La Universidad de Buenos Aires prohibió cursar estudios en el programa carcelario del programa UBA XXII a encarcelados por su actuación en la guerra antisubversiva, incluso si no tienen condena, informó oficialmente esa casa de altos estudios a través de un despacho noticioso de la agencia oficial Télam.

Télam dijo que “la resolución fue tomada por el órgano académico integrado por el rector de la UBA, Rubén Hallú, los decanos de las facultades, y cinco representantes de los claustros de profesores, graduados y estudiantes”.

"Esta es una clara expresión política de la Universidad de Buenos Aires", expresó Hallú a Télam durante la sesión realizada en el rectorado en la que el Consejo Superior, tras el dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento que elaboró el proyecto de resolución.

“La resolución del Consejo Superior fue dispuesta tras los pedidos efectuados por represores que cumplen condena por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar, entre ellos, Adolfo Donda- condenado a prisión perpetua-, Carlos Jurio y Oscar Rolón”, dijo la agencia oficial de noticias. 

Hasta ahora las penurias eran para los retirados quienes, al dejar el servicio activo y en particular aquéllos que no habían promovido medidas cautelares, pasaban a cobrar la tercera parte de sus pares en actividad.

Pero todo parece haberse revertido drásticamente tras el decreto presidencial que blanquea los haberes, formalizando las nuevas escalas a partir del primero de agosto. Los nuevos valores, sujetos ahora a la implacable guadaña impositiva, hacen que en no pocos casos, en particular en los mandos superiores, se llegue a la amarga conclusión de que el remedio prometido desde la Casa Rosada termina siendo peor que la enfermedad.

Con disímiles interpretaciones –en función de las fuentes a las que recurrieron- los dos grandes diarios nacionales, Clarín y La Nación, dan cuenta el sábado (04 agos 2012) del decreto presidencial que “blanquea” los haberes militares.

La Nación, con más cautela que su colega, advierte, citando una autoridad militar a la que no identifica que “aún es prematuro saber como esto impactará en los sueldos”, toda vez que se trata, específicalmente, de un “blanqueo” con el implícito objetivo de procurar cortar de raiz el alud de reclamos judiciales por el pago no remunerativo de sumas en negro.

Más optimista Clarín, también basando su información en otra “fuente” militar, da cuenta que el anuncio de la Presidenta “fue bien recibido” ya que, sostiene, significa un aumento del 140% sobre los haberes. Semejante apreciación, sin aclarar si tal incremento se toma sobre los paupérrimos básicos históricos, puede aventurar –en los medios de prensa menos prevenidos o en los más intencionados- que los militares han arrancado un aumento que los coloca en los sectores privilegiados de la pirámide salarial estatal.