de deserción firmada por el subteniente Milani, que a la postre, dijo la nota de Clarín, resultó falsa.

Clarín recordó que el tema lo reveló en exclusiva el año pasado.

El número de uniformados fallecidos en prisión se elevó el pasado martes 16 de diciembre a 277 como consecuencia del deceso del Coronel (R) Pablo Antonio Tradi, perteneciente a la promoción 78 del arma de Comunicaciones, de acuerdo al informe actualizado de la Unión de Promociones.

La UP también dio cuenta del fallecimiento, en similares condiciones, del Comandante (R) de Gendarmería Nacional, Mario Raúl Patané, ocurrido el miércoles 3 de diciembre.

Al deplorar nuevamente estos infaustos acontecimientos en la persona de Presos Políticos en Cautiverio, la UP reclamó reforzar la solidaridad de la comunidad uniformada y envió su solidaridad a la familia de los fallecidos, conforme el comunicado de la entidad que firma el Coronel (R) Guillermo César Viola