El Ejecutivo propone los candidatos, cuya designación, para
hacerse efectiva, requiere de la aprobación de una mayoría
calificada de dos tercios de los senadores presentes. En el
caso del Poder Judicial, la selección está predeterminada
por el Consejo de la Magistratura, creado por la reforma
constitucional de 1994, que a su vez propone los candidatos
al Ejecutivo.
En el caso de los diplomáticos y los militares, la propuesta
procede de las juntas de calificaciones de los respectivos
ministerios. Pero no tienen el nivel institucional de los
jueces en cuanto a la obligatoriedad para el Ejecutivo.
Lamentablemente, la injerencia del Ejecutivo en los
ascensos diplomáticos se ha ido extendiendo al tiempo que
demasiados nombramientos políticos desplazaron a
calificados profesionales de carrera.
En el caso de las Fuerzas Armadas, durante la gestión de
Nilda Garré, se llegó al punto máximo de esta injerencia.
Hubo años en los cuales, sobre diez coroneles propuestos
para ascender, la mitad procedía de la Junta de
Calificaciones y la otra era a elección del Ministerio de
Defensa, sin pasar por ella. El efecto de esta situación se
torna inevitable: lamentablemente, a la hora de ascender,
los contactos políticos pasan a ser más relevantes que los
méritos profesionales y de ello deriva la ineludible
politización que acertadamente se quiere impedir en las
Fuerzas Armadas.
Hacia el final del segundo mandato de Cristina Kirchner,
esta práctica comenzó a ser erradicada, también lo fue
durante el gobierno de Cambiemos y continuó en los dos
primeros años del actual. Pero este año parece haberse
retomado la vieja, ideologizada y desaconsejada senda.
A los dos generales de Brigada propuestos para ascender a
general de División en el Ejército y a los ocho coroneles
propuestos para general de Brigada, el Poder Ejecutivo
agregaría cuatro más: un coronel de Caballería, dos
coroneles de Intendencia –hoy es considerada un arma más
y, por ende, podrían acceder a la Jefatura de la fuerza– y un
teniente coronel que, por sus contactos políticos, está a
cargo de la seguridad de la Casa de Moneda.
No es el caso abrir juicio sobre los antecedentes de las
personas, sino puntualizar que apartarse de la costumbre
que se había corregido deteriora la profesionalización
militar y, quiérase o no, induce a la politización como medio
para acceder al grado superior. Es de notar que el acuerdo
del Senado se limita a los oficiales superiores, es decir, a los
ascensos para generales y coroneles.
A su vez, la situación alienta las llamadas “internas” dentro
de las Fuerzas, e incluso las promueve dentro de las Armas.
El Poder Ejecutivo está a tiempo de evitar que sea
reimplantada una nefasta práctica fundada en razones
ideológicas y que bien se venía corrigiendo
