Carta de lectores publicada en www.lanacion.com.ar
Últimamente pudimos leer noticias que ponen al descubierto el dudoso accionar del Poder Judicial en un país donde la ley se aplica según el criterio de cada juez, convirtiéndonos entonces en un país carente de seguridad jurídica.
Para quienes desconocemos los vericuetos judiciales es necesario entonces leer con detenimiento las noticias para poder entender la situación en la que nos encontramos. Caso Calcaterra y el inexplicable dictamen de la Cámara de Casación Penal, aduciendo “aportes de campaña”. Caso Otero, “Rey del Tabaco”, que acorde con dictámenes judiciales dejó de pagar una importante suma de dinero al fisco. Existen también fallos escandalosos relacionados a los juicios de lesa humanidad que se vienen implementando desde la llegada del gobierno kirchnerista y se siguen llevando a cabo actualmente. Estos juicios cuentan en su mayoría con dictamen previo, sin pruebas fehacientes y carentes del debido proceso. Los damnificados están presos, muchos han apelado a instancias judiciales superiores, esperando pacientemente durante años a que algún magistrado se aboque a la revisión del caso. ¿Es el Poder Judicial también casta? Privilegios, impunidad y sueldos onerosos pagados con nuestros impuestos. El Poder Judicial analizado desde estos hechos se presenta como una entidad poco virtuosa que no permite celeridad y transparencia a la hora de “expulsar” del sistema a los jueces de reputación dudosa y de accionar carente de ética. En esta nueva era donde la mayoría votamos por la eliminación de los privilegios sería muy deseable que se incluya el saneamiento del sistema judicial. Así como en el ámbito privado un profesional que comete un error en perjuicio de la empresa para la que trabaja se queda sin trabajo con solo recibir un telegrama de despido, en el ámbito judicial el mecanismo por mala praxis debiera ser mucho más transparente y expeditivo sin necesidad de un tribunal de enjuiciamiento. Hay hechos contundentes que no requieren mucho análisis. Las pruebas están; solo falta decisión para volver a la senda de un Estado de Derecho.
Dolores Aftalión
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