República Argentina: 7:33:21am

Fuentes castrenses atribuyeron algunas de las exclusiones a la reaparición de la política de “castigos por portación de apellido”, al postergar al general de brigada Sergio Javier Pucheta, actual comandante de Adiestramiento y Alistamiento del Ejército, y al coronel Roberto Casares, titular de la División de Ejército 2, que tienen vínculos de sangre con militares que tuvieron actuación en los años de la dictadura militar.

Por otro lado, la Comisión de Acuerdos, que preside la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, incluyó en las listas de ascensos a oficiales que no habían superado el filtro de la Junta de Calificaciones y que tienen llegada al kirchnerismo. Es el caso del teniente coronel Agustín Marcelo Rodríguez, quien fue jefe de la Casa Militar durante la presidencia de Cristina Kirchner y destinado luego a la Casa de Moneda. Además, está involucrado en causas judiciales por presunto manejo irregular de fondos.

También fueron incorporados por fuera de los méritos avalados por las calificaciones de la fuerza los coroneles José María Martínez Rodríguez y Gustavo Rubén Fernández, ambos de la especialidad de Intendencia, y Oscar Roberto Armanelli, exdirector de la Escuela Superior de Guerra y actual decano de la Facultad del Ejército, los tres propuestos para acceder al grado de general. En el caso de Armanelli se atribuye su inclusión a la buena relación que mantiene con el exministro de Defensa y actual jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi.

 

La decisión del Senado coincidió con la cena de camaradería que el presidente Alberto Fernández compartió con las Fuerzas Armadas. Allí el mandatario anunció una progresiva equiparación y jerarquización salarial de los militares, con las fuerzas de seguridad.

El caso más llamativo de las exclusiones de las listas es el de Pucheta, que ya es general de brigada y era propuesto para ascender a general de división. Hoy es el número tres del Ejército en la cadena de mandos, tiene a su cargo todo el comando de operaciones y es la mano derecha del jefe de la fuerza, general Guillermo Olegario Pereda. Pertenece a una familia de fuerte arraigo en el Ejército. Su padre fue general y tiene dos hermanos militares retirados.

El coronel Casares, inicialmente propuesto para ascender a general de división, es oficial de Caballería y conduce la División 2 del Ejército, con sede en Córdoba. Su padre está actualmente detenido en una causa de derechos humanos y ese habría sido el motivo por el cual fue marginado de la promoción al grado inmediato superior.

Los retiros obligatorios por “portación de apellido” fueron una modalidad aplicada durante la gestión de Nilda Garré en el Ministerio de Defensa, entre 2005 y 2010, cuando el avance de los pliegos quedaba supeditada al aval de las organizaciones de derechos humanos. En aquel momento se les cortó la carrera a numerosos oficiales superiores de las tres fuerzas por tener entre sus antecedentes familiares a militares que habían participado en las Fuerzas Armadas en el período de la dictadura militar. Varios de ellos recurrieron a la Justicia y, años después, sus ascensos fueron reconocidos, aunque ya estaban retirados.

Armada y Fuerza Aérea

Aunque no se informaron los motivos, también fueron marginados de sus ascensos los tenientes coroneles Guillermo Darío Gomar, María Alejandra Freytes y Andrea Cristina De Marco.

En la Armada causó sorpresa la exclusión del contralmirante Pablo Luis Fal, actual director general de Personal y Bienestar de la fuerza, que estaba en condiciones de pasar a ser vicealmirante. Del mismo modo, el Senado negó el acuerdo para la promoción de los capitanes de navío Juan Alberto Mercatelli y Oscar Perata, según explicaron a LA NACION fuentes legislativas, aunque sectores navales ponían en duda que finalmente se hubiera excluido a este último.

A ellos se suman el vicecomodoro Gustavo Daniel Otero y el médico Rubén Daniel Algieri en la Fuerza Aérea, aunque no se explicaron los motivos de sus exclusiones de los ascensos. Trascendió que en el caso de Otero se habría objetado uno de sus destinos profesionales, en la Brigada Aérea de Morón, históricamente identificada con el funcionamiento de un centro clandestino de detención durante la dictadura militar. Pero su participación en esa unidad fue muchos años después, en democracia.

Mariano De Vedia

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