Nuevos vientos parecen soplar en la relación entre el poder político y las instituciones militares, humilladas durante los gobiernos kirchneristas
El ministro de Defensa, Luis Petri, se ha propuesto reivindicar a las Fuerzas Armadas, reequiparlas y potenciar su accionar con las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico y su última variante, el terrorismo. Lo asiste la razón cuando sostiene que el kirchnerismo “restringió el rol de las Fuerzas Armadas”, demonizándolas y maltratándolas. Imperó un sesgo ideológico que impidió que los militares sirvieran a la sociedad salvo casos excepcionales, como el de socorrerla ante catástrofes de la naturaleza. Sin embargo, los hombres provocan, por su parte, otras catástrofes, como las guerras.
Ahora, en consonancia con el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el ministro Petri está abocado a la elaboración de una nueva ley de seguridad interna. Lo urge la necesidad del Gobierno de contar con respaldo legal para el apoyo logístico que unidades militares prestarán en Rosario en el combate contra las mafias del narcotráfico. Estas mataron, hace apenas unos días, a cuatro ciudadanos inocentes a sangre fría en respuesta a la eliminación de los privilegios carcelarios con que contaban los jefes ya condenados de aquel submundo.
Los cambios previstos descartan que se autorice a los militares a usar armas en la lucha contra las bandas que asuelan Rosario. En la lucha entre el orden legal, por un lado, y el crimen organizado, por el otro, no está dicha nunca la última palabra. Caben desde la declaración del estado de emergencia hasta la medida excepcional, de jerarquía constitucional, de imposición del estado de sitio por decisión del Congreso y, en receso de este, por el Poder Ejecutivo, hasta su ratificación o no cuando se retome la actividad legislativa.
En un hecho de entidad menor, se observan los nuevos vientos que soplan en la relación entre el poder político y las Fuerzas Armadas en oposición a las humillaciones que estas sufrieron durante los 16 años de gobiernos kirchneristas que promovieron la actual situación de desquicio del orden público y la seguridad de los habitantes.
Un ejemplo de ello es la respuesta formal dada por Guillermo Madero, subsecretario de Planeamiento del Ministerio de Defensa, al requerimiento de remisión del legajo con toda la información personal, historias clínicas y datos de la familia de un militar, hecho por Claudia Carlotto, titular de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi).
Madero recuerda a esa comisión que la ley 25.326 dispone la protección integral de los datos personales como medida fundamental para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, mientras que la ley 26.529 establece que “el paciente es el titular de la historia clínica”. La respuesta consigna, además, que la información contenida en el legajo personal de un efectivo de las Fuerzas Armadas es información protegida por el secreto militar, con acceso restringido solo para autoridades competentes. Ese secreto puede ser relevado por orden judicial en virtud de las potestades y funciones encomendadas al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal de la Nación; nunca por un organismo de la administración pública.
Diversos artículos de la Constitución nacional reconocen el derecho a la privacidad, mientras que tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos –ambos incorporados a la Constitución– protegen la honra y dignidad de los individuos. Establecen, además, la prohibición de injerencias arbitrarias del Estado en la vida privada de una persona y su familia. De tal modo, los datos personales de miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad y sus familias solo podrían ser revelados por razones justificadas por las autoridades competentes del área, o por una orden judicial, inexistente en el caso que referimos.
Este episodio debe celebrarse como expresión del regreso a la legalidad en el trato al personal militar. Durante demasiado tiempo las garantías que asisten a todo ciudadano fueron cercenadas a los militares como consecuencia de una discriminación sin antecedentes en la vida democrática argentina.
Esto ha constituido un precedente vergonzoso, fomentado o tolerado por los tres poderes del Estado durante los últimos veinte años. Y bastante silenciado, convengamos, por quienes podrían haberlo denunciado en voz más alta de no haber sido por el clima persecutorio que sufrieron quienes estuvieron dispuestos a sostener que el precio por el terror de los años setenta solo lo pagaban las Fuerzas Armadas y no las bandas subversivas que el presidente Perón ordenó exterminar, y su sucesora y esposa, aniquilar, muchos de cuyos miembros recibieron cargos y jugosas indemnizaciones.
La imposición de una falsa política de derechos humanos avasalló las leyes vigentes y los derechos individuales. No puede dejarse de recordar que el Programa Verdad y Justicia que funciona en el Ministerio de Justicia extendió su influencia a todas las áreas del Estado.
La designación de una de las funcionarias de aquel programa, Natalia Federman, al frente de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa durante la gestión kirchnerista, requirió decretos de excepcionalidad por tratarse de una ciudadana británica. A Federman se le permitió acceder sin restricciones a secretos militares de la república. Hija de un ex miembro de las Fuerzas Armadas Peronistas exiliado y, a su regreso al país y durante veinte años, jefa de prensa de la embajada del Reino Unido en Buenos Aires, Federman instrumentó el desembarco de “Equipos de Relevamiento y Análisis Documental”, formados por jóvenes militantes. Tenían la misión de hurgar en la documentación obrante en los archivos militares. Fue la primera vez en la historia argentina que investigadores no pertenecientes a las Fuerzas Armadas contaron con “acceso irrestricto” a la documentación, archivos y secretos militares.
Ningún fin, por loable que pudiera resultar para algunos, puede ser llevado a cabo en violación de las garantías individuales de las personas. Los Estados imponen reglas estrictas a fin de otorgar competencia solo a determinadas autoridades para acceder a información y datos vinculados con secretos de Estado. La vida civilizada en regímenes democráticos obliga, en todos los órdenes, a transitar por el camino de la legalidad.
La actitud asumida por el Ministerio de Defensa ante la requisitoria de un organismo de su propio gobierno fue la correcta. Se confirma así la impresión de que en ciertos terrenos de la vida pública se está recuperando la cordura.
Editorial LA NACION
Publicado en www.lanacion.com.ar
