Debido a un desorden administrativo, el ministro de Defensa Arturo Puricelli tuvo que recurrir a una medida de excepción para liquidar el aumento salarial del 18 por ciento dispuesto para 164 mil militares en actividad y en retiro.
Luego de dos frustrados intentos para ejecutar el decreto 1305 de Cristina Kirchner, Puricelli tomó una decisión polémica para tratar de concretar el aumento: dispuso por una resolución ministerial del 9 de agosto reducir de 8 al 4 por ciento el aporte de los militares en actividad a las cajas jubilatorias militares.
Sucede que la Presidenta, luego de la cena de camaradería de las fuerzas armadas del 11 de julio pasado, blanqueó a través de ese decreto un conjunto de suplementos no remunerativos que constituían los salarios militares por decisiones de Néstor Kirchner, aún vigentes. Con esos suplementos, como por ejemplo una compensación por vivienda, se evitaba trasladar los aumentos a los jubilados.
El blanqueo el Gobierno tuvo que hacerlo por la avalancha de juicios de militares en actividad y sobre todo retirados que fueron respaldados por los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la nación en los casos Salas y Zanotti. El carácter no remunerativo evitaba que alcanzara a los retirados.
El decreto presidencial 1305 del 3 de agosto de este año derogó 11 decretos anteriores dictados por los gobiernos de Néstor y Cristina que contenían esos suplementos no remunerativos.
Pero cuando Puricelli pidió a sus colaboradores una aplicación directa del decreto 1305 se dieron cuenta que “15 mil oficiales y suboficiales iban a cobrar menos” por las deducciones del impuesto a las Ganancias, entre otras razones, informaron fuentes militares a Clarín. Las fuentes consideraron que este problema salarial era un “escándalo” administrativo sin precedentes.
Ante esa situación, el ministerio le hizo retoques al decreto presidencial y el número de militares que iban a cobrar menos que antes se redujo a 6.200.
Como el Gobierno no podía implementar un aumento de esas características, Puricelli firmó una resolución con fecha 9 de agosto en la que dispuso que el personal en actividad solo aporte el 50 por ciento de la cuota de la obra social.
Pero los militares retirados seguirán aportando el 100 por ciento a sus obras sociales: direcciones de Bienestar de la Armada (DIBA) y de la Fuerza Aérea (Dibpfa) y el Instituto de Obra Social del Ejército (IOSE). A diferencia de otros jubilados, los militares siguen pagando su obra social toda la vida.
Para Puricelli esos organismos “no están adheridos” a ley de obras social 23.660 ni a la ley 23.661 del sistema nacional de Seguro de Salud y por lo tanto su resolución sería legal.
De todos modos, su medida volverá a desfinanciar a ese sistema de obras sociales militares y perjudica a los retirados. Este punto podría ocasionar otra ola de juicios contra el Estado.
Entonces, los retirados recibirán sus sueldos en agosto sin descuento del Impuesto a las Ganancias y se le acumulará para el mes siguiente. Para colmo, estos juicios han roto la jerarquía salarial dentro de las Fuerzas Armadas a tal punto que hay 43 oficiales que cobran un sueldo mayor al del jefe del Ejercito, general Luis Pozzi. Una situación claramente insostenible en una organización verticalista.
