El diario El País, de Montevideo ofreció a sus lectores la siguiente secuencia del episodio que conmovió a los sectores políticos de la sociedad uruguaya.

FEBRERO. A comienzos del mes, un militante del MLN (cuya identidad no ha trascendido) muestra al presidente José Mujica imágenes en internet de un grupo de presuntos militares que dan a conocer una proclama en la que amenazan al Poder Judicial y anuncian la inminente liberación de los presos de la cárcel de Domingo Arena. Se maneja que el encargado de informar al presidente fue Carlos Haller, jefe de su custodia personal.

10 DE MARZO. El semanario Búsqueda informa de la existencia de un video con amenazas de presuntos militares y publica la transcripción de la proclama. Describe con cierto detalle imágenes de tres "uniformados", un "sable", un "atril" y una "bandera" componiendo la escenografía, y agrega que los líderes políticos, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y las jerarquías de las Fuerzas Armadas fueron notificados del hecho.

11 DE MARZO. El ministro de Defensa, Luis Rosadilla, afirma que no vio el video. El comandante del Ejército, Jorge Rosales, confirma a su entorno, desde la Antártida, que tampoco accedió al video. Los líderes de los partidos políticos, a los que fue remitido por el ministro de Defensa un documento con la transcripción de las presuntas "amenazas militares", también dicen desconocer la existencia de un video.

12 DE MARZO. El director de Inteligencia policial, José Colman, dijo a El País que el juzgado de crimen organizado a cargo del juez Jorge Díaz y la fiscal Mónica Ferrero le ordenó comenzar una serie de diligencias con el propósito de aclarar las amenazas al Poder Judicial presuntamente surgidas de un video. Colman afirma que él no ha tenido acceso al video, ni tampoco la Justicia.

13 DE MARZO. En vuelo a San Pablo, con una comitiva de empresarios, el presidente Mujica le dice al periodista Mariano López que él vio el video. "Sí, vi el video pero es lo único que diré al respecto", dijo a Canal 12.

15 DE MARZO. Se manejan distintas versiones sobre el origen del video. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, aseveró que creía que el video no existía, hasta que Mujica confirmó su existencia. El juez del crimen organizado, Jorge Díaz, analiza pedirle una copia del video al presidente José Mujica.

16 DE MARZO. En conferencia de prensa con la presencia del subsecretario de Defensa para el Hemisferio Occidental, Frank Mora, el ministro Rosadilla anuncia que en la comisión del Senado dirá todo lo que sabe del tema. El mismo día, se hace público un comunicado de siete de los militares recluidos en la cárcel de Domingo Arena, en el que rechazan tajantemente la posibilidad de ser liberados mediante acciones "ilegítimas" y "ajenas al sentido común", como las que se anuncian en el supuesto video.

17 DE MARZO. Los mandos del Ejército y la Fuerza Aérea hacen saber sus dudas sobre la existencia del video. De la misma forma se pronuncian varios jerarcas de la Suprema Corte. El vicepresidente Danilo Astori confirma que tampoco vio el video.

21 DE MARZO. El ministro de Defensa, Luis Rosadilla, comparece ante una comisión parlamentaria, pero no trae consigo una copia del video (como se le había solicitado). Explica: "Sé que el Presidente lo vio, pero no sé dónde está ni quién lo tiene". Se anuncia que el juez especializado en crimen organizado, Jorge Díaz, y la fiscal Mónica Ferrero, interrogarán por exhorto al presidente sobre el video.

22 DE MARZO. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, informa que el presidente tiene resuelto responder al exhorto. La oposición evalúa interpelar a Bonomi y Rosadilla.

23 DE MARZO. El presidente admite a ministros que no fue un video lo que vio, sino imágenes en internet, subtituladas.

El magistrado español denunció al máximo tribunal de su país por vulnerar sus derechos en la causa abierta en su contra por declararse competente para investigar crímenes de la guerra civil y el franquismo. El juez, suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional, fue acusado por el Supremo de presunto delito de prevaricato.

En la demanda, Garzón alegó que con este procedimiento se “ataca a la independencia de los jueces, a la libertad de interpretación de la ley y al Estado de Derecho, al dejar indefensas a las víctimas", informó hoy INTERIGHTS, la organización con base el Londres y especialista en derechos humanos que lo representa.

El juez, quien actualmente está suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional y es consultor de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), fue acusado por el Supremo de un presunto delito de prevaricato por haberse declarado competente en 2008 para investigar los crímenes cometidos durante la guerra civil (1936-1939) y la posterior dictadura franquista.

Según un comunicado de INTERIGHTS, la demanda de Garzón fue presentada el jueves ante el TEDH con el fin de “reivindicar el derecho del juez Garzón a desempeñar sus obligaciones sin miedo a la persecución judicial”.

Además, el caso penal abierto contra el magistrado por prevaricato “viola varias obligaciones españolas según el Convenio Europeo de Derechos Humanos”.

"En concreto, el caso pone de manifiesto las violaciones de la obligación de no someter a los individuos a procesos penales injustos `per se`, de someter a personas a procesos sólo sobre la base de normas penales claras y estrictamente aplicadas y de respetar la vida personal y el desarrollo profesional de los individuos y sus derechos a expresar opiniones judiciales", indican.

En ese sentido, subrayaron que "la normativa internacional en materia de independencia judicial impide el enjuiciamiento de los jueces por sus decisiones judiciales a fin de preservar su independencia".

Otro de los argumentos de la demanda es que "la opinión de que las amnistías y la prescripción no se aplican a delitos graves en virtud del derecho internacional, incluidos los crímenes contra la humanidad, cuenta con un apoyo generalizado en todo el Derecho y la práctica internacionales".

Garzón tiene abiertas otras dos causas en el Supremo, una de las investigaciones es por el financiamiento que recibió para unos cursos que impartió en Nueva York y otra por haber las escuchas a implicados en el caso Gürtel, la trama de corrupción que salpica al conservador Partido Popular (PP). (TELAM)

El presidente José Mujica estimó que las amenazas realizadas por "presuntos militares" que anunciaron acciones directas para liberar a los reclusos de Domingo Arena, constituyeron un intento de amedrentarlo. Criticó a la oposición porque no debería "contribuir a crear un clima que perjudique la investigación de las advertencias. Mujica se refirió ayer a las amenazas a jueces y fiscales provenientes de un grupo de supuestos militares que además anunciaron acciones para liberar a los reclusos de Domingo Arena responsables de cometer violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Las expresiones del mandatario fueron realizadas en su audición semanal de emisora M-24, sin embargo no se refirió a la existencia del supuesto video o imágenes.

El mandatario dijo que hace ya "muchas semanas" recibió la información de "amenazas hechas por presuntos militares anunciando eventuales acciones".

 "Cuando recibí esa información, lo primero que hice fue callarme y promover una investigación a cargo de la Policía para tratar de tener más elementos, porque recibimos una alarma", detalló. En materia de "suposiciones" podría llegar a pensarse en "cualquier cosa, es decir, desde un chiste de mal gusto, hasta una contra maniobra de inteligencia".

Pero aseguró que ahora piensa, aunque puede equivocarse, "que el verdadero intento era amedrentar al Presidente".

Por ello, lo primero fue "investigar en silencio y no generar alarma porque era la manera de facilitar la investigación".

Informó "de lo central" de las advertencias al presidente de la Suprema Corte de Justicia y a los cuatro líderes de los partidos políticos.

Comentó que a pesar de todas las dudas que tenía y aún tiene sobre los hechos, "si algo llegaba a estallar, entonces el Ejecutivo debía responder en forma dura y fulminante, y en ese caso la opinión de algunos ciudadanos advertidos podía ayudar a que, en un clima de conmoción, la ciudadanía se ubicara". Luego de transcurridas unas dos semanas de las advertencias, si el gobierno no hubiera informado a los líderes políticos y al presidente de la SCJ "nadie hablaría hoy del asunto", consideró.

"Cuando salió la nota de "Búsqueda" se encendieron los motores y las especulaciones y muchos personajes de la política se sintieron en la imperiosa necesidad de hablar y opinar", cuestionó el mandatario.

Expresó sorpresa por la actitud que tuvieron los líderes opositores, porque aseguró que "algunos de ellos cuando necesitaron" lo llamaron por teléfono. Añadió que tuvo una "relación de enorme respeto y consideración con la oposición".

"Cometimos el error, si se quiere, de buena fe, de informar. Lo que no podíamos saber es que la oposición había decidido hacernos la guerra. Lo menos que se debe hacer es contribuir a crear un clima que perjudique cualquier investigación", planteó.

Criticó que "hay que hacer oposición y pegarle al Presidente por las dudas, entonces cualquier monedita sirve".

"No, estamos discutiendo si hay un video o no. Hemos tenido una conducta de consideración y respeto hacia la oposición, se podía haber elevado un poco más la categoría del debate", puntualizó. Se refirió a "gente que hasta ayer presentaba fotos sobre el caso de Berríos en Italia (haciendo referencia al químico chileno Eugenio Berríos) cuando le habían cortado la cabeza y lo habían enterrado en un arenal en Uruguay", en alusión al ex canciller Sergio Abreu, hoy senador.

REACCIONES

Doloridos en su mayoría. Molestos por unanimidad. Así quedó la oposición ayer a partir de las 10.30 horas, cuando terminó el espacio radial del presidente José Mujica, quien lo dedicó a exponer su posición sobre el suceso provocado por imágenes de determinados individuos que pretendieron "amedrentar" a la figura presidencial, según sostuvo el propio Mujica, el único uruguayo que tuvo contacto con ese audiovisual y pudo contarlo públicamente. Salvo el Partido Independiente, que llamó a conferencia de prensa para dar a conocer su opinión por las manifestaciones del Presidente, señalando que éste fue "injusto" y "se equivocó", el resto de los dirigentes opositores se hizo escuchar por las vías de comunicación que entendió más efectivas. A través de Twitter, el senador Pedro Bordaberry (PC) escribió: "No existe el video, Mujica vio las imágenes en un sitio de Internet. Triste todo esto". Y en diálogo con este diario, el senador Tabaré Viera (PC) anunció que la semana próxima habrá una sesión extraordinaria del Senado para proponer el llamado a sala de los ministros Luis Rosadilla y Eduardo Bonomi por este caso. Viera criticó la vía (la radio) por la que el Presidente dio su posición. "Hay canales institucionales que deben cumplirse". Entiende que desde ayer a las 10.30 horas "estamos peor", que no le plantearon la guerra al gobierno y recordó que el ministro de Defensa, cuando concurrió al Parlamento, reconoció el papel de la oposición en todo este suceso. El senador Jorge Larrañaga (PN) cree que la relación con el gobierno no tiene por qué cambiar. "Fue el propio Mujica que se pegó un martillazo en el dedo y no arregla nada largándole improperios al martillo", dijo el legislador, que además se molestó porque el Presidente generalizó a toda la oposición en un supuesto mal manejo de la situación. "Hay que separar bagres de tarariras. Si algo hicimos nosotros y con costo político, fue ayudar al gobierno con propuestas", recordó Larrañaga ante este diario. Eleuterio Fernández Huidobro (CAP-L) aseguró a LA REPUBLICA que "blancos y colorados no tienen de qué oponerse porque todo anda bien". Entiende que "los que hicieron este video deben estar matándose de risa por todo el circo que provocaron. ¿La interpelación? La interpelación va a ser aburridísima", vaticinó sobre el inminente llamado a sala de los titulares de Defensa e Interior.

Un nuevo informe de analistas internacionales en defensa y armamento da cuenta que   Rusia intensificó sus objetivos de establecer acuerdos de cooperación técnico-militar con países de América Latina, aprovechando que, después de Estados Unidos,  ocupa el segundo puesto en el listado mundial de proveedores de armamento.