República Argentina: 10:00:37pm

Nacional

Un informe del Departamento de Estadodivulgado por la corresponsal en Washington del diario La Nación, de Buenos Aires, Silvia Pisani, sugiere que para los Estados Unidos la Argentina, en el plano militar, dejó de ser un aliado estratégico.

La corresponsal, de buena llegada a las fuentes del Departamento de Estado, estima que el detonante de una larga cadena de desinteligencias se dio precisamente en el caso del avión estadounidense interdicto en Ezeiza y su carga –destinada al adiestramiento de policías federales- secuestrada por la Aduana. Un hecho a todas luces atípico y publicitado por el gobierno nacional.

El artículo en cuestión, publicado este miércoles (27 julio 2011) por el mencionado rotativo, expresa:

“Un infolrme del Departamento de Estado parece reflejar el enfriamiento de la relación con la Argentina después del llamado "incidente del avión", por el que nuestro país decidió incautar material militar norteamericano llegado al aeropuerto de Ezeiza en febrero último para instruir al personal de la Policía Federal.

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El Ministerio de Seguridad eliminó el requisito administrativa para contraer matrimonio en el ámbito de la Policía Federal y en la Prefectura Naval Argentina, por La Resolución N° 548/2011, publicada este viernes (22 jun 2011)  en el Boletín Oficial, que lleva lleva la firma de la ministra Nilda Garré. La restricción ya no regía para Gendarmería.

Además instruye tanto al Jefe de la Policía Federal, como al Prefecto Nacional de la Prefectura Naval para que en el plazo de 30 días corridos, informen sobre el cumplimiento de la medida dispuesta.

En los fundamentos expresa que la obligación que pesa sobre parte del personal de las fuerzas policiales y de seguridad de solicitar la venia matrimonial implica una restricción que altera el ejercicio de un derecho reconocido en los diversos instrumentos internacionales de derechos.

Agrega que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reafirmado que el Estado tiene el deber “de tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la Convención reconoce”.

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