Interviene el fiscal Santiago Eyherabide
Fiscalías. Seis personas fueron procesadas. Uno es policía bonaerense y otro es integrante de la Prefectura Naval.
Se los acusa de haber conformado una asociación ilícita para cometer estafas y defraudaciones vendiendo como propios bienes ajenos y usurpando previamente inmuebles con maniobras que incluían la actuación en calidad funcional. En dos de los domicilios allanados se encontraron armas sin permiso de tenencia legítima.
El Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata dictó el 4 de diciembre pasado el procesamiento de cinco personas como integrantes de una asociación ilícita conformada para adquirir de manera fraudulenta o ilegal viviendas y terrenos mediante la confección y utilización de documentos ideológicamente falsos. De acuerdo con la resolución judicial, las personas imputadas operaban en ocasiones a partir de la información que brindaban dos integrantes de la organización que se desempeñan como efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires y de la Prefectura Naval Argentina.
Tras once allanamientos realizados el 8 de noviembre pasado, un sexto imputado quedó detenido -y luego fue procesado- por encontrarse en una de las viviendas, en poder de una de las dos pistolas secuestradas en el caso sin autorización para su uso o tenencia. En tanto, permanece prófugo uno de los posibles líderes de la organización, acusado por hechos de estafas, defraudaciones como la del estelionato -vender como propios bienes ajenos- y la usurpación de terrenos. El juez federal Santiago Inchausti dispuso embargos de 30 millones de pesos para cada procesado/a.
El acusado como líder de la asociación ilícita y el prefecto fueron procesados con prisión preventiva, mientras que el padre del principal imputado, sindicado como miembro de la organización, y el imputado por tenencia ilegítima de arma de fuego, fueron procesados con prisión preventiva hasta tanto den cumplimiento a la caución personal dispuesta, para el primero de 2 millones de pesos y para el segundo de 500 mil pesos.
La única mujer imputada y el policía provincial fueron procesados sin prisión preventiva, pero deben cumplir con una caución personal, bajo apercibimiento de ordenar su detención. Todos, además, tienen prohibición de salida del país.
La investigación del caso fue llevada a cabo por la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata, a cargo de Santiago Eyherabide, y con la asistencia del auxiliar fiscal Hércules Giffi, a partir de una denuncia anónima recibida en la División Antidrogas Mar del Plata de la Policía Federal Argentina.
De acuerdo con la resolución judicial, el modo de operar de la organización, al menos desde agosto de 2022, apuntaba a la adquisición ilegal de bienes inmuebles, como lotes, terrenos y propiedades, a partir de documentación adulterada, ideológicamente falsa, sin descartar el uso de documentos falsos o sellos aparentes.
Las pruebas obtenidas de las tareas de investigación, que fueron ponderadas por el juez Inchausti al dictar los procesamientos, se centraron en las tareas de campo realizadas por la fuerza y en las interceptaciones telefónicas, además del resultado de los allanamientos realizados en Mar del Plata -donde hubo ocho procedimientos-, San Vicente, Pablo Nogués y la ciudad de Buenos Aires, que derivaron en el secuestro de dos armas de fuego, municiones, documentación e instrumentos privados y públicos, sellos apócrifos, credenciales de organismos internacionales y de fuerzas de seguridad, recibos de gestiones y trámites inmobiliarios y más de 19 mil dólares, entre otros elementos.
De acuerdo con la resolución judicial, el modo de operar de la organización, al menos desde agosto de 2022, apuntaba a la adquisición ilegal de bienes inmuebles, como lotes, terrenos y propiedades, a partir de documentación adulterada, ideológicamente falsa, sin descartar el uso de documentos falsos o sellos aparentes. Su cometido, de acuerdo a la acreditación de la hipótesis delictiva en esta instancia del proceso, lo alcanzaban por medio de distintas modalidades, como por ejemplo la tenencia de material o instrumentos para cometer falsedades documentales, la intimidación a través de la usurpación de autoridad o de título, o incluso utilizando alguna forma de amedrentamiento ostentando una autoridad falsa o con la utilización de armamento.
Una vez concretada la apariencia de legalidad de las operaciones -que habría contado con la labor de una de las acusadas, vinculada a una escribanía localizada en la ciudad de Buenos Aires-, las propiedades eran vendidas, intercambiadas por otros bienes o conservadas. Al momento de allanarse el domicilio de la única mujer procesada se encontraron 50 escrituras labradas entre junio y octubre de este año.
La información reunida no ha podido corroborar ni descartar la hipótesis de que la organización también realizaba actividades vinculadas al comercio de estupefacientes, respecto que se barajó una primera etapa.
Con uno de los casos que logró dilucidarse en la investigación de la causa, quedó al descubierto una maniobra sufrida por al menos un hombre, a quien contactaron desde la organización con la excusa de asesorarlo en el trámite para escriturar su propiedad. La banda le cobró por este trámite una suma de dinero, pero sin embargo el ocupante nunca tuvo acceso al título de propiedad. “La documentación secuestrada revela que la mecánica consistía en realizar cesiones fraudulentas de boletos de compraventa con el propósito de simular la trasmisión de tales terrenos y transcribir dichas cesiones en escrituras, convenciendo así a los ocupantes de los terrenos que habían regularizado la posesión y que contaban con título de propiedad”, indica el procesamiento.
De acuerdo con la investigación, para que estas situaciones ocurrieran la banda tenía armado un mecanismo que dependía principalmente de las indicaciones, movimientos y negociaciones que llevaba adelante uno de los principales acusados y el integrante de la Prefectura, a partir de la información que les brindaba un efectivo policial que revistaba en la comisaría quinta, con jurisdicción en zona sur de la ciudad, como podía ser la constatación de lotes de terrenos cuyos titulares estuvieran fallecidos o que llevaban acumulada una importante deuda por impuestos.
El agente de Prefectura, de acuerdo a la acusación, no sólo asistía en ocasiones a los eventuales compradores, sino que les cobraba el dinero pactado o intervenía en los procesos de adulteración de documentación. Para el juez esto está acreditado si se contemplan los elementos que fueron secuestrados en su vivienda, como sellos, tanto para certificar firmas o copias y con el nombre de una escribana que, se constató, no está registrada en el Colegio de Escribanos. El juez concluyó que el imputado se valía de su calidad de integrante de una fuerza “para así obtener información sobre investigaciones en curso y posibles allanamientos y dar aviso con anticipación a la organización de la que era parte”.
Publicado por www.fiscales.gob.ar
