Una resolución de la Ministra de Seguridad, Nilda Garré, ordenando a los jefes de la Gendarmería y Prefectura Naval para que “suspendan los efectos” ocasionados por el cumplimiento de sentencias judiciales que equiparan a activos y retirados por orden de la Corte Suprema de Justicia (casos Salas y Borejko), pareciera ser la punta de lanza en una nueva estrategia gubernamental, ahora poselectoral, tendiente a impedir el cumplimiento de la Ley de Personal Militar y Fuerzas de Seguridad.
La disposición de la ministra (resolución 1066) de fecha 30 de octubre, establece, además, la creación de una comisión especial para analizar los reclamos de equiparación de haberes formulados judicialmente por retirados, señala la necesidad de “estimar el impacto en el Tesoro Nacional” que tales erogaciones implican, al tiempo que abre las puertas a una salida “jurídico legislativa” al tema.

La organización Votar Unidos (VOTARUN) dió por concluida, tras el acto electoral del 23 de octubre, su labor orientativa del voto de la comunidad militar y de las Fuerzas de Seguridad como de sus familias y otros segmentos ciudadanos afines en el pensamiento republicano. Un comunicado de despedida de la entidad, señala que de ahora en más, la responsabilidad de encauzar un movimiento político que aglutine tales voluntades será encarada por el Contraalmirante (r) VGM Juan Carlos Neves, presidente del partido Nueva Unión Ciudadana (NUC), con personeria en la provincia de Buenos Aires y decidida intención de proyectarse al ámbito nacional,

Un comunicado de VOTARUN, al respecto, expresa:

La edición mensual impresa, número 253, de TIEMPO MILITAR  ganó este jueves (3 de noviembre de 2011) la calle con un artículo de primera plana que comenta cómo, tras una insólita y maratónica batalla judicial, un militar retirado, de 103 años de edad, pudo hacerse de sus haberes de retiro conforme lo que estipula la ley, es decir equiparado con los que perciben quienes están en actividad.
El fallo, de una magistrada federal de la Seguridad Social, consideró más que atendibles los argumentos planteados por el defensor del reclamante, el abogado Julio César Anselmi. La medida robustece también la postura de librar acciones de amparo para declarar inconstitucionales las acciones llevadas desde el Estado, a través del IAF, que podan literalmente la mitad de lo que percibían a

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió en fallo dividido  -expedientes D.l74.xLVI y ü83.XLVI-, revocar las excarcelaciones del contraalmirante retirado Edgardo Aroldo Otero - ex jefe de la guarnición naval en Malvinas e impulsor de un sistema doméstico que permitió hundir una fragata británica con un misil montado en un viejo tractor- y del suboficial de la Armada, Juan de Dios Daer.

Antes de Malvinas, Otero había sido director de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) entre el 28 de enero y el 19 de diciembre de 1980 y se le imputa "necesario conocimiento" de las actividades en ese establecimiento, si bien para entonces -luego de la visita en 1979 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la Argentina- las actividades clandestinas de lucha contra la guerrilla habían virtualmente cesado.