Valiente y certero el editorial del 21 de junio sobre los “50 años de una decisión histórica”. A riesgo de causar algún escozor, no puedo omitir hacer honor a la verdad histórica, aunque duela.
Algunos han objetado mi carta del 3/6/23, diciendo que era una forma de legitimar a la Cámara Federal en lo Penal de la Nación que fue creada en un período de facto (7/7/71). Sin embargo, lo que no dicen esos objetores es que en ese lapso (finalizado el 25/5/73) no hubo desaparecidos, los procesos se encontraban documentados y se dictaron miles de sobreseimientos. No se pueden juzgar con ojos de hoy hechos acontecidos hace medio siglo. Los que ahora se desgarran las vestiduras a la sazón pedían a gritos a las Fuerzas Armadas que frenaran aquellos atroces crímenes de los grupos armados. ¿Nadie se pregunta por qué motivo no hubo ningún exceso mientras actuaron esos jueces que se pretende cuestionar? ¿O por qué, en el período constitucional siguiente, se produjeron la mayor cantidad de desaparecidos? Esto no hubiera sucedido si aquel tribunal hubiese seguido funcionando, ni habría hoy tantos inocentes sufriendo el martirio encadenados en las mazmorras de la injusticia. Sé que a quienes no pensamos como todos se nos desea la digna gracia de recibir en nuestros desvencijados cogotes la visita de la guillotina, empero, no se puede admitir que sean legítimas las desapariciones en democracia e ilegítimo el resguardo de la vida en otros períodos de nuestra historia. ¿O se deben amparar y ocultar las matanzas y desapariciones acaecidas en el último gobierno de Perón y su señora (1973/1976)? No se trata de definir la legitimidad o ilegitimidad en términos académicos, lo que dejamos a los expertos, sino de proteger la vida de gente inocente que, a no dudarlo, fue lo que logró ese magnífico tribunal, uno de cuyos integrantes sigue soportando con estoicismo la pesada cruz que lleva a cuestas.
Francisco García Santillán
DNI 10.661.522
Publicada en La Nación
