En marzo de 2019 el ministro de Finanzas, Richard Martínez, envió la solicitud de financiamiento al FMI por más de 4 mil millones, sustentada en la aplicación del denominado Plan Prosperidad (con reformas neoliberales). En un período de 3 años, el Ecuador recibiría un total de 4,2 mil millones de dólares, con revisiones trimestrales (metas macroeconómicas y reformas estructurales específicas). En octubre de 2019 se produjo el peor estallido social desde 2005, y los mercados internacionales devaluaron la confianza en el Ecuador. Esto dio cuenta del delicado equilibrio que impone el neoliberalismo en la región, sostiene analistas internacionales.
En la tercera revisión del FMI (diciembre de 2019) ese organismo alerto los problemas que enfrentaba el Gobierno en el marco del acuerdo (las reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero y al Código de Planificación y Finanzas para fortalecer la autonomía del Banco Central y la disciplina fiscal, no se habían cumplido), ya que fueron rechazadas por la Asamblea Nacional en noviembre de 2019.
En octubre de 2019 se produjo un levantamiento popular, tras la firma del Decreto 883 que eliminaba los subsidios a los combustibles. El 13 de octubre, luego de 12 días de movilizaciones, el presidente Lenin Moreno revió la decisión de eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles.
Luego de los dos intentos frustrados, el Gobierno logró cumplir con la aprobación de la reforma tributaria a través de la Ley orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria (LSPT). La ley otorga más deducciones al sector empresarial, exenciones a los pagos de ganancias a paraísos fiscales, y un coctel de impuestos indirectos que, por definición, son regresivos, afirman analistas económicos internacionales. Agregan que hay más beneficios para el sector empresarial y, a la vez, un deterioro de los niveles de igualdad.
En el programa estructural de ajuste, se aprecia que hay algunas condiciones estructurales sin cumplir que incluye privatizaciones.
El acuerdo con el FMI y sus consecuencias para Ecuador
El pasado 19 mayo se conoció las nuevas medidas económicas: reducción del sector público, que significa más despidos y disminución de salarios.
Por la emergencia sanitaria del Coronavirus, se anunció cierre de embajadas, reducciones salariales y de empresas estatales. Destaca un recorte de gasto público de más de 4.000.000.000 dólares, reducción de salarios, eliminación de siete empresas públicas -liquidación de la aerolínea TAME- eliminación/fusión de 10 ministerios.
Ecuatorianos continúan protestas contra recortes sociales.
El FMI y Ecuador acuerdan financiamiento por US$ 6.500 millones
Este acuerdo cierra la reestructuración de deuda por US$ 17.400 millones con acreedores privados antes de la fecha límite fijada del 1 de septiembre. Contempla un préstamo de 6.500 millones de dólares, que permitió reestructurar bonos y financiar su presupuesto para 2020.En virtud del nuevo acuerdo, el país recibiría US$ 4.200 millones en tres años.
El acuerdo con el FMI obliga a Ecuador a subir el IVA al 15% y recortar el gasto público. Se fija los precios de los combustibles, se reducen dos horas de la jornada laboral para los funcionarios públicos, será de una hora para los profesionales, con excepción de los médicos, la Policía, las Fuerzas Armadas, y demás agentes de seguridad. El ingreso remunerativo de los trabajadores será por una jornada laboral, de seis horas. Se cerraran y fusionaran unas diez empresas públicas, entre ellas, la aerolínea Tame, Inmobiliar, Ferrocarriles, Siembra y Medios Públicos.
Se creará un fondo de 1.000 millones para ser prestados a pequeñas y medianas empresas al 5 por ciento de interés, con tres meses de gracia y 36 meses de plazo. El ahorro para el Estado es de 3.300 millones de gasto corriente y 700 millones de gasto de capital. Se cierran embajadas y oficinas diplomáticas
Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cree que “están en grave riesgo” los derechos a la vida e integridad personal de tres políticos afines al correísmo, después de ser detenidos y acusados por rebelión en las protestas de octubre. Dicto medidas cautelares para Paola Pabón, prefecta de la provincia de Pichincha, de su asesor Christian González, y de Virgilio Hernández, secretario ejecutivo de Compromiso Social (disidentes correístas de Alianza PAIS, tras la ruptura entre Rafael Correa y Lenín Moreno).
El fantasma de la ingobernabilidad
En días, Ecuador tiene un desafío, el 7 de febrero deberán elegir presidente y a los nuevos miembros de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), que tendrá un rol clave.
Expertos en política internacional pronostican, que el órgano legislativo, de 137 bancas, quedará muy fragmentado, por lo que en el próximo período podrían repetirse problemas de gobernabilidad, como los que en el pasado llevaron a varios presidentes abandonar su cargo en pleno mandato.
Politólogos prevén que el movimiento político de izquierda Revolución Ciudadana, del expresidente Rafael Correa (2007-2017), y sus aliados tendrán la bancada más grande, pero no una mayoría absoluta, por lo que deberán recurrir a alianzas para sacar adelante proyectos.
Alrededor de 16 candidatos presidenciales competirán en las elecciones de febrero, pero según los analistas internacionales, solo tres tienen posibilidades reales de llegar al cargo. Son el ex banquero Guillermo Lasso, del Movimiento CREO (Creando Oportunidades de corte liberal) ;el líder indígena Yaku Pérez, del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (izquierda); el pupilo de Correa, Andrés Arauz, del Centro Democrático que integra el Frente Unión por la Esperanza (izquierda), que engloba a las organizaciones políticas Revolución Ciudadana y Centro Democrático.
'Muerte cruzada'
Lograr alianzas legislativas será más difícil para el “correísmo” si llega a la presidencia, por lo que podría acudir la figura de la 'muerte cruzada'.
La 'muerte cruzada' es una figura jurídica que otorga al Ejecutivo la facultad de disolver el Legislativo en determinados casos, con la obligatoriedad de convocar a nuevas elecciones, tanto presidenciales como parlamentarias, pero el mandatario en funciones puede volver a candidatearse.
Antes del recambio presidencial Ecuador y los EE.UU. firman un tratado comercial
El acuerdo contiene cuatro puntos. Lenín Moreno, se acercó al país del Norte. El acuerdo marca el camino de una relación bilateral más abierta y más ligera de trámites para las exportaciones e importaciones de ambos mercados.
El horizonte comercial dependerá en adelante del Gobierno demócrata de Joe Biden y del mandatario ecuatoriano que salga de las urnas en febrero de 2021. Las bases son: lucha anticorrupción aduanera, beneficios para el comercio de micro, pequeña y mediana empresa, seguridad jurídica para atraer inversión y simplificación de trámites en el intercambio.
Deja fuera temas sensibles como el agrícola, la propiedad intelectual o el caso Chevron.
Lenín Moreno ha ratificado, por su parte, que dejará el cargo el 24 de mayo. El que lo reemplace recibirá un país que no ha corregido los desequilibrios fiscales en los últimos cuatro años.
Otro acuerdo con los EE.UU.
Recientemente, EEUU llegó a un acuerdo con Ecuador por USD 3.500 millones. Ecuador accederá a recursos del Banco de Desarrollo norteamericano para reemplazar parte de su deuda externa a cambio de excluir a los grupos chinos de las redes de telecomunicaciones del país. El acuerdo fue firmado con la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (DFC, por su sigla en inglés).
La deuda del Ecuador con China viene del gobierno de Rafael Correa, cuando dejó de pagar en 2008. Luego, arreglo acuerdos de petróleo por préstamos con China, que todavía está pagando.
Este nuevo acuerdo prevé “La Red Limpia”, iniciativa diseñada para asegurar que las naciones excluyan a los servicios de telecomunicaciones chinos y a los proveedores de equipos mientras construyen sus redes móviles de alta velocidad 5G.
El acuerdo prevé que proyectos sean concesionados a inversores privados en sectores de petróleo, telecomunicaciones e hidroeléctricas para obtener mayores recursos e inyectarlos al sector productivo. Será a 8 años plazo y 2,48% de tasa de interés anual.
La deuda pública de Ecuador se ubicó en unos 60.000 millones de dólares, equivalentes al 62,1% del Producto Interno Bruto (PIB) del país en noviembre del 2020, según datos oficiales.
En síntesis
Para los analistas en política internacional el camino que lleva actualmente Ecuador se proyecta a una dependencia del FMI y con ello a los EE.UU. (acuerdo firmado recientemente con el DFC -sigla en inglés-) en la que accederá a 3.500 millones de dólares, entre otras cuestiones.
Moreno claramente persigue intereses de la Casa Blanca. Para los expertos internacionales, hay fuertes y solidos vínculos del Gobierno ecuatoriano con Washington.
El resultado de la política económica del gobierno de ese país, trajo como consecuencia, restricciones y empobrecimiento del pueblo, cierre de empresas estatales y subidas de impuestos. Las deudas la debe pagar el pueblo.
Además, la economía de este país está en franca declinación y depende fundamentalmente del FMI. Durante las protestas de 2019, originadas por el rechazo de esa medidas económicas restrictivas, murieron cerca de diez personas, hubo heridos y detenidos, que motivó interviniera la CIDH.
Integrantes del gobierno y líderes políticos rechazan a los candidatos del partido Centro Democrático (es parte de la coalición Unión por la Esperanza –UNES-) que lleva como candidatos a presidente a Andrés Arauz y a vicepresidente a Rafael Correa, que presentan condiciones para ganar las elecciones, concluye sosteniendo el informe de los analistas internacionales.
