La Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló toda la causa en la que se cedió a la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue un predio de 180 hectáreas registradas a nombre del Ejército Argentino sobre la ladera oeste del cerro Otto, en San Carlos de Bariloche. El Máximo Tribunal tomó esa decisión porque en el caso se omitió dar intervención a la provincia de Río Negro, cuya citación resultaba necesaria para que pudiera ejercer su derecho de defensa en juicio.
Se trata de las tierras de la Escuela de Instrucción Andina de Bariloche que el gobierno K quería entregar a esa comunidad mapuche luego de un proceso administrativo irregular y en el marco de ocupaciones ilegales en el lago Mascardi. El caso provocó movilizaciones de apoyo de ciudadanos de Bariloche para que no se consumara la entrega.
Con el apoyo del kirchnerismo, esa comunidad demandó al Estado Nacional para que se instrumente a su favor el título de propiedad comunitaria sobre las tierras que alega ocupar en forma “actual, tradicional y pública”, según fue reconocido por la resolución 1174/2012 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), de conformidad con el resultado del un supuesto relevamiento técnico, jurídico y catastral realizado por dicho organismo.
En primera instancia en Bariloche se hizo lugar a la acción de amparo y se ordenó al Poder Ejecutivo Nacional que en el término de 60 días, a partir de que la resolución quedara firme, transfiriera a título gratuito al INAI el dominio de las tierras disputadas.
El Ejército Argentino apeló esa decisión y la Cámara Federal de General Roca rechazó el planteo por considerar que había sido presentado fuera del plazo procesal previsto gracias a una maniobra de funcionarios del ministerio de Defensa del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que investiga el fiscal Carlos Stornelli.
Stornelli había solicitado indagatorias de cuatro funcionarios para determinar el alcance del chat del abogado del ministerio de Defensa, Nicolás Rodríguez Vacarezza, en el sentido de que “ya me bajaron la orden de no apelar” el polémico fallo de la jueza de Bariloche, Silvina Domínguez que otorgó 180 hectáreas del Ejército en esa ciudad a una comunidad mapuche.
Esa magistrada en febrero entregó esas tierras a la Comunidad Mapuche Millalonco-Ranquehue. Stornelli pidió al juez Daniel Rafecas, en primer término, indagar a Rodríguez Vacarreza para determinar quién le dio esa orden en la cartera que dirige Jorge Taiana de no defender los intereses del Estado que cedió esas tierras al Ejército en la década del cincuenta.
En una resolución, el fiscal afirmó que la abogada de la Procuración del Tesoro, Silvia Vázquez, el 2 de enero pasado, a las 12.59 recibió la notificación del fallo de la jueza Domínguez y le pidió instrucciones a Rodríguez Vaccarezza. Rafecas, luego de un largo tironeo, los procesó, pero la Cámara de Casación este año anuló los procesamientos y ordenó revisar la situación de los funcionarios del ex ministro de Defensa Jorge Taiana. La decisión de Casación está, por otra parte, siendo analizada por la Corte.
Contra la decisión de la Cámara Federal de Río Gallegos de confirmar que se había agotado el plazo para apelar, tanto el Ejército Argentino como la fiscal general interpusieron sendos recursos extraordinarios, que fueron denegados y dieron lugar a la presentación de sendas quejas ante la Corte.
En la sentencia del día de la fecha, la Corte declaró la nulidad del trámite de la causa judicial y dispuso que se le debía dar participación en el juicio a la Provincia de Río Negro. Fundó la decisión en el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, que establece que en materia de adjudicación de tierras a las comunidades indígenas la Nación tiene competencias concurrentes con las provincias en las que se encuentran ubicadas esas tierras.
Destacó, además, que las normas reglamentarias prevén en forma explícita la participación de las provincias interesadas en los trámites de adjudicación de tierras y que en el caso concreto el INAI había decidido excluir a la Provincia de Río Negro a petición la comunidad mapuche, sin que luego se le diera intervención en la causa judicial para que pudiera ejercer sus derechos. Durante el gobierno de Alberto Fernández, el INAI estuvo dirigido por Magdalena Odarda, quien renunció en el 2022 en medio de estos escándalos.
