El viernes 26, el diario Clarín, al hacer una suerte de compilado de las informaciones relacionadas con el 35 aniversario del golpe de estado, señaló que los ahora sobreseídos definitivamente estaban involucrados en una causa por el atentado a través del “estallido de un artefacto explosivo instalado en el casino del edificio de la entonces Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal Argentina”. Fue el día 2 de julio de 1976, murieron veintitrés personas y hubo más de cien heridos.
Los descendientes de las víctimas fueron, en su rol de querellantes, quienes fueron a la justicia para intentar que el delito no prescribiera con el argumento de que se trataría de crímenes de lesa humanidad. El fallo de los integrantes del Tribunal no sólo confirmó las decisiones tomadas en primera instancia y ratificadas por la Cámara de Apelaciones sino que a lo largo de 122 páginas elabora los argumentos para explicar por qué los crímenes de las organizaciones armadas no pueden equipararse con los ejecutados por el Estado en forma de plan sistemático contra la población civil: “Los crímenes de lesa humanidad no lesionan sólo a la víctima que ve cercenados por el delito sus derechos básicos, sino que también implican una lesión a toda la humanidad como conjunto (...) Los crímenes contra la humanidad también trascienden al individuo porque cuando el individuo es lesionado, la humanidad es atacada y anulada.” Los jueces Juan Fégoli, Raúl Madueño y Mariano Gonzalez Palazzo asumieron la gravedad del atentado en la Coordinadora Federal pero entendieron que “el alto grado de depravación, por sí mismo, no distingue a los crímenes de lesa humanidad de los hechos más crueles que los sistemas locales criminalizan”.
Técnicamente, al ser resuelta la cuestión por un tribunal de Casación, el tema difícilmente llegue a la Corte Suprema. Un alivio para los miembros de las organizaciones terroristas que asolaron al país con su prédica de sangre, luto y horror. Frustración para los familiares de las víctimas. Para ellos nunca habrá jugosas recompensas ni indemnizaciones. Así son las cosas en un país como el nuestro que insiste en retroceder y desencontrarse a sí mismo al escabullir el sano y necesario debate de revisar las dos caras de la moneda de su trágica historia.
