República Argentina: 6:57:12am

Nacional

El candidato a presidente por el Frente Popular, Eduardo Duhalde, presentó una denuncia penal que quedó radicada en el Juzgado Federal Nº 4, a cargo de Ariel Lijo, contra Hebe de Bonafini por la "presunta comisión de los delitos de intimidación pública y de atentar contra el orden público", según lo informó el diario Infobae.com.

El diario dijo que  el abogado a cargo de la presentación, Osvaldo Enrique Lorenzo, explicó que, de prosperar la presentación, Bonafini podría enfrentar una condena de entre tres y seis años de cárcel.

Antes, sin embargo, el magistrado deberá girarla al fiscal, quien aún no tomó intervención en el caso, para que decida "si pide requisitoria". Esto debería ser definido en un plazo de entre "cinco y diez días", añadió el letrado según Infobae.

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 Un nuevo y amplio planteo sobre la inconstitucionalidad de calificar como delitos de "lesa humanidad" a las acciones libradas durante la guerra antisubversiva de los 70, fue hecho este martes (11-10-2011) por el editor Nicolás Márquez, director del diario digital especializado La Prensa Popular.

  El detallado trabajo del periodista se produce a menos de 60 días de que comience a efectivarse en Uruguay, y por decisión de la Corte Suprema del vecino país, la calificación de prescriptibilidad sobre los hechos cometidos en ese pais por idénticos motivos. Para los juristas uruguayos, tales acciones no pueden ser encuadradas en la tipificación de "lesa humanidad", (Agravio a la Humanidad) como lo sostienen sus pares argentinos, luego de que el extinto presidente Nestor Kirchner modificara a su voluntad la conformación de la mayoría de los integrantes del más alto tribunal de la Nación.

El texto del artículo de referencia es el siguiente:

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El juez federal de Rosario, Marcelo Martín Bailaque, admitió en las últimas horas una solicitud de familiares de policías muertos durante un atentado terrorista perpetrado por la organización guerrillera Montoneros, el 12 de septiembre de 1976, en lo que de hecho implica negar la prescripción de ese episodio y abre las puertas a un nuevo y largo camino judicial que puede terminar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El magistrado, a cargo del juzgado federal número 4, secretaría número 1 del doctor Gonzalo López Quintana, consideró procedente la presentación de la familia de uno de los nueve policías asesinados en ese ataque, Domingo H. Alfonso. En la acción también perecieron dos civiles.

La querella consideró como imprescriptible ese criminal atentado y pidió que, por sus brutales características se lo encuadre como un delito de "lesa humanidad" (agravio a la humanidad). El 12 de septiembre de 1976 Montoneros hizo estallar un coche bomba al paso de un el colectivo policial, cuando éste regresaba de la cancha de Rosario Central transportando a personal que había prestado servicio de seguridad en un partido de fútbol.

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El “Museo de la Memoria” que recuerda en la Costanera Norte metropolitana  a las víctimas del “Terrorismo de Estado”, no sólo alberga irregularmente nombres de guerrilleros abatidos en combates legales con fuerzas constitucionales, sino que incluye, además, las identidades de varios soldados conscriptos muertos por terroristas montoneros, y por cuya presentación fraudulenta, se percibieron subsidios por cerca de un cuarto de millón de dólares cada uno.  Sin embargo, sus verdaderas familias, que viven en la extrema pobreza, jamás vieron un centavo.

Así se desprende de las declaraciones hechas por el ex soldado conscripto Rogelio Mazacotte, uno de los defensores el 5 de octubre de 1975 del Regimiento de Infantería de Monte de Formosa. Según lo consigna el diario La Nación, Mazacotte denunció que el mural de ese predio, pudo ver los nombres de sus compañeros soldados, José Mercedes Coronel y Dante Saavedra.

De acuerdo a La Nación, “el mismo mural rinde homenaje a siete montoneros muertos durante el ataque al cuartel, cuando gobernaba la presidenta María Estela Martínez de Perón. Son ellos Reinaldo Ramón Brigiler, José Daniel Graziano, Juan Hernández, Jorge Alberto Livieres, Luis Carlos Morero, Oscar Ramón Boero y Alfredo R. Velázquez, cuyos familiares, según consta en expedientes judiciales, cobraron indemnizaciones de US$ 224.000 (el caso de Boero está en trámite)”.

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Con la denuncia en su primera plana acerca de que quienes han ganado juicios al Estado se encuentran con que ahora cobran la mitad de lo que percibían antes de iniciar los reclamos, acaba de aparecer la edición 252 de TIEMPO MILITAR correspondiente a Octubre de 2011 que ya se encuentra en los quioscos de las principales ciudades del país  .

También en primera plana, y en un hecho sin precedentes en la historia judicial, también se denuncia la “presión oficial a jueces para que aceleren causas por Derechos Humanos”, tarea conferida a una denominada Comisión Interpoderes (organismo que nuclear a todos los poderes del Estado) la que, a través de una comunicación, exhortó a los magistrados  que “encuentren soluciones” para agilizar los trámites así como también el “inicio de los juicios orales y públicos que aún no tienen fecha de debate” y procurando incluir en ellos “la mayor cantidad de casos posibles”.

Leer más:Se encuentra en todo el país un nuevo número (el 252) de la edición mensual impresa de TIEMPO...

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