La Unión de Promociones (UP) informó el jueves (08 agosto 2013) sobre el fallecimiento, en prisión del coronel (r) Miguel Antonio Villegas. Su deceso eleva a 210 el número de integrantes de las Fuerzas Armadas, Seguridad, Policiales y Penitenciarias, muertos en esa condición.

El comunicado de la entidad, expresa:

La Unión de Promociones expresa su más profundo pesar, con motivo del fallecimiento el día Miércoles 07 Ago 13, del Coronel (R) Miguel Antonio VILLEGAS (Infantería - Promoción 91 del CMN), Preso Político en cautiverio.

Con él, son ya 210 (doscientos diez) los Camaradas fallecidos, pertenecientes a todas las Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policiales y Penitenciarias; en el marco de este proceso de persecución, teñido de incontables irregularidades jurídicas y sistemática venganza. 

La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia deploró la “arbitraria resolución” del ministerio de Defensa de privar de atención médica en los hospitales militares a quienes están condenados o procesados por su accionar en la lucha antisubversiva y advirtió que “cientos de hombres perseguidos políticamente están siendo condenados a una muerte lenta bajo la indiferencia del país, pese al alerta de unos pocos”
El comunicado, que lleva la firma del presidente de la entidad, Alberto Solanet y su secretario Mariano Gradín, expresa:
“El Ministerio de Defensa ha dictado una arbitraria resolución, prohibiendo que en hospitales militares o unidades de salud dependientes de las Fuerzas Armadas sean internados o asistidos ambulatoriamente los detenidos con condena o procesamiento por delitos de lesa humanidad. Ha ordenado así, a los Estados Mayores de las tres fuerzas, el estricto cumplimiento de esta desmesura. Asimismo, se ha creado una “Comisión de Asesoramiento Médico” con representantes de los Ministerios de Justicia, de Salud y de Defensa, que  en treinta días debe determinar el alta de los actuales pacientes o su traslado.

1.    Resolución del Ministerio de Defensa Nro 85/2013

Esta Asociación considera que la prohibición a los Hospitales Militares y otras dependencias de la Sanidad Militar de brindar asistencia ambulatoria o de internación a personas procesadas o condenadas por la presunta comisión de los delitos llamados de “lesa humanidad”, vulnera derechos esenciales de esas personas y se funda en premisas erróneas y argumentos inconsistentes, constituyendo un acto ilegal que atenta contra la Constitución Nacional, la Convención Interamericana de DDHH y tratados internacionales.

Para mayor ilustración, se puede consultar el texto de la Res. 85/2013 y la Acción de Amparo promovida por un abogado defensor, a cuyos conceptos adherimos.

El ministro de Defensa Agustín Rossi ordenó “prohibir el alojamiento y la atención ambulatoria en hospitales militares de quienes se encuentran procesados con prisión preventiva o condenados penalmente” por su actuación en la lucha antisubversiva. La medida, que en algunos casos desde hacía tiempo atrás ya se ponía en práctica, fue acompañada por el descabezamiento de toda la cúpula del Hospital Militar Central, según se informó oficialmente en la noche del viernes (26 jul 2013)
De acuerdo al comunicado oficial, y como consecuencia de la fuga del ex mayor Jorge Olivera y el ex teniente primero Gustavo De Marchi, los militares desplazados son: Marcelo Carlos Gutiérrez (Director General de Salud); Carlos Alberto Ramos (Jefe de Dpto. Técnico de la Dirección General de Salud); Eduardo Jacinto Alemanzor (Jefe de Dpto. Operativo de la Dirección General de Salud); Juan Carlos Adjigogovic (Director General del Hospital Militar Central); Francisco José Gambino (Director Asistencial del Hospital Militar Central); Pedro Gerardo Osores (Director Operativo del Hospital Militar Central), y Eduardo Oscar Suárez (Encargado de oficina de Ayuda Humanitaria del Hospital Militar Central).