La cuestión salarial de las Fuerzas Armadas, que estaría siendo reconsiderada, constituye el detonante de una incipiente crisis institucional motivada por la suma de una serie de factores negativos que afectan al Area desde hace muchos años, lo que constituye una situación heredada por el actual Gobierno, pero que a màs de dos años de su instauración, ha pasado a ser un problema que afecta gravemente su gestión.
A modo de síntesis, podemos enunciar entre otros los siguientes factores:
-Un Presupuesto anual insuficiente (0.9 % del PBI), para atender las necesidades mínimas de la Defensa Nacional para un pais que es el séptimo en el mundo en cuanto a extensión del espacio aéreo, marítimo, terrestre e insular y vastos recursos naturales que preservar.
-La falta de adecuación de las Leyes de Seguridad y de Defensa Nacional a las actuales amenazas .
-La supresión del Código de Justicia Militar que deja a las tropas que participen en operaciones militares sin cobertura jurídica según el Derecho Internacional para casos de guerra.
-Niveles de reequipamiento, mantenimiento y entrenamiento mínimos que afectan gravemente la capacidad operativa de las Fuerzas,
-Diferencias salariales y trato discriminatorio respecto a las Fuerzas de Seguridad y Policiales que afectan la moral y favorecen la emigración hacia estas Fuerzas.
-La falta de cumplimiento de promesas de campaña y de gestión para el Area, por parte de las Autoridades Nacionales lo que afecta su credibilidad y aceptación de la acción de gobierno.
-La persistencia de una Política de Derechos Humanos, ilegal, inconstitucional y claramente parcializada que derivó en más de 2400 imputados, procesados y condenados y a la fecha 450 muertos en injusto cautiverio.
-El no reconocimiento y reparación de las víctimas de la subversión terrorista de las décadas de 1960/70 y 80.
-La exigencia de un “esfuerzo patriótico” que implica un Plan de subasta de Cuarteles y Bases, y un ajuste salarial que no se exige al resto de los organismos y agentes del Estado por igual.
La Resolución Conjunta Nro2/2018 de los Ministerios de Defensa y Hacienda., suspende el Plan de jerarquización vigente, omite el 4.8 % concedido a la Administración Pública sobre el aumento del 2017, recurre a prácticas ilegales al asignar sumas fijas no bonificables prohibidas por la Ley 19.101,y es discriminatoria ya que se aplica sólo a algunos Grados de la escala. Lamentablemente, esta arbitraria medida, de no ser rectificada, alimentará la “ industria del Juicio “, produciendo una avalancha de Juicios contra el Estado incrementando la deuda interna.
El Foro de Generales Retirados considera urgente y necesario que el Gobierno Nacional subsane cuanto antes las falencias y errores que se verifican en el Area de la Defensa y en la situación de sus Fuerzas Armadas, para el bien de nuestra Nación y sus ciudadanos.
Firman los Generales Retirados; Juan Miguel Giuliano-David Comini-Luis Cloux-Jorge Olivera.
C.A.B.A. julio de 2018.
