República Argentina: 1:29:22pm

La medida que adoptó el ministro de Defensa, Agustín Rossi, a través de la resolución 126, dispone que “todo el personal civil de inteligencia militar, sin distinción de nivel, grado o categoría, y cualquiera sea su situación de revista, permanente o transitoria, deberá percibir el pago de su remuneración con su identidad real y en forma bancarizada”. Para el diputado de Cambiemos, José Cano (UCR-Tucumán), la medida “expone la seguridad en forma imprudente a quienes deben hacer inteligencia militar” en zonas como la Triple Frontera.

En el artículo segundo, Rossi estableció que el director Nacional de Inteligencia Estratégica y Militar, Roberto Román y los organismos de inteligencia de las FF.AA. “deberán tomar los recaudos necesarios para no violar el secreto, la confidencialidad o reserva de los datos personales de cada agente” en función de ley N° 25.520 de inteligencia. En cambio, para Cano obligar a una agente de inteligencia militar a cobrar un sueldo en un banco del estado “significa ponerlo en riesgo y facilitar la posibilidad de sus datos sean fácilmente hackeados”, como pasó recientemente con la Policía Federal.

La resolución ministerial recuerda que la misión de la inteligencia militar es “producir inteligencia estratégica militar, mientras que los organismos de inteligencia de las FF.AA. tendrán a su cargo la producción de la inteligencia estratégica operacional y la inteligencia táctica necesarias para el planeamiento y conducción de operaciones militares y de la inteligencia técnica específica”. Subraya que se “define a la inteligencia estratégica militar como la parte de la Inteligencia referida al conocimiento de las capacidades y debilidades del potencial militar de los países que interesen desde el punto de vista de la defensa nacional”. La resolución de Rossi dice que el fin de la resolución 126 “es dotar de calidad institucional y transparentar la gestión administrativa de los recursos humanos” del área.

En un proyecto de declaración al que accedió Clarín, Cano advirtió que al “exponer el nombre y apellido de los agentes civiles de inteligencia del Ministerio de Defensa, darles una obra social de forma pública y exigirles que cobren con un recibo de sueldo, básicamente se busca o terminar con la actividad de inteligencia en la Argentina o hacer de esta una actividad excesivamente riesgosa para su personal”. “Es así como, el Estado le estaría pidiendo a un agente de inteligencia que obtenga información sobre grupos criminales, narcotráfico, terrorismo internacional, tráfico de personas y amenazas exteriores, incluida inteligencia táctica o de combate, para luego revelar su identidad y exponerlo a represalias” de parte de otros estados o grupos del crimen organizado, agregó.

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Por su seguridad personal, “es que los agentes de inteligencia en la Argentina tienen un régimen jurídico y una caja jubilatoria especial, que es y debe ser diferente de cualquier trabajador del Estado o de los principios generales de la Administración pública, por la misma naturaleza de su actividad”, agregó Cano.

El diputado de Cambiemos se preguntó qué gobierno democrático del mundo “facilita así el nombre de sus agentes de inteligencia, exponiéndolos en su seguridad personal o en ser vulnerables a las acciones de grupos criminales o intereses contrarios de actores extranjeros”.

Para Cano la resolución, además, no es necesaria. La Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia “controla los fondos y la rendición de gastos de los organismos que integran el Sistema de Inteligencia en la Argentina, enumerados y descriptas sus funciones, sus deberes y sus obligaciones en la Ley de Inteligencia Nacional 27.126, por lo tanto, es falso el argumento de querer trasparentar el cobro de sueldos de los agentes”.

El legislador se preguntó “cómo hará el Ministerio de Defensa para que esta resolución no viole el secreto, la confidencialidad o reserva de los datos personales de cada agente, teniendo presentes las restricciones de lo estipulado en los artículos 16 y 17 de la Ley N° 25.520”, en un mundo donde el hackeo de las bases de datos es cada vez más fácil, desde el punto de vista tecnológico.

Para Cano no tiene la lógica obligar, "por un lado, al secreto y confidencialidad de los agentes o funcionarios que puedan acceder a información sensible para los intereses de la Nación, y por el otro publicitar el nombre de estos agentes de inteligencia”.

Para este sector de la oposición, se trata de “otra sobreactuación” luego del “uso político que el kirchnerismo hizo de la SIDE y sus fondos reservados y de la inteligencia militar con el general Milani hasta el crimen de Nisman” en  enero del 2015. "No estamos hablando del terrible batallón 601 o los grupos de inteligencia que atacaron a Alfonsín, sino de la inteligencia militar de la democracia", señalaron otras fuentes de la oposición.

 

 

 

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