El 10 de febrero fue un mal día para la embajada norteamericana en Buenos Aires. Un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, un C-17 Globe Master III de gran porte, fue retenido en el aeropuerto de Ezeiza luego dedetectarse que su carga no correspondía con lo declarado.
El 10 de febrero fue un mal día para la embajada norteamericana en Buenos Aires. Un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, un C-17 Globe Master III de gran porte, fue retenido en el aeropuerto de Ezeiza luego de detectarse que su carga no correspondía con lo declarado. Durante un par de días al incidente le pusieron sordina pero luego se convirtió en un tema de debate político.
Cuatro días más tarde, la cancillería argentina entregó una nota a la embajada de Vilma Socorro Martínez (ausente del país), haciendo constar una enérgica protesta. La nota detallaba que entre lo incautado había "armamentos, drogas psicotrópicas y estupefacientes, así como varios elementos de almacenamiento de datos rotulados como secretos, instrumentos para el control de comunicaciones y emisiones de señales, y manuales operativos".
Timerman estuvo presente en la parte culminante del operativo a cargo de Aduana y Policía de Seguridad Aeroportuaria, cuando el personal, alicate de por medio, pudo cortar el candado de una valija de color verde donde estaba parte de lo no declarado. Durante un día los soldados del Norte se turnaban para sentarse sobre la valija a fin de impedir su apertura.
Semejante violación de las leyes argentinas no es la primera vez que ocurre con aeronaves estadounidenses. En agosto de 2010, cuando se iba a dictar un curso "antiterrorista" para la Policía Federal similar al de esta ocasión, ocurrió lo mismo. Pero en esa oportunidad la embajadora Martínez arregló las cosas y el avión volvió tal como había venido, sin que el curso policial se dictara.
Parece una obviedad. No se pueden ingresar a Argentina armas y drogas no declaradas y no autorizadas. Pero los militares estadounidenses y el Departamento de Estado están habituados a moverse por el mundo, y por su ex patio trasero, como si se tratara del Estado nº 51 de la Unión. Esta vez alguien les marcó un límite. Paradojalmente fue Timerman, reputado como un muy buen amigo de Estados Unidos, donde con anterioridad fue cónsul en Nueva York y embajador en Washington.
¿Cuál fue la reacción de la cartera de Hillary Clinton?
Primero hubo una comunicación telefónica del Subsecretario Adjunto para Asuntos Hemisféricos, Arturo Valenzuela, reprochándole a Timerman haber convertido un asunto de Aduana en problema político. De pedir disculpas, nada.
Luego hubo declaraciones de funcionarios que defendieron lo actuado por su Fuerza Aérea y acusaron de mentiroso al canciller argentino. Frank Mora, del Pentágono, hizo declaraciones a TN desmintiendo la denuncia argentina. Reclamó que los equipos retenidos por la Aduana "tienen que ser devueltos lo más pronto posible, inmediatamente para poder resolver el conflicto". El tono fue amenazante. Imperial.
Sin disculpas
Cosas de la justicia argentina: desde el 10 de febrero y hasta ayer 25, la causa pasó por tres juzgados. El titular es el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, pero inicialmente fue subrogado por Ezequiel Berón de Astrada, quien luego le cedió la posta a Rafael Caputo. No fue a propósito pero tantos cambios objetivamente conspiran contra la celeridad y uniformidad en la investigación.
Si es por los tiempos, los más apurados son los militares y políticos del Norte. Se la pasan reclamando la devolución de lo incautado al punto que el vocero del Departamento de Estado, Philip Crowley, declaró que "no sabemos más qué podemos decirles" al gobierno argentino. El funcionario recordó en conferencias de prensa cubiertas por "La Nación" que, en notas fechadas el 11 y el 16 de febrero pasado, habían insistido en ese reintegro.
Lo que Crowley no dijo, y "Gaceta Ganadera" no le repreguntó, es por qué Estados Unidos no había pedido disculpas al gobierno argentino por un trámite ilegal que, además, había sido tan desprolijo.
La explicación de esa conducta mediática estaba a la vista: los medios monopólicos están más cerca de la administración Obama que de los intereses nacionales.
Lo mismo ocurrió con la oposición política, con perlas como la del Peronismo Federal que presentó en Diputados un pedido de informes al Ejecutivo donde preguntaba si no se había podido resolver este entredicho por la vía de la diplomacia. El legislador Alfredo Atanasoff expresó la "preocupación que genera este incidente, que pone en riesgo el normal funcionamiento de la relación bilateral". "La mayoría de los países del mundo aspiran a ser amigos de los Estados Unidos, por el simple hecho de que es el país más poderoso del planeta y nosotros hacemos todo lo posible para convertirlo en nuestro enemigo", añadió el duhaldista.
Otros diputados opositores expresaron que el gobierno argentino había hecho un "papelón internacional", con lo que ratificaban que la bandera que más honran tiene barras y estrellas.
El Palacio San Martín fundamentó la demora en la devolución de lo incautado en que la justicia está investigando. Cuando eso concluya, dijo que irán para el Comando Sur norteamericano los equipos para interceptar comunicaciones, GPS muy sofisticados y elementos tecnológicos de códigos secretos.
Ante esa demora, para ellos exasperante, los funcionarios norteamericanos han comenzado a deslizar a la prensa su explicación: el gobierno kirchnerista habría interceptado esa carga por su enojo ante la no visita de Obama al país en marzo, cuando sí visitará Brasil y Chile. Esa teoría, justificativa del delito, fue planteada desde el primer día por Clarín y La Nación.
Soberanía en serio
Con el acta labrada el 10 y 11 de febrero, y el listado de las gravísimas irregularidades entre lo declarado y lo hallado, queda claro que la Fuerza Aérea extranjera estaba en falta. En contra de esto sólo pueden expresarse el yanqui Valenzuela y el duhaldista Atanasoff.
Lamentablemente para la justicia argentina el debate gira en torno a si se trata de una infracción aduanera, redimible por multa, o contrabando. En rigor parece algo mucho más grave: un delito o atentado contra la soberanía del país. Quedan picando algunas de las preguntas de Timerman: ¿qué uso pensaban darle los norteamericanos a esos equipos tan sofisticados de intercepción de comunicaciones? ¿Y lo de las drogas y medicamentos vencidos? Son interrogantes difíciles de responder para quienes fletaron el avión, que por eso hasta ahora hacen mutis por el foro.
La presidenta de la Nación, en un discurso desde El Calafate, reflexionó sobre el tema. "¿Saben cuál es la verdadera soberanía? Defender los intereses de la Nación. Esa es la verdadera soberanía", dijo.
Hay que celebrar ese punto de vista. Sin embargo, una política soberana debería en lo inmediato incinerar los materiales incautados en el avión, en vez de devolverlos. Así está estipulado para casos menos graves en el Código Aduanero y sería una linda lección dada a los jefes del Comando Sur.
Por otra parte, habría que valorar la maniobra militar estadounidense no como infracción ni contrabando sino como un atentado a la seguridad y la soberanía del país. Y en consecuencia, tratándose del segundo incidente similar, cabría declarar persona no grata a la embajadora Martínez con pedido de salida del país. Por otra parte, esta diplomática apareció en WikiLeaks firmando cables sobre la salud presidencial y otras groseras injerencias en asuntos internos.
Finalmente, si de soberanía se trata, cabe ir hasta el fondo del asunto, y cortar todos los "ejercicios" policiales y/o militares con fuerzas norteamericanas. Esto es lo más grave del affaire del avión de marras, más que su carga ilegal. No hay que poner más el GEOF de la Policía Federal a hacer este curso en Buenos Aires ni enviar policías de esa fuerza o de policías provinciales a cursar con el FBI o en academias como la ILEA de El Salvador. Tampoco la Armada debe hacer los ejercicios navales Panamex ni el tradicional Unitas con jefes estadounidenses tan habituados a cañonear y portar aviones para atacar ciudades en Irak y otros países.
Reclamos soberanos de este orden parecen destinados a caer en saco roto pues la Argentina aprobó dos leyes antiterroristas en 2005 pedidas por George Bush, y un contingente militar argentino está ocupando Haití desde 2004, luego de la solicitud de ese texano bruto.
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