Lamentablemente, la citación limitó formalmente el temario a la situación de las personas mayores de 65 años privadas de libertad. De este modo, preparamos con Puentes para la Legalidad una exposición conjunta referida a la denegatoria de detenciones domiciliarias de los mayores y al exceso del plazo máximo de prisión preventiva y denegación de excarcelaciones que sufre este grupo (en violación de la CADH y de la Convención Interamericana de Protección de los DDHH de las Personas Mayores) con estadísticas que demuestran el trato discriminatorio con relación al de aquel acusado de delitos comunes.
Estuvieron presentes los Comisionados Luis Erenesto Vargas Silva, Relator para Argentina y Joel Hernandez García, titular de la Relatoría de Personas Privadas de Libertad, así como el secretario ejecutivo de la Comisión, Paulo Abrao, María Claudia Pulido Secretaria Ejecutiva adjunta y otros funcionarios y auxiliares.
Por el Estado argentino concurrieron nuestra embajadora ante la OEA, Paula Bertol, Ramiro Badía de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales de la secretaria de DDHH y Agustina Durruty del Ministerio de Justicia.
En el curso de la audiencia, de trato amable y atento, cumplimos plenamente nuestro objetivo dentro del cauce señalado. Proyectamos allí un video e imágenes que mostraron con impactante claridad la inhumanidad del trato a estas personas encarceladas, escenas que manifiestamente impresionaron a los presentes. La exposición fue acompañada también con gráficos estadísticos que mostraban las diferencias con la población juzgada por delitos comunes. Acusamos de acción y de omisión al Estado argentino, señalando que ya han muerto detenidos 431 personas. Pedimos a la Comisión la adopción de urgentes medidas cautelares para hacer cesar los males denunciados.
El representante del Estado argentino, pese a señalar que continuarían el programa “Memoria Verdad y Justicia”, precisó que lo harían respetando los ddhh de los imputados. Pero reconoció que disponían de informes del Servicio Penitenciario que señalaban que no estaban en condiciones de alojar a internos de esa edad, que poblaron las cárceles como consecuencia de estos juicios. Y también admitió que estaban excedidos los límites máximos de prisión preventiva en muchos casos, reconociendo también, respecto de nuestra imputación de discriminación, que la ley argentina no hace distingos por razones del delito que se investiga.
Les fue recordado en la audiencia que en más de 13 años de juicios solo se completaron el 34% de las causas por lo que, de mantenerse como en los últimos 13 años el 60% de la Justicia Federal abocada a estos procesos, se necesitarían 28 años para completar las causas existentes; ello sin seguir sumando causas nuevas. Y que la inacción del gobierno no es inocua ya que desde que asumieron el gobierno han muerto 115 personas detenidas.
Al término de la audiencia, el representante del gobierno argentino pidió por su parte que la Comisión le diera traslado de los múltiples pedidos de medidas cautelares formulados en nombre de los presos políticos.
La Embajadora argentina ante la OEA felicitó a las delegaciones de ambas asociaciones por la claridad y contundencia de las exposiciones.
En resumen, estimamos que la realización de esta audiencia, la primera que se obtiene en un ámbito que manifiestamente no es favorable, constituye, pese a su objetivo parcial, un paso muy importante en la lucha que nuestra Asociación decidió emprender, contra viento y marea, hace ya ocho años.
Veremos ahora si ella se traduce en resultados objetivos.
