Por Redacción publicado por www.misionesonline.net
Mientras la fuerza conmemora un nuevo aniversario de su creación, crecen la preocupación y el malestar por los bajos salarios, el éxodo de efectivos y la crítica situación de la obra social IOSFA, que afecta a cientos de miles de afiliados en las fuerzas armadas y de seguridad.
Gendarmería Nacional Argentina cumple hoy 87 años desde su creación, un aniversario que llega en un contexto marcado por la profunda crisis que atraviesan sus integrantes y los efectivos del resto de las fuerzas federales y armadas del país. El deterioro salarial, la precarización del sistema de salud y un horizonte profesional incierto derivaron en un fenómeno silencioso pero alarmante: más de 2.200 bajas voluntarias se registraron en lo que va del año en las fuerzas federales, siendo Gendarmería la segunda más afectada, con casi 400 efectivos que abandonaron sus puestos durante el primer semestre.
Si bien el tema no es nuevo, sino que se viene agravando en el último año y medio, no hubo referencias al serio problema que se vive en las filas, al menos no públicas de parte de los funcionarios que están al frente de las fuerzas, Patricia Bullrich y Luis Petri.
La situación sin embargo si preocupa a los altos mandos de las fuerzas y golpea la operatividad interna. Según fuentes castrenses, muchos de los que se van no lo hacen por falta de vocación, sino por necesidad. “No se fue cualquiera”, admitió recientemente un jefe del Ejército, en referencia al traspaso de cuadros formados —como comandos, buzos tácticos y paracaidistas— a fuerzas provinciales como la nueva policía antidrogas de Córdoba, que ofrece sueldos cercanos a los $2 millones, casi tres veces más que lo que percibe un gendarme con jerarquía baja, cuyo salario ronda los $700.000.
La comparación con el costo de vida es brutal. Según el INDEC, la línea de pobreza para una familia tipo supera el millón cien mil pesos, lo que deja a muchos efectivos por debajo de esa cifra. Endeudamiento, changas y renuncias se convirtieron en parte del día a día de quienes hasta hace poco consideraban su rol como un destino de por vida.
Pero el drama no se agota en el bolsillo. La obra social IOSFA, que presta cobertura a unos 600.000 afiliados —entre personal activo y retirado del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Gendarmería y Prefectura— atraviesa una de las peores crisis de su historia. A mediados de 2023 mostraba superávit; hoy acumula una deuda de más de $160.000 millones y crece a razón de $19.000 millones mensuales.
Las consecuencias son devastadoras: tratamientos de alto costo suspendidos, afiliados que postergan cirugías esenciales, medicamentos que no se entregan y clínicas que interrumpen sus servicios. Solo en junio, se registraron en promedio 90 prestadores por día que dejaron de atender por falta de pago. En redes sociales circulan testimonios que conmueven y enfurecen. Uno de los más virales fue el de un exintegrante de Prefectura que lucha contra un cáncer sin cobertura médica. Su historia, replicada por cientos de usuarios, retrata la desesperación que comparten muchos otros.
La conducción del IOSFA también atraviesa una inestabilidad institucional crítica. En menos de dos años de gestión del ministro de Defensa Luis Petri, la obra social ya tuvo tres presidentes. La actual titular, la contadora Betina Surballe, asumió hace un mes tras la salida de Roberto Fiochi, que, al igual que su antecesor Oscar Sagás, renunció en medio de denuncias por el caos administrativo.
Surballe llega al cargo con antecedentes polémicos: mientras dirigía el Instituto de Ayuda Financiera (IAF), autorizó un préstamo de $40.000 millones al IOSFA con una tasa anual del 52%, que hoy se devuelve con fondos que salen del bolsillo de los propios afiliados. La operación generó un fuerte rechazo en el interior de las fuerzas. En sus primeros días al frente del IOSFA, Surballe también pidió al ministro Petri que reemplace a los representantes de las Fuerzas Armadas en el Directorio, con los que las anteriores gestiones habían tenido serios conflictos.
El deterioro no se limita a lo financiero. Un informe interno firmado por el general retirado José Luis Figueroa —exintegrante del directorio del IOSFA— denuncia que la obra social pasó de tener “prestaciones en funcionamiento y reservas positivas por $25.000 millones en diciembre de 2023” a enfrentar una situación de colapso. La falta de auditores médicos, consecuencia de los bajos sueldos y la pérdida de profesionales, ha dejado sin control ni supervisión a clínicas y prestadores, alargando innecesariamente internaciones y demorando la provisión de insumos vitales como marcapasos, stents o prótesis.
IOSFA cuenta con más de 3.000 empleados directos y otros 1.000 provenientes de las fuerzas armadas, además de una red de 33 farmacias y más de 30 hoteles y centros recreativos que, según su anterior titular, “no son rentables” y generan un gasto estructural permanente. Todo el sistema, advierten exfuncionarios, es inviable sin un auxilio económico del Estado.
En este contexto, la celebración del aniversario de Gendarmería se vuelve un acto de resiliencia más que de festejo. La vocación persiste, pero el sistema que debía sostenerla muestra señales de agotamiento. Y mientras las banderas se izan en los cuarteles, el reclamo por condiciones dignas de trabajo y salud se extiende en silencio entre quienes aún eligen servir al país.
