Un caso por presunta defraudación ocurrido hace más de 35 años en el ámbito de la Fuerza Aérea, en el que fueron detenidos alrededor de 50 oficiales y suboficiales de la institución, fue debatido en la última semana en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atendiendo un reclamo de los acusados quienes denunciaron en su momento haber sido privados de su libertad sin un debido proceso y garantías de defensa, informó el martes (03 jun 2014) el Diario Judicial.

El episodio fue encuadrado entonces bajo los términos del ahora abolido Código de Justicia Militar, pero la audiencia de la CIDH abre las puertas al reclamo que llevan adelante centenares de procesados y encarcelados por presuntos delitos cometidos durante la guerra antisubversiva, también en aquellos años.

El 29 de mayo de 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sometió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso “Argüelles y otros Vs Argentina”. Se trata de un caso relacionado con la presunta violación al derecho a la libertad personal y el derecho a un juicio justo en los procesos internos llevados adelante contra oficiales. 

La Procuración Penitenciaria de la Nación mostró su “preocupación” por la decisión del Servicio Penitenciario Federal de trasladar parte de un sector de la cárcel de mujeres de Ezeiza para allí a “adultos mayores comprometidos en casos de lesa humanidad”, informó el Diario Judicial. Para el organismo, se ven afectados así tanto los derechos de las internas trasladadas como los de quienes ahora ocupan ese espacio y cuestiona implícitamente los argumentos que impulsan a tener en prisión a ancianos, muchos en la faz terminal de sus vidas.

El Servicio Penitenciario Federal (SPF) decidió trasladar a una parte de la población femenina de la Unidad 31 de Ezeiza “a fin de afectar el espacio que ocupaban al alojamiento de detenidos adultos mayores comprometidos en procesos por violaciones a los derechos humanos”, explicaron desde el organismo.

Esto, informaron, “preocupa a la Procuración Penitenciaria de la Nación y revela, tanto la improvisación en la prevención y solución del hacinamiento carcelario, como el escaso cuidado por la ejecución de medidas de esta clase en forma respetuosa de los derechos de las personas detenidas”.

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, anunció un aumento salarial para las Fuerzas Armadas, similar al otorgado al resto de la administración pública nacional, y en los mismos términos, con lo que el primer tramo del incremento se percibiría el próximo 1º de junio. Sin embargo, de las palabras del propio ministro, se deduce que el incremento no sería aplicado en forma directamente proporcional a los retirados. Rossi hizo el anuncio al presidir (el viernes 29 may 2014), la ceremonia central del Día del Ejército.

En teoría este nuevo incremento, tendría que adicionarse a los montos que, desde el primero de mayo, perciben los militares como consecuencia de la adecuación de los coeficientes de los suplementos por “responsabilidad jerárquica” y “administración de material”.

La paritaria de este año para los estatales fue confirmada el 6 de mayo pasado y consistió en un aumento del 16,5% desde junio y otro 10% acumulativo desde el 1 de agosto, lo que totaliza un incremento del 28,15%. Aunque Rossi no dio precisiones de porcentajes sí precisó que había hablado de este tema con la presidenta Cristina Kirchner, y que el aumento a los militares será “igual que el resto del Estado nacional”.

Según lo informó en su portal digital el diario Clarín, este anuncio sorprendió y no se lo esperaba porque es habitual que lo haga la Presidenta en la cita anual que tiene con los militares en la Cena de Camaradería, en torno a la celebración de los 9 de Julio. Pero el anticipo de más de un mes se interpretó como una necesidad de anticiparlo para dar una expectativa salarial al personal de las Fuerzas Armadas en un período complejo en que la alta inflación (sobre todo en los tres primeros meses del año) ha licuado considerablemente el poder adquisitivo de los salarios. 

El Senador provincial Mario Ishii (PJ) ratificó en las últimas horas su proyecto integral de reforma del Ejército argentino, que incluye la restauración del Servicio Militar Obligatorio para los jóvenes que no estudian ni trabajan y la posibilidad de que el ejército tenga la potestad de luchar contra el narcotráfico.

 "La inseguridad y la droga han avasallado a la gente y se instaló adentro. Vamos a tratar de sacar al Ejército rápido para que la combata. No hay forma si no. No hay país que pueda crecer", analizó Ishii, de acuerdo a un comunicado de la oficina de prensa del legislador.

El parte de prensa dijo que el exintendente del distrito bonaerense de José C. Paz, asimismo, seguirá con su referéndum popular recorriendo distintas regiones del país, ya que seguirá visitando las mesas de consulta en el sur del país y hacia fin de mes lo hará en la Costa Atlántica, más precisamente en Mar del Plata.