La PresidentaCristinaFernández de Kirchner designó como juez federal de la ciudad bonaerense de Dolores, al doctor Alejandro Ramos Padilla, abogado de la asociación Madres de Plaza de Mayo. Otro letrado, Javier Augusto De Luca, también estrechamente vinculado con organismos defensores de Derechos Humanos, fue designado Fiscal ante el tribunal de Casación.

Ambas designaciones se enmarcan en un conjunto de 51 nombramientos y un fiscal que fueron propuestos por el Poder Ejecutivo y recibieron la aprobación del Senado. Además de estar publicados en el Boletín Oficial, los nombramientos están consignados en el sitio del Centro de Información Judicial, dependiente de Corte Suprema de Justicia.

En una carta de lectores publicada este jueves (08 sept 2010) en el diario Clarín, el coronel (*) Jorge Federico Tisi Baña advierte sobre nuevas anomalías en que incurre el Estado en la liquidación de haberes a personal retirado, en particular a quienes, en uso legítimo de sus derechos, promovieron y obtuvieron sentencia judicial favorable en juicios por incumplimiento de la ley de 19.101 de  Personal Militar.
La misiva expresa:
“Desde 2005, los aumentos otorgados a las FF.AA. fueron encubiertos como suplementos particulares con el fin de marginar a los retirados de los beneficios de la Ley 19.101.
“Menos frecuentemente y por porcentajes sustancialmente inferiores, a los retirados se nos fueron concediendo compensaciones no remunerativas y no bonificables al margen de la Ley.

Atendiendo sus respectivos frentes internos, los gobiernos de Gran Bretaña y la Argentina desplegaron esta semana ejercitaciones militares en el Atlántico Sur. En el primer caso para atenuar las críticas al fuerte recorte inglés en el gasto de Defensa y en el segundo para intentar demostrar que, contrariamente a lo que aseguran sus críticos, el aparato militar argentino permanece "dinámico y operativo". En este plano, el ministro de Defensa, Arturo Puricelli elogió en la tarde de este viernes (09-sept-2011) las maniobras de las tropas nacionales, y criticó con severidad las del Reino Unido.

Al evaluar estas acciones, especialistas militares tanto en Londres como Buenos Aires desestimaron que los ejercicios desemboquen en otra cosa que en una corta repercusión propagandística, sin mayores ulterioridades. De todas maneras, las maniboras se encuadran en el marco de adiestramiento que cada país ejerce en sus tradicionales y potenciales escenarios de conflicto. En las islas sólo se trató del accionar de una fragata misilística, mientras que en el continente, el despliegue estuvo a cargo de casi 3.800 efectivos de las tres fuerzas, uno de los más numerosos de los últimos tiempos, y que sorprendió por el homérico trabajo logístico que debió ejercerse para poner en condiciones material ya en estado visiblemente crítico por su antiguedad y severas limitaciones de mantenimiento..

En ese plano, el diario Clarín señala este viernes (09-sept 2010) que “La BBC, el servicio de información pública británico, publicó  en su sitio de internet un singular i nforme militar sobre un buque que patrulla las Malvinas , que pareció más bien un ejercicio de propaganda en momentos en que el premier David Cameron es cuestionado desde distintos sectores políticos por su fuerte recorte del gasto público, que abarca importantes sectores de la Defensa”.

La Justicia Federal intimó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, a que en un plazo de cinco días informe si 68 guerrilleros muertos antes del golpe militar de 1976, a raíz de ataques a unidades militares durante los gobiernos constitucionales de Juan Domingo Perón y María Estela Martínez, figuran como desaparecidos o víctimas de ejecución sumaria en los listados elaborados en 2006 por la Secretaría de Derechos Humanos, informó este jueves (8 de septiembre de 2011) el diario La Nación, en una nota de primera plana.
También le ordenó que explique si sus herederos cobraron las indemnizaciones previstas en las leyes reparatorias para las víctimas del terrorismo de Estado, así como los montos y las fechas en que se habrían hecho los pagos, añadió el rotativo que lleva adelante una investigación sobre este tema.
La medida fue dispuesta por el juez Esteban Carlos Furnari, a cargo del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 2, al admitir una acción de amparo presentada por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, que había pedido la información a la Secretaría de Derechos Humanos en febrero último. Al no obtener respuesta, la entidad presentó un amparo por mora de la administración.