Por Patricia Blanco publicado en www.infobae.com
Cuatro marinos se preparan para enfrentar juicio oral por la tragedia. En Comodoro Py la jueza Servini dio por finalizada una causa por la compra de las baterías de la nave
Siete años después de la denuncia, la jueza federal María Servini decidió cerrar la denuncia contra el ex jefe de Gabinete kirchnerista Aníbal Fernández y los ex ministros de Defensa, Nilda Garré y Agustín Rossi, por distintas irregularidades que rodearon compras y mantenimiento del submarino ARA San Juan, la nave que se hundió con 44 personas tripulantes en noviembre de 2017 por razones que aún no terminan de esclarecerse, indicaron a Infobae fuentes judiciales.
El 15 de noviembre de 2017, el submarino ARA San Juan de la Armada Argentina desapareció de las aguas del mar argentino, con 44 personas a bordo. La nave fue encontrada un año y dos días después por una empresa privada, muy cerca del punto de desaparición y en el lugar donde se suponía que se encontraba, a 907 m de profundidad. Estaba a unos 505 kilómetros del litoral marítimo argentino; en línea perpendicular con la costa de la localidad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz. La Justicia intenta determinar si existió responsabilidad penal por parte de las autoridades que posibilitaron que el submarino y sus 44 tripulantes, zarpara del Puerto de Mar del Plata el 24 de octubre de 2017 y no llegara a su destino.
La hipótesis de la causa sostiene que hubo un “incumplimiento imprudente que habría quebrado el deber de cuidado a cargo de los imputados en virtud del cargo o posición de mando que detentaban como oficiales superiores de la Armada Argentina, lo que habría llevado a un deficiente estado en el alistamiento del material por ausencia de mantenimiento regular y del adiestramiento del personal; conducta (acción por omisión culposa) que guardaría suficiente nexo causal con el hundimiento por implosión”.
En septiembre pasado, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó que un tribunal oral juzgue al contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, quien en el momento de la tragedia era comandante de Adiestramiento y Alistamiento (máximo cargo operativo en la Armada); el capitán de navío Claudio Villamide, quien conducía la Fuerza de Submarinos; el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa. Están procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte. También decidió mantener abierta la investigación sobre las responsabilidades políticas que tuvieron vinculación con esa tragedia. En esa hipótesis aparecían señalados el expresidente Mauricio Macri, el exministro de Defensa Oscar Aguad y el ex jefe de la Armada Marcelo Srur.
Pero apenas ocurrió el hundimiento, hubo denuncias en Comodoro Py 2002 para investigar irregularidades sobre el funcionamiento de la nave. La entonces diputada Elisa Carrió denunció a los ex ministros de Defensa Agustín Rossi, Nilda Garré y Arturo Puricelli y al ex jefe de Gabinete de Asesores de ese ministro, Raúl Garré. Se trató de una presentación por la posible conformación de una asociación ilícita ante supuestas irregularidades que se habrían cometido en las tareas de reparación de la flota de mar y los submarinos, entre 2005 y 2015, que recayó en manos del entonces juez federal Sergio Torres. También el abogado Santiago Dupuy De Lomé radicó otra denuncia para analizar los procesos de licitación para acondicionar y reparar los buques de la Armada y en especial el ARA San Juan, en un expediente que recayó en el juzgado de María Servini.
Hubo allanamientos y pedidos de informes. También se ordenó un peritaje contable sobre el proceso de reparación del hundido submarino ARA San Juan así como del buque Almirante Irizar, en el marco de una investigación ante sospechas de malversación de fondos públicos.
Puntualmente, la jueza apuntó a saber si en el marco de estos procesos licitatorios que tuvieron lugar desde el año 2005 hasta el año 2015, los funcionarios públicos desplegaron conductas tendientes a beneficiar a las empresas adjudicadas o bien obtener un provecho propio a partir del contrato o licitación similar. Los denunciantes pusieron en conocimiento diversas anomalías detectadas en la reparación de “media vida” del submarino ARA San Juan entre diciembre de 2008 y junio de 2014, en el Complejo Industrial y Naval Argentino (Cinar).
Conforme surge de la Resolución N° 1103/2008 del Ministerio de Defensa, la reparación del buque habría sido realizada en el complejo formado por la integración de los astilleros Tandanor y Almirante Storni (ex Domecq García). Entre las principales obras supuestamente realizadas se destaca el reemplazo de los cuatro motores diésel, la reparación completa de los cuatro equipos generadores que se utilizan para la carga de baterías, el re placado y la reparación integral de las novecientas sesenta baterías que hacen funcionar al submarino.
“De la totalidad de las medidas de prueba que se han llevado a cabo durante estos siete años, como ser, declaraciones testimoniales, pagos efectuados, informes técnicos del Ministerio de Defensa de la Nación, de la Armada Naval Argentina, Jefatura de Gabinete de Ministros, Ministerio de Hacienda y la Sindicatura General de la Nación, pero fundamentalmente la pericia que se ordenara donde intervinieron distintos peritos especializados en la materia que se investiga, para hacer mención solamente a alguno de ellos, y luego del extenso trámite que tuvo el mismo, no han resultado suficientes siquiera para configurar el estado de sospecha que exige el ordenamiento procesal, en los términos del artículo 294 por lo que, entiendo que se ha llegado a un estadio en el que resulta necesario dar una respuesta jurisdiccional, que en este caso es dar por finalizada la pesquisa”, señaló la magistrada en una resolución firmada días atrás a la
