Por Mariano De Vedia publicado en www.lanacion.com.ar
Varias entidades del ámbito castrense dijeron que la medida firmada por el ministro Luis Petri es “inexplicable e infundada” y reclamaron “el cese de estos juicios de venganza”
Como una “inexplicable e infundada resolución” recibieron distintas organizaciones del ámbito castrense la decisión del gobierno de Javier Milei de dar de baja a 23 militares retirados que habían sido condenados por delitos de lesa humanidad. La medida fue adoptada el lunes último, al confirmarse las sentencias firmes de cuatro generales y 19 coroneles –todos retirados-, mediante la resolución 72/2005, firmada por el ministro de Defensa, Luis Petri, por requerimiento de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
“La Procuraduría de Investigaciones Administrativas dependiente de la Procuración General de la Nación, le ha requerido al Ministerio de Defensa que proceda a dar de baja a personal militar condenado por los hechos ocurridos en los años 70 del siglo pasado. Dicha Procuraduría no es un órgano judicial y no está habilitada para ordenar absolutamente nada, ni al Poder Ejecutivo, al Legislativo, ni al menor de los Jueces de la República”, expresaron en un pronunciamiento conjunto la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, el Foro de Generales Retirados y el Foro de Almirantes, entre otras organizaciones.
Si bien la baja alcanza a generales y coroneles retirados del Ejército, la preocupación se extiende a sectores vinculados con la Armada y la Fuerza Aérea, ante la perspectiva de que en el mediano plazo se dispongan más bajas, a medida que los procesos abiertos a militares acusados de violaciones a los derechos humanos lleguen a “sentencia firme”.
Las entidades consideraron que “es necesario que la nueva política, que se ha manifestado hasta ahora tan valiente y lúcidamente contra el núcleo mismo del siniestro pacto que signó el rumbo de nuestra Argentina en los últimos veinte años, disponga el cese de estos juicios de venganza”, al rechazar una vez más la reapertura de los procesos judiciales contra militares y civiles dispuesta durante el período kirchnerista.
Afirman, al respecto, que dichos juicios fueron “materializados con el único fin de mantener vivo el odio, la discordia y los millonarios negociados llevados adelante, hasta el día de hoy, bajo su amparo”. Y le piden expresamente al presidente Milei que impulse “el cierre definitivo de esta tragedia”.
También firmaron la declaración el Centro de Estudios Salta, la Asociación de Abogados Defensores de los Derechos Humanos de Latinoamérica, la Unión de Promociones, la Unión de Personal Militar Asociación Civil, la Asociación de Veteranos de Guerra contra el Terrorismo y la Asociación Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina.
Hubo cuestionamientos a la resolución firmada por el ministro de Defensa, Luis Petri
Las organizaciones advirtieron que la baja del personal militar “alcanza a muchos oficiales que tenían grados subalternos al momento de los hechos, algunos de los cuales fueron condecorados por el valor en combate en la Guerra de Malvinas”, en referencia al coronel Horacio Losito. También señalaron que, al afectar el haber jubilatorio de retiro, la decisión “deja en la indigencia a adultos mayores viudos de un ingreso alimentario generado en base a aportes que no pueden ser confiscados”.
En razón de ello, expresaron que la resolución del Ministerio de Defensa, que receptó el requerimiento como si fuera una orden judicial, cita como fundamento determinados tratados internacionales que nada disponen respecto de la baja de personal militar y la quita de haberes, contrariando sí expresamente convenciones internacionales humanitarias de rango constitucional como son la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre y muy especialmente la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. La baja militar, sin embargo, está contemplada en la ley 19.101, que rige desde 1971 para el personal de las Fuerzas Armadas.
“Se trata de otra de las lamentables consecuencias de la ilegal reapertura de estos juicios contra el personal militar, de fuerzas de seguridad y de fuerzas policiales que combatieron el terrorismo en los años 70, así como civiles incluidos en esos procesos”, concluye la declaración conjunta.
“Un mensaje claro”
Asimismo, el presidente del Foro de Generales Retirados, general José Luis Figueroa, lamentó la “decisión administrativa” que dispuso la baja de los militares condenados, por la cual “se les quitan hasta los derechos previsionales a oficiales, la mayoría veinteañeros en los 70 y algunos héroes de la Gesta de Malvinas, reconocidos por los mismos ingleses”. Señaló que la medida “afecta a quienes dieron todo por la Nación y profundiza las heridas ya abiertas”.
“Esta destitución no es solo un acto administrativo; es un mensaje claro a todos los que sirvieron y sirven a la Nación: el sacrificio por la Nación será ignorado si no se ajusta al relato del momento”, sostuvo Figueroa, en alusión a la intención del gobierno de Milei de promover la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al terrorismo y al narcotráfico.
Figueroa dijo que la resolución firmada por Petri “nos causa un gran dolor y desilusión” y sostuvo que “un gobierno que asumió con todas las expectativas sectoriales favorables debe recuperar la credibilidad de esta parte de los argentinos, colocando esta problemática en agenda, definirse y darle una respuesta política acorde a sus manifiestas convicciones que compartimos”.
“Las consecuencias de toda guerra, más interna, requiere una solución política, como en su tiempo lo hicieron Raúl Alfonsín y Carlos Menem, colocándose por encima del enfoque parcial y especulativo que luego adoptaron los Kirchner, que hoy orienta los aspectos políticos y jurídicos del Estado en este aspecto”, advirtió el presidente del foro, que reúne a unos 120 generales de cuarenta promociones de egresados del Colegio Militar.
