Todo parece indicar que la idea es la de bloquear administrativamente las ordenes judiciales, o bien dilatándolas por vía de la apelación, hasta tanto, ya con mayoría parlamentaria, se encuentre una “solución política” al problema.
Analistas en la temática previsional militar estimaron que un temperamento similar sea adoptado en el ámbito específico de las Fuerzas Armadas, a través del Ministerio de Defensa.
Hasta el presente, miles de retirados, tanto de las Fuerzas Armadas como de Seguridad, han realizado juicios al Estado o presentado reclamos por vía cautelar de “no innovar” reclamando el cumplimiento de la Ley. Es decir que el sueldo del personal militar y de fuerzas de seguridad en actividad –salvo compensaciones extraordinarias como consecuencia de actos específicos de servicio- debe alcanzar también al personal retirado, sin ningún tipo de quita.
La Corte Suprema de Justicia dio la razón a los reclamos, pero el Estado se las ingenio para eludir en no pocos casos su implementación y cumplimiento. Quienes ganaron juicios comprobaron estupefactos que se les comenzaron a cobrar la mitad de lo que percibían antes de iniciar la demanda. Ahora la resolución apuntaría a frenar a quienes plantearon la inconstitucionalidad de las podas por la vía del recurso de amparo.
Nota: en la próxima edición impresa de TIEMPO MILITAR (254) que saldrá a la calle el jueves primero de diciembre, haremos un pormenarizado informe analítico sobre esta situación.
