Es posible que, como sucedió con otras tragedias similares protagonizadas por submarinos, nunca se conozcan las causas de lo que verdaderamente ocurrió con el ARA San Juan, pese a que aún trabajan en el esclarecimiento la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, a cargo de la investigación, y una comisión investigadora creada por el Poder Ejecutivo, integrada por dos contraalmirantes y un capitán de navío, padre de uno de los tripulantes del sumergible perdido, todos ellos submarinistas y excomandantes del ARA San Juan.
La desaparición de la nave ha consternado a toda la sociedad y ha dejado sin consuelo a las familias de los 44 tripulantes, pero también ha provocado una situación inédita dentro de la Armada Argentina. No solo ha quedado prácticamente descabezada la cúpula de la Marina a partir del pedido del presidente Macri del pase a retiro de su cuestionado jefe, Marcelo Srur, sino también por el alejamiento por decisión propia de los comandantes de la Flota de Mar, la Infantería de Marina, la Aviación Naval y Mantenimiento y Arsenales.
También, y he aquí lo inédito, se disparó una verdadera caza de brujas entre los oficiales superiores buscando eximirse de la responsabilidad por lo ocurrido desde que se perdió contacto con el submarino, pero también por hechos anteriores que tienen que ver con las condiciones de navegabilidad en las que se encontraba el buque, las reparaciones que se le efectuaron, el estado de sus equipos y demás circunstancias sobre su estado general.
En este clima enrarecido también fueron suspendidos dos oficiales muy respetados: el comandante de Adiestramiento y Alistamiento, contraalmirante Luis López Mazzeo, y el comandante de la Fuerza de Submarinos, capitán de navío Claudio Villamide, máximo jefe de la base naval de Mar del Plata y superior directo del jefe del ARA San Juan. Estas suspensiones fueron adoptadas sin haberse cumplido con los procedimientos y las instancias previstos en la normativa vigente. Tampoco existieron consultas a los comandantes operativos y organismos técnicos.
Los pedidos de retiro voluntario de los cuatro comandantes mencionados fueron decisiones individuales adoptadas a la luz de la magnitud de la ilegalidad y arbitrariedad de la resolución que decidió la suspensión de López Mazzeo y Villamide con las que se intentó eludir la realización de los procedimientos internos que condujeran a establecer de manera objetiva, profesional y responsable, la verdad de los hechos. Ahora, deberán restablecerse el profesionalismo y la responsabilidad del mando, que no pueden quedar subordinados a intereses ajenos a los valores y principios de la Armada Argentina, fuerza en la que, además, todos los marinos, y especialmente los submarinistas, saben que el mar puede ser su tumba.
Por doloroso que sea, hay que aceptar que el tiempo transcurrido y el fracaso de las múltiples búsquedas realizadas por navíos de diversas naciones con modernos equipos indican que será imposible ubicar los restos del submarino y, por lo tanto, averiguar lo sucedido y dar sepultura a los cuerpos. Por eso, el caso requiere un cierre que permita a los familiares realizar el duelo y desalentar a aquellos que aún creen que pueden estar vivos. Pero cierre no es olvido. La erección de un monumento a los 44 héroes y la imposición del nombre ARA San Juan a calles y plazas constituirían un merecido homenaje a los tripulantes y sus familias.
