Por Leonardo Torresi, publicado en www.lanacion.com.ar
Enfurecido por el ataque del ERP al cuartel de Azul, Perón buscó una vía legal e integral para cortar con el accionar de la guerrilla. El documento recién fue desclasificado 43 años después.
El 27 de abril de 1974 se hablaba de la adjudicación a la Unión Soviética de la provisión de turbinas para la represa de Salto Grande; de la expectativa que generaba la carrera de Carlos Reutemann en España (el gran premio posterior a su victoria debut en Sudáfrica) y, sobre todo, del terrible choque de trenes que había sucedido en Boulogne, con dos muertos y ocho heridos.
Todo eso en público, en los diarios, en la calle Mientras, en secreto, el gobierno de Juan Perón sancionaba un decreto que marcaba un cambio de rumbo respecto de la actitud sobre el accionar de los grupos guerrilleros y diseñaba un plan integral para enfrentarlos por la vía legal. Si la confianza con el ala combativa propia se había hecho pedazos con el asesinato de José Ignacio Rucci, el ataque de un comando del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) contra el regimiento de Azul, en enero del tumultuoso 1974, había colmado la paciencia del Presidente.
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Ese episodio fue el disparador del decreto secreto 1302/74 que, hace exactamente 50 años, aprobó las directivas para desarrollar los planes llamados "Topo" y "Yacaré" en base a una hipótesis de guerra bautizada "Alfil". A esa altura Perón ya había concluido en forma definitiva que los grupos armados, tanto los que formaban parte del propio movimiento como los de origen trotskista, buscaban "la toma del poder para modificar el sistema de vida democrático pluripartidista". Así quedó definido en la letra del propio documento, desclasificado más de cuatro décadas después, durante el gobierno de Mauricio Macri: apareció publicado en el Boletín Oficial el 26 de mayo de 2017.
Del ataque en Azul el decreto secreto
"Hechos de esta naturaleza evidencian elocuentemente el grado de peligrosidad y audacia de los grupos terroristas que vienen operando en la provincia de Buenos Aires ante la evidente desaprensión de sus autoridades. El Gobierno del Pueblo, respetuoso de la Constitución y la ley, hasta hoy ha venido observando una conducta retenida frente a esos desbordes guerrilleros que nada puede justificar en la situación que vive la República".
Los íntimos contaron que Perón merodeó el desborde emocional cuando pronunció esa frase por televisión, la noche del 20 de enero de 1974. Si cuatro meses antes el asesinato de líder sindical José Ignacio Rucci, uno de los hombres de su mayor confianza, lo había golpeado duramente, el ataque a la guarnición de Azul por parte del ERP era un nuevo mazazo.
En el discurso estaba clara la referencia al gobernador Oscar Bidegain, del ala izquierda del movimiento, que había llegado a su cargo el día de la elección de Héctor Cámpora, en 1973. Bidegain renunciaría bajo presión seis días después del asalto a los cuarteles de Azul.
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Azul no era una sede militar cualquiera: albergaba al Regimiento de Caballería de Tanques 10 y al Grupo de Artillería Blindado 1 del Ejército Argentino. Es decir que el ataque de la guerrilla, que además del golpe de efecto buscaba abastecerse de armamento, había sido realmente ambicioso. En la incursión los atacantes mataron al jefe de la guarnición, el coronel Arturo Gay, y a su esposa, Hilda Cazaux. El jefe del GA 1, teniente coronel Jorge Roberto Ibarzábal, fue tomado como prisionero y posteriormente apareció asesinado, con el cuerpo dentro de un armario metálico.
Perón: "Todo tiene un límite"
"Todo tiene su límite. Tolerar por más tiempo hechos como el ocurrido en Azul, donde se ataca una institución nacional con los más alevosos procedimientos, está demostrando palmariamente que estamos en presencia de verdaderos enemigos de la patria", dijo Perón aquella noche, cuando habían pasado unas pocas horas desde la rendición de los guerrilleros.
Sancionado tres meses después, el decreto secreto 1302 mantuvo esa línea narrativa. Palabra por palabra, planteaba "eliminar las acciones subversivas violentas y no violentas, las causas que las provocan y consolidar espiritual y materialmente el régimen democrático como ámbito de realización integral del hombre".
Estaba claro que si bien Perón había decidido actuar con dureza, el plan estaba pensado para aplicarse en la legalidad y con un enfoque integral. La prueba era que disponía la creación de un "equipo interministerial" con la participación de seis carteras: Defensa, Justicia, Economía, Bienestar Social, Trabajo y Cultura y Educación.
Decretos desclasificados de Perón e Isabel
El decreto definía un plan plurisectorial "que prevea acciones, sobre la violencia, sobre sus causas y que tienda a fortalecer los valores del sistema democrático". No se trataba, solamente, de atacar las consecuencias.
Según se fijaba en el propio documento, el plan debía ser elevado al Poder Ejecutivo antes del 15 de agosto de 1974. Perón no llegó a verlo porque murió un mes y medio antes.
Recién en abril de 1975, Isabel Perón firmaría el decreto decreto N° 993/75 para "poner en vigor" la directiva. En su tramo de gobierno, con los llamados "decretos de aniquilamiento", la viuda del general escribió su propio capítulo en la historia.
