El hecho aberrante -pero no sorprendente- de una ofensiva popular contra la Corte Suprema, promovida y alentada por el gobierno nacional, jueces corruptos, organizaciones piqueteras y otros malandras cercanos al poder,  con el objeto de apretar al máximo Tribunal para conseguir la impunidad de  quienes desde el Estado han saqueado al país, merece el más contundente  repudio de cualquier argentino bien nacido.