La Cámara de Diputados bonaerense sancionó el jueves pasado una ley que obliga a "incorporar de manera permanente en las publicaciones, ediciones gráficas y/o audiovisuales y en los actos públicos de gobierno de los tres poderes de la provincia de Buenos Aires el término «dictadura cívico-militar» y el número de 30.000 junto a la expresión desaparecidos cada vez que se haga referencia al accionar genocida en nuestro país durante el 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983".
El proyecto fue iniciado por el representante kirchnerista Darío Díaz Pérez y ya contaba con media sanción del Senado provincial. En los considerandos de la norma se afirma que el derrocamiento de María Estela Martínez de Perón tuvo el propósito de "imponer un modelo de acumulación con lo financiero en el centro económico, disminuyendo el Estado social, avanzando hacia la concentración económica".
La imposición por ley de una visión parcial, sesgada y también inexacta de la historia atenta contra la libertad de pensar y expresarse, que está bien plasmada en el espíritu y la letra de nuestra Constitución nacional. Quien obedezca esta ley y tenga una visión y un conocimiento de la verdadera historia deberá optar entre mentir o caer en la ilegalidad.
Es innecesario referirse al falseamiento intencionado del número de desaparecidos. El argumento del simbolismo de ninguna manera lo justifica. Según las propias declaraciones del ex montonero Luis Labragna, fue él quien ideó ese número ex profeso para incluir la represión del terrorismo en los años setenta dentro de los cánones internacionales de aproximación a un genocidio. Sin dejar de lado la necesidad de condenar el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, hay otra falsedad al considerar este día como el inicio de las desapariciones. Está demostrado y aceptado que hubo alrededor de 900 casos anteriores a dicha fecha. La mayor parte de ellos fueron responsabilidad de la Triple A, una fuerza parapolicial cuya creación se le adjudica a Juan Domingo Perón antes de su muerte.
La afirmación de que el derrocamiento de Isabel Perón tuvo el objetivo de imponer un modelo económico plagado de maldad para beneficiar al capital concentrado, en perjuicio de los socialmente más necesitados, pertenece a los clichés característicos de una izquierda populista nacionalista iluminada por el régimen cubano y el discurso chavista.
Nunca debiera romperse el orden constitucional. No obstante, deben recorrerse los hechos de los últimos meses de 1975 y los primeros de 1976 para encontrar un escenario de disolución del poder y del avance de la violencia organizada, que lamentablemente la clase política renunció a resolver mediante los instrumentos de las instituciones de la República. Pensar en un propósito económico o financiero como motor principal del derrocamiento de Isabel sólo cabe en mentes conducidas por extremos ideológicos que impiden visualizar los hechos con objetividad.
La ley aún no ha sido promulgada y debería ser vetada por la gobernadora María Eugenia Vidal. No obstante, vistos los dichos del secretario de Derechos Humanos de la provincia, Santiago Cantón, hay pocas probabilidades de que así sea. En declaraciones a la prensa este funcionario expresó: "Tenemos que aceptar los 30.000 porque ésa es la posición que plantearon los organismos, que eran las personas más cercanas en tiempo y espacio a lo que estaba pasando en ese momento. Punto. No se discute más".
No puede haber mordazas a la hora de expresarse ni inhibiciones para indagar en la historia. El cambio político del 10 de diciembre de 2015 pareció dejar atrás los vicios del kirchnerismo y particularmente la imposición de un relato único. Sin embargo, nos encontramos ahora con hechos como los de esta ley provincial, que encontró voluntades y temores que hicieron posible su sanción legislativa.
