Con las primeras notificaciones, comenzó a implementarse en la última semana de diciembre la aplicación del decreto 1382/12 del Poder Ejecutivo que contempla desalojar de viviendas propiedad de las FF.AA. y de SS a sus actuales ocupantes –en primera instancia personal retirado que regularmente las alquilaba a cada guarnición-  para que sean utilizadas por beneficiarios civiles de planes sociales en función de las necesidades políticas y electorales del Gobierno.
TIEMPO MILITAR pudo constatar el caso de un suboficial principal retirado del Ejército que reside desde hace varios años en un barrio militar de Olavarría.
“La ultima semana de diciembre me llego una nota de la unidad a la cual le alquilo que no me renuevan el contrato de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº1382/12 publicado en Boletín Oficial Nº 32458 del 13 Ago2012”, dijo el afectado cuya identidad, debidamente constatada por nuestra publicación, es mantenida en reserva.
El suboficial señalo que ninguna autoridad le pudo informar las razones de tal medida, señalado que sólo se limitaban a obedecer una orden del Comando de Brigada transmitida por Mensaje Militar Conjunto (MMC).

Pese a haber firmado el decreto que ordenó a las Fuerzas Armadas intervenir en la lucha armada contra la guerrilla en el marco del Operativo Independencia, la justicia federal de Tucumán mantuvo su postura inicial de dejar fuera de cualquier medida judicial a la ex presidente María Estela Martínez de Perón, informó el diario La Gaceta, de Tucumán.

Por el contrario, el juez federal N° 1, Daniel Bejas, dispuso el procesamiento y prisión preventiva de medio centenar de personas, entre civiles y militares, en función del operativo militar que se desarrolló a partir de 1975 en Tucumán. En el proceso se investigaron 269 casos, en los que se describen las denuncias de vejaciones formuladas por quienes aseguraron ser víctimas de esos procedimientos.

Entre los aspectos más relevantes del expediente, el magistrado no hizo lugar a la citación para que preste declaración indagatoria de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, pero sí dispuso el procesamiento con prisión preventiva del ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, de Carlos Idelfonso Delia Larocca, de Mario Benjamín Menéndez, de Jorge Omar Lazarte, de Roberto Heriberto Albornoz, de Ernesto Nicolás Chávez, de Jorge Gerónimo Capitán, de Alfredo Alberto Svendsen, de Ricardo Oscar Sánchez, de Luis Armando de Cándido, de Ramón César Jodar, de Miguel Angel Moreno, de José Luis del Valle Figueroa, de Pedro Roberto Rojas, de Pedro Adolfo López y de Enrique José del Pino. Dispuso el levantamiento de la detención domiciliaria dispuestas respecto de Luis Rolando Ocaranza, Walter Edgardo Saborido, José María Menéndez y Miguel Angel Carrasco.

Con un análisis crítico de la intención de cortar de un plumazo las medidas cautelares y exigir el reintegro de lo abonado, aún a costa de embargar bienes de los beneficiarios, ganó la calle el jueves (03 enero 2012) la edición impresa 267 de TIEMPO MILITAR que comenzó a distribuirse en los quioscos de todo el país.
También se informa pormenorizadamente sobre el alud de nuevas demandas judiciales que desató la aplicación del decreto 1305/12. En esta nueva edición se brindan pormenorizados detalles de cómo fueron algunas presentaciones en función de los cálculos efectuados por los letrados de los afectados.
El contenido de la edición impresa 267 abarca también otros tópicos entre los que sobresale la intención del Gobierno de recibir con bombos y platillos a la Fragata Libertad, en un giro de 180 grados cuando antes la propia Presidenta de la Nación había manifestado su voluntad de prescindir de ella. Igualmente se da cuenta de cómo funcionarios de carrera de la Cancillería, incluso uno de ellos raleado de las propias filas de la Casa Rosada fueron los verdaderos arquitectos de la liberación del navío.

La confirmación de que el Gobierno británico evaluó hipotéticamente en su momento bombardear objetivos militares en el territorio continental argentino, durante la guerra de Malvinas, puede servir de ayuda al secular reclamo de veteranos no movilizados al archipiélago pero que exigen ser considerados con un estatus similar a los de quienes combatieron en las islas.
Todo este es consecuencia de la información producida en las últimas horas por Londres, que revela que el gobierno británico acaba de desclasificar una serie de documentos que permanecían secretos sobre la guerra de Malvinas, más de 30 años después de que concluyera ese conflicto bélico. Por lo menos tres de esos documentos, según consignó el diario londinense  Financial Times – reproducidos por el diario Clarín., se refieren a eventuales ataques a la Argentina continental.
El primero de ellos revela que John Coles, secretario privado de Thatcher, le pidió a la Cancillería que buscara información de inteligencia e indagara qué reacciones provocaría Gran Bretaña si tomaba "pasos nuevos y dramáticos" como un bombardeo a la Argentina continental, aunque aclaraba también que la primera ministra no estaba pensando en eso.