Con un sistema educativo en crisis y niños que no alcanzan niveles básicos, utilizar recursos públicos para multiplicar universidades es errar el camino
La administración de Javier Milei no cesa en sus lógicos afanes por revisar muchas de las decisiones que la anterior gestión quiso imponer a su sucesora. Así, luego de que, en septiembre de 2023, el Congreso aprobó la creación e inicio de actividades de cinco universidades nacionales –Pilar, Delta, Ezeiza, Madres de Plaza de Mayo en Buenos Aires y la de Río Tercero en Córdoba–, una resolución del Ministerio de Capital Humano propone revisar esas leyes y deja también sin efecto las designaciones de rectores ya efectuadas.
El principal argumento detrás de esta decisión del subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, es constatar que se haya cumplido con el procedimiento administrativo que fija la ley de educación superior, incluida la previsión del crédito presupuestario correspondiente en función de estudios de factibilidad. La revisión interpuesta se fundó en la necesidad de “evitar la duplicación y superposición de estructuras jerárquicas y de garantizar que la oferta educativa cumpla con la calidad y pertinencia debidas”. Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció en conferencia de prensa que “en dos de esas universidades se está revisando el destino que tuvieron 800 millones de pesos transferidos”.
La polémica no tardó en instalarse, apuntando a que una decisión ministerial no podría dejar sin efecto una ley del Congreso. La diputada nacional por Córdoba Gabriela Brouwer de Koning (Evolución Radical), promotora, junto con la diputada Gabriela Estévez (Frente de Todos), de la creación de la casa de estudios en Río Tercero, planteó también que se estaría vulnerando “la división de poderes y uno de los pilares del sistema constitucional: la jerarquía entre cuerpos normativos”.
Las cuestionadas iniciativas decían hacer hincapié en acercar la formación de grado a más personas, vinculando los planes de estudio con la realidad socioeconómica y productiva de cada lugar, como si la cantidad de instituciones ya operativas no fueran suficientes en un contexto de profundos recortes. Baste mencionar el ejemplo de la Universidad Nacional de Quilmes, cuyo rector se quejó con preocupación respecto de cuán exiguo quedó el presupuesto del que disponen con los últimos ajustes anunciados, y el paro dispuesto ayer por docentes de la UBA por reclamos salariales.
Alejadas de cualquier planeamiento estratégico, el nacimiento de estas cinco universidades en momentos críticos para el país está claramente asociado a razones políticas y de caja que la nueva gestión hace bien en revisar a partir de que “no hay plata”. Con un sistema educativo en crisis, con tantos niños y jóvenes que no alcanzan niveles básicos de comprensión lectora, pensar en multiplicar universidades es claramente seguir errando el camino. Cuando solo terminan la secundaria la mitad de quienes podrían completarla, con preocupantes índices de repitencia y deserción, las prioridades deberían más bien buscar apuntalar los niveles obligatorios de enseñanza, cuya cantidad de beneficiarios es muy superior.
Lamentablemente, está visto que muchas instituciones han nacido al amparo de funcionarios de distintos niveles preocupados por ubicar a los amigos y administrar suculentas cajas. Unas 17 durante la gestión kirchnerista. Sobran ejemplos del desvío de los recursos presupuestarios puestos al servicio del adoctrinamiento, así como de programas alejados de su función específica, como el escandaloso Sueños Compartidos. Las necesidades de formación circulan por carriles académicos y no proselitistas de los que poco se ocuparon quienes apostaron a conservar cautivos en la ignorancia a sus votantes.
En el caso de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, se trató de elevar su rango anterior de Instituto Universitario Nacional del Derechos Humanos (Iunma) creado en 2014 sobre la base de la ex Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. La de Ezeiza, que ya venía funcionando desde 2011 como universidad bonaerense, recibió el impulso de la diputada Victoria Tolosa Paz para alcanzar rango nacional, y la de Río Tercero nació como una dudosa asociación con un acto de reparación histórica frente a la voladura de la Fábrica Militar en 1995, en la que siete personas perdieron la vida y más de 300 resultaron heridas. Por su parte, la Universidad Nacional del Delta vio la luz de la mano del excandidato Sergio Massa, y la de Pilar fue promovida por el diputado Ramiro Gutiérrez, del Frente Renovador.
Ante una fenomenal escasez de recursos, el diseño y la planificación de las prioridades educativas deben estar en manos de expertos y no de funcionarios tan ávidos de poder como de dinero. Reiteramos desde este espacio la necesidad de ampliar el acceso de los niños a salas de tres años, avanzar hacia la jornada completa en la escuela primaria y evitar la deserción escolar, de manera especial en el nivel secundario. No más populismo universitario.
Editorial LA NACION
