La Universidad de Buenos Aires prohibió cursar estudios en el programa carcelario del programa UBA XXII a encarcelados por su actuación en la guerra antisubversiva, incluso si no tienen condena, informó oficialmente esa casa de altos estudios a través de un despacho noticioso de la agencia oficial Télam.

Télam dijo que “la resolución fue tomada por el órgano académico integrado por el rector de la UBA, Rubén Hallú, los decanos de las facultades, y cinco representantes de los claustros de profesores, graduados y estudiantes”.

"Esta es una clara expresión política de la Universidad de Buenos Aires", expresó Hallú a Télam durante la sesión realizada en el rectorado en la que el Consejo Superior, tras el dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento que elaboró el proyecto de resolución.

“La resolución del Consejo Superior fue dispuesta tras los pedidos efectuados por represores que cumplen condena por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar, entre ellos, Adolfo Donda- condenado a prisión perpetua-, Carlos Jurio y Oscar Rolón”, dijo la agencia oficial de noticias. 

El Gobierno publicó el viernes (3 ago 2012) el decreto 1305/2012 que fija nominalmente y engloba lo haberes del personal militar en actividad; modifica la Ley 19101 de Personal Militar; suprime adicionales y deja sin efecto las compensaciones otorgadas al personal retirado por los decretos 1994/06, 1163/07, 1653/08. 753/09 y 2048/09. La norma, que abre un abaníco de disímiles interpretaciones, crea varios interrogantes y particularmente despierta escepticismo e inquietud en la comunidad de retirados particularmente en quienes habían obtenido fallos favorables en sus demandas contra el Estado por incumplimiento, precisamente de la Ley de personal militar.

Como lo señaló TIEMPO MILITAR, se abre entonces un tedioso e inquietante compás de espera hasta principios del mes próximo cuando, con los recibos de haberes en mano, pueda cabalmente interpretarse qué se cobró igual, de más o de menos. Queda por dilucidarse cuál será la suerte que correrá el personal de FF.SS., particularmente los retirados que hicieron juicios.

El texto del decreto y las correspondientes escalas son los siguientes:

MINISTERIO DE DEFENSA

Con disímiles interpretaciones –en función de las fuentes a las que recurrieron- los dos grandes diarios nacionales, Clarín y La Nación, dan cuenta el sábado (04 agos 2012) del decreto presidencial que “blanquea” los haberes militares.

La Nación, con más cautela que su colega, advierte, citando una autoridad militar a la que no identifica que “aún es prematuro saber como esto impactará en los sueldos”, toda vez que se trata, específicalmente, de un “blanqueo” con el implícito objetivo de procurar cortar de raiz el alud de reclamos judiciales por el pago no remunerativo de sumas en negro.

Más optimista Clarín, también basando su información en otra “fuente” militar, da cuenta que el anuncio de la Presidenta “fue bien recibido” ya que, sostiene, significa un aumento del 140% sobre los haberes. Semejante apreciación, sin aclarar si tal incremento se toma sobre los paupérrimos básicos históricos, puede aventurar –en los medios de prensa menos prevenidos o en los más intencionados- que los militares han arrancado un aumento que los coloca en los sectores privilegiados de la pirámide salarial estatal. 

 El texto de un “radiograma” -sin firma- cursado supuestamente desde las subjefaturas de los Estados Mayores de cada una de las Fuerzas Armadas dando cuenta de un "proyecto de decreto" que fija  pautas de cómo sería la nueva política salarial para el sector, pero recién a partir del primero del presente mes de agosto, generó gran confusión en la familia militar (y por ende en las FF. SS) toda vez que el mismo contiene imprecisiones que los especialistas consideran inadmisibles  y lejos de atenuar, complican aún más el incierto panorama reinante.

Así lo consigna en su edición impresa  (262) del jueves 2 de agosto TIEMPO MILTTAR que reitera su advertencia acerca de tomar con cautela todos los textos y especulaciones circulantes hasta tanto haya una comunicación oficial definitiva.

TIEMPO MILITAR insiste en que, - al menos hasta la salida de la publicación a sus quioscos en todo el país-, la Presidenta no había firmado como tampoco autorizado su inclusión en el Boletín Oficial, del decreto con el aumento salarial que anunció el pasado 10 de julio en la Cena de Camaradería de las Fuerzas Armadas. Técnicamente este aumento debería estar encuadrado en un decreto de características distintas a las "pautas" fijadas en el "radiograma". O sea que la Presidenta no firmó ni uno ni otro decreto, facultad que en modo alguno puede ser obviada en la "difusión" -a nivel de subjefaturas de Estado Mayor - de trascendidos