República Argentina: 7:42:03pm

Nacional

Pese a haber firmado el decreto que ordenó a las Fuerzas Armadas intervenir en la lucha armada contra la guerrilla en el marco del Operativo Independencia, la justicia federal de Tucumán mantuvo su postura inicial de dejar fuera de cualquier medida judicial a la ex presidente María Estela Martínez de Perón, informó el diario La Gaceta, de Tucumán.

Por el contrario, el juez federal N° 1, Daniel Bejas, dispuso el procesamiento y prisión preventiva de medio centenar de personas, entre civiles y militares, en función del operativo militar que se desarrolló a partir de 1975 en Tucumán. En el proceso se investigaron 269 casos, en los que se describen las denuncias de vejaciones formuladas por quienes aseguraron ser víctimas de esos procedimientos.

Entre los aspectos más relevantes del expediente, el magistrado no hizo lugar a la citación para que preste declaración indagatoria de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, pero dispuso el procesamiento con prisión preventiva del ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, de Carlos Idelfonso Delia Larocca, de Mario Benjamín Menéndez, de Jorge Omar Lazarte, de Roberto Heriberto Albornoz, de Ernesto Nicolás Chávez, de Jorge Gerónimo Capitán, de Alfredo Alberto Svendsen, de Ricardo Oscar Sánchez, de Luis Armando de Cándido, de Ramón César Jodar, de Miguel Angel Moreno, de José Luis del Valle Figueroa, de Pedro Roberto Rojas, de Pedro Adolfo López y de Enrique José del Pino. Dispuso el levantamiento de la detención domiciliaria dispuestas respecto de Luis Rolando Ocaranza, Walter Edgardo Saborido, José María Menéndez y Miguel Angel Carrasco.

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La confirmación de que el Gobierno británico evaluó hipotéticamente en su momento bombardear objetivos militares en el territorio continental argentino, durante la guerra de Malvinas, puede servir de ayuda al secular reclamo de veteranos no movilizados al archipiélago pero que exigen ser considerados con un estatus similar a los de quienes combatieron en las islas.
Todo este es consecuencia de la información producida en las últimas horas por Londres, que revela que el gobierno británico acaba de desclasificar una serie de documentos que permanecían secretos sobre la guerra de Malvinas, más de 30 años después de que concluyera ese conflicto bélico. Por lo menos tres de esos documentos, según consignó el diario londinense  Financial Times – reproducidos por el diario Clarín., se refieren a eventuales ataques a la Argentina continental.
El primero de ellos revela que John Coles, secretario privado de Thatcher, le pidió a la Cancillería que buscara información de inteligencia e indagara qué reacciones provocaría Gran Bretaña si tomaba "pasos nuevos y dramáticos" como un bombardeo a la Argentina continental, aunque aclaraba también que la primera ministra no estaba pensando en eso.
 

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  El incremento salarial que había acordado pagar este mes el Gobierno a los integrantes de las Fuerzas Armadas, tras la aplicación del decreto presidencial 1305 que ocasionó reducciones en los haberes de varios uniformados, no se concretó, según lo informó el viernes (07 dic 2012) un despacho de la agencia Diarios y Noticias (DyN).

Los principales lineamientos del aumento prometido, con la nueva escala salarial, porcentajes y comparaciones,  están contenidos en un decreto que se hallaba el lunes en el despacho presidencial, y cuyos detalles son transcriptos literalmente en la edición impresa de diciembre, de TIEMPO MILITAR, que ganó la calle el jueves 6 (ver tapa adjunta). Pero, aparentemente en los hechos, el texto quedó sugestivamente retenido en la Casa Rosada sin implementarse, al menos hasta la semana que concluyetal cual lo consigna ahora la agencia DyN.
   "La sensación que hay es de resignación", señalaron fuentes castrenses a DyN al confirmar que no percibieron la mejora salarial que se iba a dar en el sector militar para corregir las distorsiones registradas en agosto pasado, dijo DyN, quie inmediatamente agregó:.   
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El diario Clarín otorgó el miércoles (19 dic 2012) un excepcional despliegue de primera plana a la decisión de la Cámara Federal porteña que ordenó (el martes 18) reabrir la causa que investiga el asesinato del ex secretario general de la CGT José Ignacio Rucci, para intentar dar con los autores materiales e intelectuales del hecho y determinar si alguno de ellos estaba vinculado al Estado.
Clarín recuerda que Rucci fue asesinado el 25 de septiembre de 1973. El crimen dividió a la guerrilla de Montoneros, a la que se adjudicó el atentado. La causa fue archivada este año por el juez federal Ariel Lijo, al considerar que el hecho estaba prescripto, alegando que no se trataba de un delito de lesa humanidad.
El diario agrega que “la diputada del Frente Peronista Claudia Rucci celebró la decisión de reabrir la causa por el asesinato de su padre y anticipó que pedirá una audiencia con el juez de la causa para solicitarle que cite a declarar a “ex funcionarios” y “ex dirigentes de la agrupación Montoneros” . “La Cámara leyó nuestros fundamentos, cuando apelamos la decisión del juez Lijo le pedimos que sea considerado un asesinato de lesa humanidad porque estamos convencidos de que fue hecho en democracia por un grupo de dirigentes de la agrupación Montoneros que tenían cargos en el poder” , señaló Rucci.
“Las diligencias y medidas (sobre) la única hipótesis que subsiste resultan escasas y permitieron tan sólo un conocimiento limitado de los extremos relevantes a los efectos de llevar a cabo el análisis que se propone”, dijeron los jueces de la Sala II de la Cámara, que tildaron de “prematura” la prescripción.

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La justicia tucumana separó de su cargo en la Fiscalía de Estado al abogado Facundo Maggio, luego de que el letrado decidió actuar como defensor de uno de los imputados en la causa “Arsenal Miguel de Azcuénaga y Jefatura de Policía II” que se lleva adelante en la ciudad de San Miguel de Tucumán.
De acuerdo a lo informado por el diario digital Periodismo de Verdad, dirigido por la periodista Luz García Hamilton, Facundo Maggio “es un joven abogado penalista que, por primera vez ha tomado la defensa de imputados en causas por delitos de “lesa humanidad”. Trabajaba en la Fiscalía de Estado Tucumán, es decir era funcionario del Estado provincial. Tiene a su cargo la defensa  del  ex jefe del Regimiento N° 19, Ernesto Arturo Alais ( separado del Juicio por decisión del Tribunal Oral Federal de Tucumán que integran los doctores  Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga (subrogante) luego de conocerse el informe médico), de Carlos Eduardo Trucco, quien fue traído ayer a la mañana desde el penal de Ezeiza, y del padre José Mijalchyk.

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