Por Darío Rosatti publicada en www.totalnewagency.com
Esta resolución ha suscitado “sorpresa y preocupación” en los sectores castrenses, el ministro de Defensa, Luis Petri, ha ordenado la baja de cuatro generales y 19 coroneles retirados del Ejército, todos ellos condenados por la Justicia en juicios considerados por muchos como amañados.
La resolución 72/2025, impulsada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), se basa en sentencias firmes que han generado un intenso debate sobre la legitimidad de estos fallos, muchos de los cuales se sustentan en testimonios de “memoriosos” terroristas que rememoran hechos ocurridos hace más de 40 años, por ejemplo reconocer la voz de un militar de aquel momento. Dos X recuerdan la posición del ministro Petri de hace varios años atrás, 2010 Y 2018.
Una de nuestras fuente militares asegura “ver en el comunicado del Ministerio de Defensa, excusas vacías de contenido al no impulsar el Ministro de Defensa, ni el resto del gobierno, política alguna para poner fin a la persecución del prevaricato sistematizado contra los militares en esas farsas llamadas “juicios de lesa”. Así todo, el ministerio de defensa pretende que los militares se involucren en la lucha contra el narcotrafico. ¿Si un decreto del gobierno constitucional electo en 1973 que ordenó a las Fuerzas Armadas el aniquilamiento del accionar terrorista no pudo protegerlas de jueces prevaricadores y tuertos organismos de DDHH, que podría protegerlas de un supuesto combate al narcotráfico y de los abogados de narcotraficantes, amparándose, precisamente el los DDHH.
Entre los militares afectados se encuentra el general de división Eduardo Rodolfo Cabanillas, condenado a prisión perpetua, así como los generales de brigada Néstor Rubén Castelli, Teófilo Saá y Federico Antonio Minicucci.
La decisión ha sido justificada por el ministerio, que señala que se trata de un cumplimiento de órdenes “judiciales”, mientras que voces críticas resaltan la notable contradicción al observar que figuras como Cristina Kirchner, condenada por corrupción en dos instancias, nunca han enfrentado prisión y aún podrían postularse para cargos políticos.
Las reacciones dentro del ámbito militar no se han hecho esperar. Algunos oficiales defienden a los militares dados de baja, argumentando que eran jóvenes sin poder de decisión en aquel entonces. “Que te den de baja es ofensivo. Hay combatientes de Malvinas e, incluso, el coronel Horacio Losito fue condecorado y perdió un ojo en combate”, expresó una fuente castrense, reflejando el descontento que ha generado la decisión de Petri.
El principio de independencia de poderes se aplica a las sentencias judiciales, permitiendo que un juez resuelva a favor, pero la esfera administrativa puede rechazarlo. Sucede con los fallos judiciales contra la ANSES para que pague sentencias a jubilados, por ejemplo y esta se niega.
El inciso 6 del Art. 20 se refiere a penas en el orden militar que implican destitución y baja, lo que lleva a considerar el Art. 13, inciso 23 y el Art. 23 del Régimen Disciplinario, concluyendo que esta resolución adoptada por el ministerio de defensa es innecesaria y un caso “contra legem”, afirmo otra fuente ministerial consultada.
Desde el ministerio se ha intentado calmar los ánimos, asegurando que “ninguna familia quedará desamparada”, ya que los haberes de los oficiales retirados pasarán a sus esposas como pensiones. Sin embargo, la percepción general es que esta medida es más política que judicial, especialmente en un contexto electoral donde Petri busca apoyo del kirchnerismo para su candidatura a gobernador de Mendoza, nos asegura un militar afincado en Mendoza. En esto hay diversas fuentes opinando en mismo sentido y será motivo de artículo.
Según nuestras fuentes, no hay ningún oficio de juzgado alguno que ordene lo que el ministerio de defensa hizo con su resolución, solo hay un requerimiento de un fiscal de investigaciones administrativas que le dice al ministerio que por sentencia firme debe dar las bajas, pero no hay orden judicial que respalde el pedido fiscal.
El ministerio debería haber corrido vista al departamento jurídico y este emitir un dictamen sobre que resulta inconstitucional porque violaría el derecho adquirido de las pensionistas de los soldados dados de baja, cosa que según el ministerio respetaran y estas serán quienes cobren los beneficios aludidos, de ahí la pregunta, ¿Cómo interpretarían la ley si hay bajas de por medio que inhabilitan el cobro de los beneficios?
Si bien esta “promesa” es para tranquilizar los ánimos en las FFAA, esta situación mostraría una doble vara al momento de interpretar las reglamentaciones.
Los críticos de la medida también subrayan la falta de atención a los crímenes cometidos por grupos terroristas en los años 70, lo que pone de relieve una aparente falta de equidad en la búsqueda de justicia. “El Gobierno expulsa del Ejército a un militar, como el Tte Coronel Losito, que recibió dos balazos en Malvinas, mientras que los crímenes de terrorismo siguen sin ser investigados”, argumentó una fuente militar, haciendo hincapié en la injusticia que perciben.
La decisión de dar de baja a estos oficiales, aunque fundamentada en fallos judiciales, ha abierto un nuevo capítulo de descontento en las Fuerzas Armadas, que se sienten deshonradas por un gobierno que, en su discurso, prometió reivindicarlas. “Esto no solo profundiza heridas ya abiertas, sino que también contradice las promesas de respeto hacia quienes dieron todo por la Nación”, concluyó un militar retirado, resaltando la complejidad de la situación actual.
Incluso se señala que la gestion actual en el Ministerio de Defensa, es la misma que causó la quiebra de la obra social militar, generando un déficit de más de $100.000 millones, refiriéndose a la crisis del Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa). Además, se menciona que este gobierno mantiene los haberes militares en la última posición, reflejando las expectativas no cumplidas en su primer año de gestión.
Así, la controversia en torno a la resolución de Petri no solo refleja tensiones entre su gestión y las FFAA, sino también un contexto político en el que las decisiones parecen estar influenciadas por los cálculos electorales de Petri que piensa en la gobernación de Mendoza y necesitaría apoyo del kirchnerismo y protección mediatica, más que por un verdadero compromiso con la justicia y la memoria histórica.
