El atentado al capitán Viola y su hija de tres años, un caso que llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El parte de guerra de un comando del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) describió con lujo de detalles el atentado contra el capitán Humberto Viola, en el que también fue asesinada su hija María Cristina, de apenas tres años, frente a la casa de sus abuelos paternos. Fue en Yerba Buena, a pocos kilómetros de San Miguel de Tucumán, en el mediodía del domingo 1 de diciembre de 1974, durante la vigencia de un gobierno constitucional.
“A las 13.13 pasó el objetivo. Se marca la señal y se retira el compañero. Se aproximan el auto operativo y el de apoyo, separados 50 a 60 metros. Queda el de apoyo semicruzado en la calle, cortando el tráfico y asistiendo a los otros compañeros”, describía, como si fuera una crónica de color, el informe de la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez del ERP.
El primer disparo de escopeta impactó en el parante delantero izquierdo del parabrisas y “los balines dan de rebote a la pibita de tres años que estaba atrás”, detalló el parte guerrillero, al dar cuenta de la muerte instantánea de la niña. En segundos, otro atacante se acercó a la ventanilla del auto y descargó una ráfaga de disparos. Herido a la altura del pulmón izquierdo, el capitán Viola descendió del vehículo para evitar que su familia quedara expuesta en la línea de fuego. Con el apoyo de otros dos autos, siguieron los disparos y ejecutaron al militar con un tiro en la nuca. En la refriega quedó herida María Fernanda Viola, la otra hija, de cinco años, que recibió esquirlas en el nervio óptico, lo que le provoc´+o una discapacidad visual.
Viola tenía 31 años y revistaba en el Destacamento 142 de Inteligencia, perteneciente a la V Brigada de Infantería del Ejército, donde algunos años antes había revistado el general Jorge Rafael Videla.
Como cuenta el periodista Marcelo Larraquy en “Los días salvajes”, el atentado al capitán Viola fue una respuesta del ERP a un operativo del Ejército que en agosto de 1974 impidió el avance de una columna de la organización armada que había intentado tomar el Regimiento 17 de Catamarca. En esos días se produjo también una ofensiva contra la Fábrica de Explosivos de Villa María, en Córdoba. En territorio tucumano hubo enfrentamientos, que provocaron la muerte de 16 guerrilleros. La presidenta María Estela Martínez de Perón y los gobernadores de Catamarca, Hugo Montt, y de La Roja, Carlos Menem, felicitaron al Ejército. El ERP prometió venganza y en dos meses ejecutó a nueve militares. El último de ellos fue el capitán Viola.
En 1979, la Justicia condenó a los responsables. El juez federal Manlio Martínez le aplicó reclusión perpetua a Francisco Antonio Carrizo y Fermín Ángel Núñez, y prisión perpetua a José Martín Paz, Rubén Jesús Emperador y Miguel Emperador, entre otros guerrilleros del ERP. La Cámara Federal confirmó el fallo y la Corte Suprema lo ratificó en 1986. Siguieron, sin embargo, los recursos para reducir las penas, hasta que el presidente Carlos Menem indultó a todos.
Algunos de ellos, incluso, se presentaron ante la Justicia como damnificados por el Operativo Independencia -ordenado en febrero de 1975 por el gobierno de María Estela Martínez de Perón, a través del decreto 261/75, para “neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán”- y cobraron indemnizaciones.
El camino a la CIDH
La esposa del capitán Viola fue testigo de los hechos en forma directa y, sin duda, una de las principales afectadas. María Cristina Picón de Viola, a quien el capitán Viola llamaba “Maby”, llevaba un embarazo de cinco meses en el momento del atentado y transitó los tribunales sin descanso. Perdonó a los asesinos, pero no dejó de pedir Justicia.
En sus presentaciones, acusó a la República Argentina de haber violada las Convenciones de Ginebra de l949 y la Convención Americana de Derechos Humanos, al negarse a reabrir la investigación judicial con el fin de determinar si los asesinatos de su esposo y su hija constituían crímenes de lesa humanidad.
Sostenía que el plan del ERP contó con la colaboración del Estado argentino y de Cuba y argumentó que el expresidente Juan Domingo Perón acusó al entonces gobernador bonaerense Oscar Bidegain de “haber facilitado el ataque al Regimiento de Azul por parte del ERP”, además de recordar que varios guerrilleros reconocieron haber sido instruidos militarmente en Cuba.
La señora de Viola consideraba un valioso antecedente el Informe 55/97 de la CIDH, que declaró que el ataque del MTP al Regimiento de La Tablada, que duró 36 horas en enero de 1989, había configurado un “conflicto armado interno”, criterio que se oponía al sostenido por los tribunales argentinos, que no reconocían ese carácter de “conflicto armado” a los atentados, secuestros, asesinatos y “numerosos ataques a cuarteles realizados por el terrorismo guerrillero entre l973 y el 24 de marzo de l976, en plena vigencia de gobiernos constitucionales”.
Los planteos de “Maby” Viola llegaron en 2016 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La viuda del militar murió a los 73 años, en junio de 2021, y ocho meses después el organismo internacional admitió tratar el caso, al considerar formalmente cumplidos los requisitos exigibles para dar inicio al proceso de admisibilidad de la denuncia. Le dio un plazo de tres meses al Estado argentino para que presente su descargo, pero el gobierno de Alberto Fernández contestó tardíamente.
María Fernanda Viola, la hija del militar que sobrevivió al ataque, objetó ante la CIDH la respuesta tardía del Estado argentino, al sostener –en un escrito presentado con el patrocinio del doctor Javier Vigo Leguizamón- que el Gobierno pretende “imponer una memoria sesgada de lo acontecido para mantener impunes a los victimarios, aunque ello conlleve un total desprecio y discriminación de las víctimas”.
Tras alegar que el Estado argentino incumple varios artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, las Convenciones de Ginebra de Viena sobre el Derecho de los Tratados, pide que se recomiende al país que “restablezca el goce de los derechos humanos violados” y, en caso de una falta de respuesta, “someta el caso a decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ser evidente que al no promover durante décadas la persecución penal de las personas partícipes en tan horrendo hecho delictivo y denegar ahora la reapertura de la investigación, los tribunales argentinos están incumpliendo los mandatos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Ahora se espera que el organismo internacional emita su pronunciamiento definitivo.
Mariano De Vedia
Publicado en La Nación
