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Editorial del diario La Nación (jueves 14 de enero de 2021)

Resulta inaceptable que exfuncionarios procesados o condenados por graves delitos contra el Estado se victimicen, esgrimiendo conspiraciones o persecuciones políticas, judiciales y mediáticas, con el propósito de hacerle creer a todo el mundo que son "presos políticos" cuando solo son políticos que deben estar presos.

El relato kirchnerista y el plan tendiente a garantizar la impunidad de la vicepresidenta Cristina Kirchner y de no pocos de los funcionarios que la acompañaron en su gestión presidencial ofrecieron en los últimos días un nuevo y lamentable capítulo, con la solicitada en la que dirigentes de su sector pidieron la libertad de Amado Boudou, condenado a una pena de cinco años y diez meses de prisión por el caso Ciccone.

Con infundados cuestionamientos a la Justicia y a los medios de comunicación, un gran número de dirigentes del kirchnerismo -acompañados por expresidentes de la región como Lula, Dilma Rousseff, Rafael Correa y Fernando Lugo- reclamó la "libertad" del exvicepresidente de la Nación, condenado por apropiarse de las acciones de la empresa Ciccone Calcográfica, dedicada a la fabricación de billetes, tras un largo proceso judicial, iniciado durante la presidencia de Cristina Kirchner, en el que intervinieron 16 diferentes magistrados.

La referida solicitada demanda también una solución para todos los que considera "presos políticos" para que en la Argentina "rija en plenitud la justicia y se respeten los derechos humanos". Se trata de otra falsa categorización dirigida a victimizarse y mostrarse como "perseguidos políticos" ante la imposibilidad de refutar las numerosas pruebas en su contra.

Entre los conceptos de la declaración política que más llaman la atención, los firmantes señalan que "la persecución política contra militantes y dirigentes de la experiencia kirchnerista persiste en la Argentina a pesar del triunfo popular en las últimas elecciones". En otras palabras, esgrimen absurdamente que una buena performance electoral de una coalición política debería borrar los eventuales delitos cometidos por sus integrantes, al tiempo que debería impedir hasta la posibilidad de que el Poder Judicial los investigue por sus presuntos actos de corrupción cometidos en su paso por la función pública.

Este verdadero disparate se asocia con la teoría del lawfare, de acuerdo con la cual los líderes populares son objeto de persecuciones políticas, judiciales y mediáticas en represalia por haber enfrentado con sus políticas al "poder económico". Por supuesto, sus defensores nada podrán argumentar frente a los suficientes y contundentes elementos de prueba que jueces y fiscales han sumado en su contra.

Deben cesar las presiones políticas y los actos extorsivos tendientes a garantizar impunidad a los delincuentes

Asociación ilícita, lavado de dinero, defraudación contra la administración pública, cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, pago de sobreprecios en representación del Estado, instigación a la violencia, extorsión e incumplimiento de los deberes de funcionario público son algunos de los delitos que se le imputan a un buen número de exfuncionarios kirchnerista que, en su defensa, buscan hacerle creer a la ciudadanía que están procesados por sus ideas. La palabra corrupción no existe en su discurso, aunque protagonizó sus actos. En cambio, no dudan en oponerse a la libertad de prensa para imputarles a los periodistas que investigan los presuntos hechos ilícitos del poder político su pertenencia a "grupos de tareas". Una descalificación que bastardea el pasado trágico de la Argentina y que los muestra empuñando la bandera de falsos derechos humanos y de un progresismo disfrazado como un manto para cubrirse de impunidad.

Es necesario terminar con el falaz relato según el cual las denuncias por corrupción sobre las que deben responder ante la Justicia son una represalia por los fuertes intereses que ellos habrían afectado y no la consecuencia del sistemático y descarado robo de las arcas del Estado.

Es indispensable también que se ponga fin a la presión política en favor de indultos, como los que ha reclamado el exjuez Eugenio Raúl Zaffaroni, o de otras "soluciones políticas" a la situación judicial de los distintos imputados por corrupción. Entre esas alternativas, se viene hablando de la posibilidad de una ley de amnistía, que sería lo más parecido a la recordada "autoamnistía" que el presidente de facto Reynaldo Bignone dictó en septiembre de 1983, poco antes del retorno a la democracia, para evitar los juicios por violaciones a los derechos humanos por parte tanto de los jerarcas del régimen militar como de funcionarios del gobierno peronista iniciado en mayo de 1973.

Como han sostenido prestigiosos constitucionalistas, como Daniel Sabsay, y reconocidos dirigentes, como Elisa Carrió, existe hoy en la Argentina suficiente jurisprudencia según la cual los delitos de corrupción son considerados imprescriptibles, inindultables e inamnistiables, al tiempo que el artículo 36 de la Constitución nacional los asimila a la traición a la patria y a los delitos contra el sistema democrático.

Es menester por todo esto que se deje actuar a la Justicia con absoluta independencia, sin insistir con reformas que acomoden el sistema a las necesidades de los procesados, y que cesen las presiones políticas y los actos extorsivos tendientes a garantizar impunidad a los delincuentes.

 

 

 

 


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