República Argentina: 6:26:37am

El Ejecutivo propone los candidatos, cuya designación, para

hacerse efectiva, requiere de la aprobación de una mayoría

calificada de dos tercios de los senadores presentes. En el

caso del Poder Judicial, la selección está predeterminada

por el Consejo de la Magistratura, creado por la reforma

constitucional de 1994, que a su vez propone los candidatos

al Ejecutivo.

En el caso de los diplomáticos y los militares, la propuesta

procede de las juntas de calificaciones de los respectivos

ministerios. Pero no tienen el nivel institucional de los

jueces en cuanto a la obligatoriedad para el Ejecutivo.

Lamentablemente, la injerencia del Ejecutivo en los

ascensos diplomáticos se ha ido extendiendo al tiempo que

demasiados nombramientos políticos desplazaron a

calificados profesionales de carrera.

En el caso de las Fuerzas Armadas, durante la gestión de

Nilda Garré, se llegó al punto máximo de esta injerencia.

Hubo años en los cuales, sobre diez coroneles propuestos

para ascender, la mitad procedía de la Junta de

Calificaciones y la otra era a elección del Ministerio de

Defensa, sin pasar por ella. El efecto de esta situación se

torna inevitable: lamentablemente, a la hora de ascender,

los contactos políticos pasan a ser más relevantes que los

méritos profesionales y de ello deriva la ineludible

politización que acertadamente se quiere impedir en las

Fuerzas Armadas.

Hacia el final del segundo mandato de Cristina Kirchner,

esta práctica comenzó a ser erradicada, también lo fue

durante el gobierno de Cambiemos y continuó en los dos

primeros años del actual. Pero este año parece haberse

retomado la vieja, ideologizada y desaconsejada senda.

A los dos generales de Brigada propuestos para ascender a

general de División en el Ejército y a los ocho coroneles

propuestos para general de Brigada, el Poder Ejecutivo

agregaría cuatro más: un coronel de Caballería, dos

coroneles de Intendencia –hoy es considerada un arma más

y, por ende, podrían acceder a la Jefatura de la fuerza– y un

teniente coronel que, por sus contactos políticos, está a

cargo de la seguridad de la Casa de Moneda.

No es el caso abrir juicio sobre los antecedentes de las

personas, sino puntualizar que apartarse de la costumbre

que se había corregido deteriora la profesionalización

militar y, quiérase o no, induce a la politización como medio

para acceder al grado superior. Es de notar que el acuerdo

 

del Senado se limita a los oficiales superiores, es decir, a los

ascensos para generales y coroneles.

A su vez, la situación alienta las llamadas “internas” dentro

de las Fuerzas, e incluso las promueve dentro de las Armas.

El Poder Ejecutivo está a tiempo de evitar que sea

reimplantada una nefasta práctica fundada en razones

ideológicas y que bien se venía corrigiendo

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