La gravísima crisis desatada por el reclamo en cadena de las principales policías provinciales a lo largo y ancho del país, en demanda de mejoras salariales, lo cual obligó a los gobiernos jurisdiccionales a acordar mejoras de urgencia en los sueldos de bolsillo, tendrá un efecto poco conocido en el plazo mediato: salvo eventuales excepciones, estas subas no se traducirán en los haberes de los retirados y si no se instrumentan los cursos legales correspondientes, tampoco tendrán efecto en los haberes previsionales cuando quienes hoy están en el servicio activo dejen esta condición.
Hasta la mañana del martes 10 de diciembre, la ola de conflictos se había generalizado en 17 provincias con un saldo provisorio de por lo menos siete muertos (los medios de prensa elevan la cifra a 9 computando casos colaterales de dias anteriores), uno de ellos un subcomisario en el Chaco, y más de un centenar de heridos, muchos de ellos de bala.
En tanto se temían efectos de contagio en las propias fuerzas de seguridad (Gendarmería y Prefectura) encargadas de ayudar a reestablecer y en algunos casos reencauzar el orden. Sucede que en algunos casos las mejoras de los policías autoacuartelados, al menos las anunciadas por los gobiernos provinciales a medida que se lograban precarios acuerdos, llegan a superar holgadamente los haberes de los uniformados federales encargados, eventualmente, de contenerlos.
Al respecto pudo saberse de algunas consultas y deliberaciones de los cuadros subalternos en los puntos en donde se hallan acantonados frente a la emergencia. De acuerdo a la agencia informativa Diarios y Noticias (DyN) esposas de gendarmes se concentraron en la mañana del martes en la puerta 4 de Campo de Mayo reclamando un básico inicial de 12.000 pesos para estos servidores.
