REDACCION TIEMPO MILITAR. Esta ONG emitió un comunicado con fecha de ayer 13 de abril, que fue recibido en nuestra Redacción y que reproducimos textualmente:
“MUERTOS CIVILES
El Jefe del Estado Mayor del Ejército acaba de disponer, mediante una simple resolución basada en hechos ocurridos hace 50 años, la baja de 34 oficiales del Ejército, condenados y presos en las causas denominadas de “lesa humanidad”.
Hay condenas que no figuran en sentencia alguna, pero que se imponen y ejecutan con una eficacia implacable. La baja de 34 militares —presentada como un acto administrativo más— encierra una forma de muerte jurídica: la conversión de personas en “muertos civiles”. El derecho civil enseña que la persona se define por ciertos atributos esenciales: nombre, capacidad, domicilio, estado civil, patrimonio y nacionalidad. No es una enumeración caprichosa; es la estructura misma de la personalidad jurídica. Quitar uno de esos pilares no es un detalle técnico: es despojar a alguien de una parte de su humanidad. Y no se trata aquí de una poda menor, sino de la inicua confiscación del patrimonio de personas que han hecho aportes durante 40, 50 o más años, dejándolas sin sustento en la etapa más vulnerable de sus vidas.
A la supresión del haber de retiro se añade, en muchos casos, la pérdida de los servicios de la obra social. Es decir, se los priva no sólo de los recursos para vivir, sino también del cuidado de su salud cuando más lo necesitan. La vejez, que debería ser tiempo de amparo, se convierte así en brutal condena a vivir a la intemperie.
Frente a esto, la solución institucional oscila entre la frialdad burocrática y una ironía difícil de digerir. Un abogado del IAF, ante el reclamo de un militar despojado de su retiro, sostuvo que éste “pretende vivir cómodamente en su hogar pudiendo hacerlo en el sistema carcelario”, sugiriendo incluso que “bien podría el actor volver al sistema carcelario”, en vez de insistir en su derecho. La respuesta no sólo es de una refinada crueldad, sino que revela una concepción en la que el castigo no tiene límite ni proporción, como si la pena nunca fuera suficiente y su finalidad la anulación total de la persona.
Esto, en verdad, no es derecho ni justicia. La ley 19.101, en su artículo 20, prevé consecuencias para el personal militar condenado, pero su aplicación no puede desentenderse de principios elementales: la razonabilidad de las sanciones, la protección de derechos adquiridos, la dignidad humana. Este artículo establece que “la baja se produce por… condena emanada de tribunales comunes o federales, a penas equivalentes a las que en el orden militar lleven como accesoria la destitución”. Pero esa equivalencia hoy es, sencillamente, inexistente. El Código de Justicia Militar fue derogado, y con él desapareció el parámetro normativo al que la ley remite. Se aplica así una consecuencia grave apoyándose en una referencia que ya no tiene contenido jurídico real. La norma se invoca, pero su presupuesto ha sido vaciado. Y en ese vacío, lo que debería ser derecho se convierte en discrecionalidad.
En este escenario el desempeño de los jueces resulta decisivo. Sin embargo, lejos de erigirse como un límite frente a estos excesos, demasiadas veces optan por la comodidad de convalidarlos. Y no se trata de pedirles que actúen con heroísmo, sino de algo elemental, esto es, la voluntad de aplicar el derecho sin temor ni oportunismo. Cuando eso falta, la ley deja de ser un refugio para convertirse en un instrumento de demolición.
La paradoja es evidente. En un extremo, personas que dedicaron su vida al cuidado y defensa de la nación, se ven privadas por el Estado de sus medios de subsistencia y de la cobertura de su salud. En el otro, quienes integraron organizaciones terroristas que atentaron contra esa misma nación, reciben indemnizaciones millonarias.
Ese mismo Estado es el que ahora los da de baja del Ejército, humillándolos hasta el extremo, además de dejarlos en la indigencia. Todo ello después de haberlos mantenido encarcelados durante años, víctimas del escandaloso prevaricato en que incurrieron a mansalva jueces cobardes y corruptos, ejecutores de una política de odio y venganza como no se ha visto en ningún país civilizado, para vergüenza de los argentinos.
Juan Antonio Vergara del Carril
Secretario
Alberto Solanet
Presidente”
Buenos Aires, 13 de abril de 2026
