El problema de los vuelos con drogas se instaló fuerte en la campaña electoral. La violencia de los traficantes, puesta de manifiesto, por caso, por su incidencia en muchos de los más de 190 homicidios cometidos en Rosario, donde también fue atacada a balazos a la casa del gobernador santafecino, Antonio Bonfatti, expuso el crecimiento concreto del peligro. Y la vía área de ingreso de drogas quedó en la mira.
La oposición, en uno de los pocos asuntos en los que coinciden todos los grupos ajenos al Gobierno, reclamó que se apruebe una ley para derribar a los vuelos narco. El oficialismo insistió en su negativa a tratar ese tema.
La semana pasada, en cambio, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció que cazas F-16 derribaron dos avionetas narco al negarse a un aterrizaje escoltado.
Con el sistema de armas Mirage fuera de servicio y en espera de la aprobación de la compra de un escuadrón usado de Mirage F1 y con los pocos cazabombarderos A4 que se sostienen en operaciones y que están implicados en un ejercicio internacional en Brasil, se apeló entonces a los veteranos aviones de entrenamiento de la Armada.
Son tres de las seis aeronaves de su clase en vuelo, ya que sus contrapartes de la Fuerza Aérea -un modelo algo más viejo, incluso- fueron dados de baja hace cuatro años.
Esa sección reducida de TurboMentor tendrá ahora la misión de verificar los vuelos ilegales en la frontera norte, donde el gobierno nacional contabilizó más de 800 Tránsitos Aéreos Irregulares (TAI) desde julio de 2011. Las posteriores investigaciones de la Gendarmería pudieron establecer que en por lo menos 242 casos esos vuelos estuvieron vinculados al tráfico de drogas. Más de 121 toneladas de estupefacientes llegaron al país por vía aérea. Y las avionetas ilegales incursionan cada vez más al Sur, arrojándose la carga en forma de bombardeo hasta en el norte bonaerense y en Rosario, según afirman quienes investigan esos casos.
Es en el sur santafecino donde se visualiza la mayor violencia narco en los últimos dos años. En las fuerzas de seguridad, se afirma que allí no hay una lucha de carteles, tal como se conoce a las organizaciones complejas de drogas, sino una desatada guerra de bandas de vendedores minoristas, que crecieron bajo gestión policial. En los tribunales empieza a ser común el concepto de "economía narco de subsistencia" definiéndose así a familias enteras que encuentran su sustento mínimo al participar de algún punto de la cadena de comercialización.
En los vuelos narco llega una parte importante de la droga que provoca la lucha entre clanes de vendedores y sicarios.
El diputado nacional Francisco De Narváez hizo conocer su proyecto de ley para autorizar el disparo contra aeronaves que no respeten una sucesión de advertencias. Su par del Pro Julián Obiglio expuso una propuesta similar.
Ambas iniciativas ya están en el Congreso, al igual que una similar presentada por los referentes de la UCR. Y en los últimos días se sumaron voces fuertes, como las de Sergio Massa, y los cordobeses Juan Schiaretti y José Manuel De la Sota.
El gobernador de Córdoba aseguró que pedirá al resto de los mandatarios reunirse para analizar el creciente problema narco. La propuesta de una ley de derribo contaría con el apoyo del chaqueño Jorge Capitanich, que presentó un proyecto de ley durante su paso como senador y consiguió que uno de los tres radares de vigilancia fuera instalado en Resistencia.
El Gobierno intentó algunos planes antidrogas, con eventuales éxitos relativos en decomisos, pero aún no se coordinó una política nacional contra el narcotráfico. La Casa Rosada lanzó en los últimos dos años los operativos Fortín (con radares aéreos), Escudo Norte (con grupos especiales de Gendarmería en el Norte), Vigía (controles de ruta en ómnibus y en la terminal de micros de Retiro), Centinela (6000 gendarmes en el conurbano) y Cinturón Sur (Gendarmería y Prefectura en la ciudad de Buenos Aires).
También afirmó que creció en diez años la cantidad de gendarmes de 18.000 a 34.000. Aunque en esa fuerza se comenta que se duplicó la dotación, pero también se sextuplicaron las misiones asignadas.
En otra decisión unilateral, el Gobierno puso este año al Ejército en la lucha contra el narcotráfico, sin tomar en cuenta las limitaciones de las leyes de seguridad interior y de defensa (en especial, la reglamentación de 2006), con la creación de patrullas mixtas de doce soldados y tres gendarmes para el control de fronteras, cuya presencia se hará visible a fin de año.
En medio de propuestas legislativas y planes que se superponen como parches, el peligro del narcotráfico se metió por primera vez en la campaña electoral a partir de los asesinatos en Rosario, la corrupción de la brigada de drogas en Córdoba y la proliferación de los vuelos ilegales.
