El primer megaoperativo, en 2014, ocupó a 3400 efectivos en procedimientos de saturación y destrucción de búnkeres; la actual ministra de Seguridad tuvo el suyo en 2016; el kirchnerismo montó uno hace un año y llevó al terreno a las fuerzas armadas
Hace un año y diez días, el estado de conmoción pública provocado por la violencia desenfrenada del narcotráfico obligaba al Poder Ejecutivo Nacional a disponer un amplio desembarco de fuerzas federales en Rosario. No era la primera vez. Y, como en las anteriores ocasiones, ese despliegue no sirvió para revertir la crítica situación. Ahora, con otro Gobierno, pero con las mismas circunstancias, la historia se repite.
Es el noveno megaoperativo federal en una década. El primero fue en 2014, un año después de que el asesinato de Claudio “Pájaro” Canteros, líder de Los Monos, desatara una guerra entre bandas narco que comenzó a llevarse puesto al poder político provincial con el atentado armado contra la casa del entonces gobernador, Antonio Bonfatti, en octubre de 2013.
A pesar de esos despliegues –a los que se sumaron, oportunamente, refuerzos que completan ya más de una docena de operativos ad hoc– en la tercera ciudad más poblada del país la tasa de homicidios no dejó subir; cerró 2023 con 22 asesinatos cada 100.000 habitantes, casi cinco veces más que el promedio nacional.
El Operativo Bandera, que lanzó la administración de Javier Milei hace poco más de un trimestre, cuando el crimen organizado desafió de lleno al estado santafesino, con amenazas directas al gobernador Maximiliano Pullaro, es el más reciente. Pero aunque se registró una fuerte baja en el número neto de homicidios (cayeron a la mitad con respecto al conteo mensual del año anterior), el complemento no bastó. Cuatro asesinatos de “víctimas inocentes”, en un contexto de escalada en el enfrentamiento de las bandas narco con el Poder Ejecutivo provincial, que había apretado con toda la fuerza las clavijas de los controles a los presos de “alto perfil” que organizan operaciones y ataques desde sus celdas, obligaron a la Nación a enviar más efectivos. Y, como lo hizo Alberto Fernández el 7 de marzo de 2013, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich también anunció el aporte de las Fuerzas Armadas en el combate al delito urbano.
Como hace un año, el despliegue del Ejército se presentó como un “diferencial” en el operativo de guerra contra el “narcoterrorismo”. Pero lo cierto es que la presencia de militares será poco más que “testimonial”, ya que la ley de Seguridad Interior vigente impide a las Fuerzas Armadas realizar patrullajes o inmiscuirse en la persecución del delito. Su rol se limitará, otra vez, al aporte logístico. Lo hacen habitualmente en zonas de catástrofes o ante grandes contingencias, como inundaciones o aludes. Incluso estuvieron en Rosario dando asistencia durante las primeras semanas de la pandemia de Covid-19.
En 2013, el batallón de la Agrupación de Ingenieros arribó con topadoras para abrir calles y realizar tareas de zanjado, de forma de mejorar la interconexión barrial en una trama urbana intrincada que los narcos y los sicarios aprovechan para golpear y huir del brazo de la ley. La última semana arribaron a Rosario decenas de camionetas del Ejército como parte de una avanzada de material que utilizarán las fuerzas de seguridad federales en el territorio; se espera que lo que realmente pueda hacer una diferencia es el aporte de drones y de al menos un helicóptero. Por ahora, la Gendarmería se ocupará de darles seguridad armada durante el despliegue.
Números opacos
Las cifras del despliegue siempre son una incógnita. En parte porque las diversas etapas de los operativos especiales requieren distintas cantidades de personal y medios, en función de objetivos que son limitados en el tiempo; en parte, también, porque esos mismos recursos son finitos y eventualmente aparecen nuevos objetivos para cubrir en otras zonas del país. Uno de los motivos por los cuales en 2021 se creó el Destacamento Móvil 7 de la Gendarmería con asiento en Rosario tenía que ver, justamente, con prolongar la estancia de efectivos federales en el conflictivo territorio.
“Producto del desborde en Rosario aumentaron en los últimos años los homicidios y las que llamamos organizaciones multirrubro. Nos preocupa especialmente el modelo de extorsión a comerciantes”, dijo Bullrich a principios de febrero, cuando anunció los primeros resultados del Operativo Bandera y señaló bajas del 35% en la estadística de homicidios. En ese momento se detalló que, para colaborar con el gobierno de Pullaro, el Ministerio de Seguridad había asignado 3049 efectivos federales a las zonas de mayor peso narco en Rosario y 280 forman parte de un equipo especial de investigaciones en esa ciudad.
Pero dos semanas atrás, un funcionario provincial conocedor de lo que pasa en el territorio santafesino en materia de seguridad confiaba a LA NACION que cuando estalló el más reciente capítulo de la saga de terror narco en Rosario, el martes 5 de marzo pasado, había solo un centenar de efectivos federales (divididos en tres turnos) con una docena de móviles para realizar tareas preventivas (esencialmente, controles poblacionales enfocados en el tránsito de vehículos) en dos polígonos de la ciudad que incluían los barrios Empalme Granero, Tablada, Ludueña y General Las Heras.
El escalofriante crimen del playero Bruno Bussanich, el sábado 9, obligó al relanzamiento del Operativo Bandera con la constitución de un comité de crisis bipartito y el desembarco de más fuerzas federales: 450 efectivos de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, más 22 camionetas del Ejército y de la Armada.
Pero las dudas con respecto a la “letra chica” de los despliegues no son novedosas: se repitieron en cada operativo durante la última década. Los números que las autoridades ponen sobre la mesa son siempre vidriosos e invitan a la confusión. El año pasado, el gobierno peronista prometió comisionar 1400 agentes federales a Rosario. Tras el anuncio de hace un año llegaron 100 policías federales –en rigor, recambio de agentes que ya estaban en el territorio– y 300 gendarmes que se acoplaron a los 1100 del Destacamento Móvil 7, creado en 2021 ante el crecimiento exponencial de la violencia y los crímenes en la mayor ciudad santafesina, pero implementado por etapas a partir de 2022.
Racconto
El primer gran desembarco de fuerzas federales para paliar el desmadre de la criminalidad, producto de la guerra entre bandas y la virtual aquiescencia de la policía local, se produjo en abril de 2014, cuando Sergio Berni, entonces viceministro de Seguridad de la Nación, arribó a Rosario al frente de 3400 efectivos.
El llamado “Operativo Rosario” pretendió instalar una presencia masiva de uniformados fuertemente pertrechados y armados, con despliegues rápidos y operativos de saturación en zonas en las que, hasta ese momento, las bandas del crimen organizado se movían a sus anchas sin oposición de la policía. Especialmente, en la zona sur de Rosario, donde Los Monos se habían hecho fuertes.
Esa operación especial comandada por Berni tuvo una marca distintiva: la destrucción de búnkeres de drogas. Fueron decenas, a pesar de que el correlato de esa acción en términos de secuestro de estupefacientes fue magra: apenas 6,9 kilos de cocaína incautados entre abril y diciembre de 2014, cuando, además, comenzó la primera causa contra Los Monos por comercio y distribución de estupefacientes, por la cual finalmente fueron condenados.
A partir de 2015, la presencia de efectivos federales en Rosario se fue deshilachando. En silencio, prefectos, policías federales y los gendarmes que no estaban destinados al Destacamento Móvil 2 tomaron sus bolsos y se fueron. Era año electoral, la seguridad era un tema central de la campaña presidencial y muchos de aquellos efectivos terminaron en distintos municipios del conurbano jaqueados por el delito.
Tras la victoria de Cambiemos, y con la violencia en Rosario nuevamente desbocada, Bullrich, que fue la ministra de Seguridad de Mauricio Macri durante sus cuatro años de gobierno, acordó un nuevo megaoperativo federal con Santa Fe. Mandó 3000 gendarmes a la ciudad, aunque también pretendía impulsar una intervención a la Policía de Santa Fe, a la que se consideraba parte del problema de la violencia narco.
Hubo una baja en la tasa de homicidios, aunque el problema se amesetó a un nivel alto que propició un nuevo salto en la criminalidad organizada y sus consecuencias sangrientas en Rosario. El triunfo nacional del Frente de Todos fue el mojón del lanzamiento de un nuevo operativo de refuerzo de seguridad federal que prometía soluciones para la castigada ciudad.
En marzo de 2021, tras una seguidilla de cinco asesinatos en 12 horas, y con el sicariato completamente desatado en la ciudad, la ministra de Seguridad Sabina Frederic envió 300 prefectos y policías federales a patrullar la zona céntrica rosarina. No bastó.
En septiembre de 2021 se aprobó la creación del Destacamento Móvil 7 de la Gendarmería. El reemplazante de Frederic, Aníbal Fernández, dispuso un nuevo desembarco de 575 efectivos. Pero la ocupación efectiva de ese destacamento móvil (que funciona en contenedores especialmente acondicionados), tardó más de lo esperado. Recién en mayo de 2022 comenzó a acoger a sus primeros 300 efectivos.
Cada operativo, en estos últimos diez años, se fundó sobre las cenizas del anterior, con números imprecisos y sin que la población conozca el cumplimiento de objetivos. El resultado, hasta ahora, está a la vista: en Rosario cada vez hay más miedo.
Fernando Rodríguez
Publicado en www.lanacion.com.ar
