El anunciado desplazamiento de 4.500 efectivos del Ejército para suplir en “teoría” en las fronteras del norte argentino a los cuatro mil gendarmes enviados a reforzar la seguridad en el conurbano metropolitano, desató una fuerte controversia política ya que los uniformados, por aplicación de las leyes en vigencia, sólo podrán limitar sus funciones al rol incluso menor al que cumplen los agentes de seguridad privada: ante un ilícito, avisar de inmediato a la policía.
Así lo precisó el miércoles (04 sep 2013) el Ministro de Defensa, Agustín Rossi, en declaraciones a la prensa señaló que el personal militar que colaborará con las tareas que allí realiza Gendarmería no podrá realizar detenciones ni tampoco disparar contra las avionetas sospechadas de narcotráfico que crucen la frontera sin identificarse ni obedecer la voz de alto.
