Ecuador vive una profunda crisis de violencia, que incluyó el año pasado el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, fuerte impulsor de las denuncias contra las mafias en el país, protegidas por el poder político, con la connivencia del expresidente Rafael Correa, prófugo tras ser condenado por graves casos de corrupción.
Los dramáticos hechos del martes con grupos narcos irrumpiendo en un canal de TV, atacando la Universidad Nacional en Quito y secuestrando a efectivos policiales, entre otras atrocidades, llevó al presidente Daniel Noboa a declarar la existencia de un “conflicto armado interno” y a ordenar a las fuerzas militares restablecer el orden, con el fin de garantizar la soberanía e integridad territorial, amenazadas por el crimen organizado transnacional, organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. Tras los ataques, Correa comunicó su total apoyo a Noboa.
La situación geográfica de Ecuador lo ha convertido en un lugar apetecido por narcos colombianos y mexicanos, establecidos en este enclave estratégico, fronterizo con los dos mayores productores de coca –Colombia y Perú–, con una extensa costa en el Pacífico y una economía dolarizada que hace más fácil el lavado de dinero.
En un operativo sin precedente, agentes de la Fiscalía detuvieron al menos a 29 personas, incluidos el titular del Consejo de la Judicatura, jueces, policías y agentes penitenciarios vinculados a una causa sobre narcocrimen. Según la fiscal Diana Salazar, se investiga una posible estructura criminal vinculada con el narcotráfico en todos los niveles del Estado.
Las medidas de Noboa constituyen la defensa necesaria de un país obligado a intentar poner fin al crimen organizado, cuyo accionar mafioso pone en peligro las libertades ciudadanas y la propia democracia. Son procederes que se replican en el continente, basta leer las noticias sobre Rosario. Ecuador es un espejo donde mirarse.
Editorial de LA NACION
