Por Darío Rosatti, publicado en www.totalnewagency.com
Militares del directorio de IOSFA en pie de guerra ante privatización. Piden que antes de una modificación de esa magnitud se informe a los Jefes de las Fuerzas Armadas y los afiliados.
Los militares que integran el directorio del Instituto de Obras Sociales de las Fuerzas Armadas (IOSFA) se opusieron a la decisión del ministerio de Defensa de tercerizar (privatizar) la prestación de los servicios de salud a los afiliados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
El IOSFA surgió de la unificación del Instituto de Obra Social del Ejército (IOSE), la Dirección de Bienestar de la Armada (DIBA) y la Dirección de Obra Social de la Fuerza Aérea (DIOSFA) resuelta por un DNU de Cristina Kirchner en 2013.
El directorio es el máximo órgano de conducción del Instituto se compone de oficiales superiores retirados de fuerzas armadas y de seguridad más representantes civiles del ministerio de Seguridad.
El temor a un eventual desguace del IOSFA a favor una administradora privada se funda en dos cuestiones básicas: por un lado, se trata de una obra social con un enorme mercado cautivo; tiene casi 600 mil afiliados (de Fuerzas Armadas, de Seguridad y civiles de ambos ministerios), con llegada a todo el país y un ingreso de 20 mil millones de pesos mensuales y, por otro, es una cifra que no tiene morosidades, la cuota se retiene directamente del haber mensual y se ajusta con la evolución salarial.
Una parte del directorio finaliza su mandato y Defensa apuesta a colocar reemplazantes más permeables a su política tercerizadora con la ayuda del Jefe del Estado Mayor Conjunto, brigadier general Xavier Isaac, quien supo acomodarse a la gestión de LLA.
La centralización de las obras sociales castrenses abrió oportunidades laborales a la casta política en la conducción y administración del IOSFA. Una cantera que deslumbra por los recursos que administra.
Los uniformados reciben la misma cobertura sanitaria, independientemente de la jerarquía y situación de actividad o retirado.
Los 10 integrantes son; general de brigada Pedro Abregú, general de brigada (R-Art 62) VGM Luis Pucheta, general de división (R-Art 62) Alejandro López, vicealmirante (R-Art 62) VGM Eduardo Urrutia, contraalmirante (R-Art 62) Juan Palermo, brigadier (R-Art 62) Daniel Giménez, comandante mayor (R-Art 84) Adalberto Ferreyra, prefecto general (RS) Francisco Sussini, licenciada Valeria Calleja (familiar del ex secretario general de Gendarmería, comandante general Gabriel Calleja) y el doctor Ricardo López.
Oscar Sagás es el presidente del directorio designado por Luis Petri y quien propone y ejecuta la dirección política del IOSFA en la gestión de LLA.
La idea del ministerio, contratar una red de prestadores de una empresa de medicina y que con su estructura se encargue en principio de una zona determinada del país, fue presentada por Sagás y se registró en el Acta de Reunión Informativa Número: IF-2024-61786189-APN-D#IOSFA fechada el miércoles 12 de junio de 2024 donde quedó notificada la oposición del directorio.
El motivo que expuso Sagás fue la posibilidad de que un cambio del modelo prestacional mediante convenio con la empresa seleccionada (Medifé) corregiría, “deficiencias en la cantidad y calidad de prestadores en muchas localidades, en las cuales el IOSFA debe brindar cobertura y que ésta debe ser equitativa y de calidad homogénea, por ello se están analizando alternativas, que permitan revertir tal situación” …
Sagás explicó que se estaba trabajando sobre un contrato de riesgo y luego el doctor Aldo Caridi, Subgerente de Administración de Prestadores detalló que “la modalidad prestacional en estudio, permitiría reducir la sobrecarga administrativa que, implica renegociar mensualmente, una gran cantidad de convenios y se habló de una prueba piloto a partir de conversaciones que ya se iniciaron con la prepaga Medifé (n.r. la zona piloto serían provincias del NEA, Córdoba y Santa Fe).
La duda interna de los miembros del directorio es ¿por qué transformar la obra social militar IOSFA en una mera instancia administrativa de transferencia de fondos (las cuotas de afiliados) al sector privado (Medifé) cuando posee capacidad e infraestructura propia para brindar y garantizar las prestaciones?
En el Acta se reflejó sin tapujos la negativa a avanzar con la medida privatizadora.
El general Abregú, fue el primero, dijo; “apoyo la idea de analizar nuevas modalidades de prestación y financiamiento y la búsqueda de mayor calidad e igualdad”, continuó “discutir sobre una prueba piloto y un contrato sin haber agotado el análisis con el Directorio nos lleva a confusiones y retrasos”. “Contratar una Red de Prestadores y ceder funciones de auditoría y control se aproxima a tercerizar, a mi juicio”, dijo Abregú y propuso analizar la legalidad de la iniciativa a la luz del DNU N.º 637/13 de creación del IOSFA.
El contralmirante Palermo afirmó: “existen deficiencias y limitaciones en nuestras prestaciones, particularmente en el interior del país, debemos profundizar la capacitación de nuestro personal, pero no creo que sea la forma de lograr nuestros objetivos, en bien de nuestros afiliados tercerizar y capitar las prestaciones con empresas administradoras de salud”.
Y concluyó, “el cambio del sistema de prestación al de cápita, mediante Empresas administradoras de salud estaría en contradicción con la normativa vigente, no comparto ese cambio de modalidad prestacional, y destaca que “es una decisión de tal magnitud que deben tomar conocimiento y participar los respectivos Jefes de Estado Mayor de las FFAA y Directores Nacionales de las FFSS”.
El general Pucheta afirmó “no compartir la idea de contratar empresas de salud para que administren las prestaciones de nuestros afiliados”. Y lanzó dardos políticos; “hemos sabido recuperar una obra social endeudada y con gran parte de las prestaciones cortadas por falta de pago, en medio de una pandemia y una endeble situación económica de nivel nacional”. Teléfono para Alberto Fernández.
“Capacidades propias nos han permitido recuperarnos, mantenernos en pie y asistir a nuestros afiliados. “Todo ello sin pedir nada al Estado, mientras las otras obras sociales recurrían a fondos del tesoro nacional y las empresas de medicina prepaga implementaban considerables incrementos de sus cuotas”.
El vicealmirante Urrutia expreso que “no es admisible que se pretenda realizar este cambio en siete provincias”. Y que, “debería realizarse una prueba piloto en algún lugar acotado del país, a efectos de que, si se producían efectos adversos para los afiliados, estos sean limitados y puedan corregirse rápidamente”. Finalizó con la negativa “a contratar empresas de salud para que administren las prestaciones de nuestros afiliados”.
