La sanción aplicada a un militar retirado y la persecución iniciada contra otros evidencia el rencor y el odio convenientemente instalados en el Gobierno.
El pedido del Ministerio de Defensa al Ejército para que informe detalladamente aspectos vinculados con el acto que motivó la remoción del respetado general retirado Rodrigo Alejandro Soloaga de la presidencia de la Comisión del Arma de Caballería raya en una clarísima y renovada persecución política contra quienes reclaman, desde hace muchísimos años, que sean respetados los derechos humanos de todos por igual.
La cartera comandada por Jorge Taiana no solo exige la lista de militares y civiles que concurrieron al acto en el que el militar ahora sancionado expresó públicamente su acompañamiento y respaldo a los militares detenidos por causas de lesa humanidad, además de agradecer a ellos y a sus familias que sigan enfrentando “con estoicismo” las deplorables condiciones de detención en que viven. Es largamente sabido que muchos de ellos siguen sin condena a pesar del paso de las décadas y que no pocos se encuentran desahuciados clínicamente, sin que se les permita terminar sus días en sus domicilios a pesar de sus edades avanzadas y la irreversibilidad de sus cuadros de salud.
También se intima a la fuerza a entregar un “listado del personal militar premiado, condecorado y a quienes se les hayan dado distinciones, sus motivos y copias digitales de sus legajos personales completos”, requiriendo “toda la información obrante sobre la Comisión del Arma de Caballería (integrantes, actas y documentación)”, los nombres de los veteranos de Malvinas invitados, presentes, condecorados, premiados o distinguidos y copia digital certificada de sus legajos.
El Gobierno pretende sostener y fundamentar la desproporción de su requerimiento cuando no solo extiende el inexplicable castigo a los asistentes a un acto por el cual ya había decidido remover a quien honorablemente presidía la citada comisión de retirados del arma de Caballería, al entender capciosamente que reivindicó la dictadura militar, sino que también pide explicaciones con posterioridad a haber ejecutado la dura sanción.
El mensaje enviado al jefe del Ejército asegura que los dichos del general Soloaga “contrarían no solo un amplísimo consenso nacional que sostiene las políticas de memoria, verdad y justicia que el Estado nacional viene llevando adelante desde 2003″ –como si el kirchnerismo fuera fundante de esos derechos y su exclusivo defensor–, sino que representan “una reivindicación del terrorismo de Estado”.
Resulta deleznable que, una vez más, se vuelva sobre un tema delicado y sumamente profundo y sensible para manosearlo tan torpe como maliciosamente.
Lo ha dicho con claridad el presidente del Foro Argentino de Defensa, Santiago Lucero Torres: “Es nocivo para la democracia que quienes atentaron contra ella en el pasado, asesinando civiles, militares, jueces y líderes políticos y sindicales hoy sean puestos a dirigir nuestras Fuerzas Armadas y sancionar a nuestros militares con una clara vocación de venganza”.
“El rencor, el odio y la venganza no son buenos consejeros, llevan a las personas a cometer errores e injusticias”, coincidió por su parte el Foro de Generales Retirados, que cuestiona a Taiana por haber omitido mencionar que Soloaga “es un héroe, veterano de la Guerra de las Malvinas y del combate de La Tablada en defensa de la república y la democracia durante el gobierno constitucional del doctor Alfonsín”.
“Claramente –sostienen los generales retirados en un comunicado firmado por su titular, José Luis Figueroa– que no hay apología del terrorismo, agradecimientos ni un juicio o adjetivación alguna para interpretar en un sentido u otro en los dichos de Soloaga”, los que han tenido como finalidad “un mensaje piadoso”. Y acotan que “la imposibilidad de un acto misericordioso” hacia los militares detenidos “representa una corriente negacionista que impide el encuentro, la concordia y cancela la posibilidad de alcanzar la verdad”.
Concluye ese texto con un párrafo que suscribimos: “En estas circunstancias, invitamos a la concordia, al apaciguamiento de los espíritus de aquellos que aún permanecen atados a los enfrentamientos pasados entre argentinos, abordando el futuro desde una perspectiva franca de la historia, para acercarnos a la verdad, a fin de juzgar al pasado y sus protagonistas con justicia, basado en un principio tan básico, antiguo, como olvidado de igualdad ante la ley”.
Seguir conculcando la libertad de expresión de los militares, entre otros tantos sectores, y negarles sus derechos no es ni democrático ni republicano. Ni siquiera humano.
Editorial publicado por LA NACION
