El diario Clarín, en un comentario firmado por su columnista Diego Bralavsky dio cuenta en su primera plana del jueves (17 nov 2016) que el Gobierno se propone reducir drásticamente la conformación de las estructuras militares con una reducción integral que podría alcanzar los mil efectivos, entre ellos 60 altos oficiales. La medida impactó en el análisis de comentaristas radiales pero no sorprendió a los uniformados que descontaban una reestructuración. Como contrapartida, aunque el diario no lo menciona, se sabe que regirá a partir del primero de enero de 2017 una nueva escala salarial. El artículo es el siguiente:

 El Papa Francisco transmitió a los presos políticos su deseo de que se logre “la reconciliación de todos los argentinos y el respeto irrestricto de las garantías constitucionales”, según un comunicado de los internos del penal de Villa Devoto tras un encuentro con el arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Mario Poli.

El Papa Francisco sostiene recurrentemente que la sociedad ha comenzado a transitar el grave camino de una tercera guerra mundial, que puede darse en senderos no convencionales, no necesariamente ligados a la esencia bélica militar de las contiendas, o al terrorismo. Por el contrario, el siguiente informe da cuenta  como la cibernética desnuda reveladoramente escenarios, en este caso vinculados al deporte y a la alta competencia internacional, en los cuales, en el marco del espionaje electrónico,   las batallas se libran en todos los planos y  tanto victorias como derrotas constituyen en sí mismas contiendas fundamentales.

Un informe oficial -el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado -(Ruvte) que depende del Ministerio de Justicia- precisó que durante el régimen militar   hubo al menos 6.348 víctimas de desaparición forzada.  Si se desmenuzan los números difundidos por el Gobierno, entre el 12 de octubre de 1973 (gobierno constitucional peronista hasta el 24 de marzo de 1976) y el 10 de diciembre de 1983 hubo un total de 8.571 víctimas: 7.010 son desaparecidos y 1.571 personas fueron asesinadas. La cifra contrasta con las cifras de organismos no estatales de Derechos Humanos que ubican la cantidad en el orden de los 30.000.