Solo desde una mirada distorsionada por un prisma ideológico se puede admitir el ingreso al país de extranjeros con antecedentes criminales
En más de una oportunidad desde que asumiera la jefatura de gobierno porteño, Jorge Macri expresó un particular deseo: “Hay que expulsar a los extranjeros sin ciudadanía que delinquen”. En enero, fue a raíz del arresto de dos ciudadanos chilenos y uno colombiano que pretendían darse a la fuga luego de robar en un local de electrodomésticos del barrio de Balvanera. En febrero, una investigación iniciada en septiembre de 2023 condujo a 12 allanamientos simultáneos y al desbaratamiento de una banda de ciudadanos dominicanos –cinco hombres y una mujer– que se dedicaba al narcomenudeo.
Desde 2019, bajó la cantidad de delincuentes extranjeros presos y detenidos. Sin embargo, la población carcelaria de trasandinos se incrementó en hasta un 33% en la provincia de Buenos Aires y un 6,5% a nivel nacional en los últimos tres años. También experimentó un incremento del 25% en esa provincia la población presidiaria boliviana. El informe de 2022 del Sistema Nacional de Estadísticas sobre la Ejecución de la Pena (Sneep) reveló que sobre un total de 105.053 presidiarios en el país el 4,9% son extranjeros, contra el 6,3% reportado en 2019. Dentro de dicho porcentaje se contabilizan 1951 paraguayos, 957 peruanos, 811 bolivianos, 395 chilenos, 287 uruguayos, 218 colombianos, 92 brasileros, 37 chinos, 27 ecuatorianos, 14 italianos, 12 españoles, 3 nigerianos y un sudafricano, con 284 de “otras nacionalidades” y 35 “sin datos”.
También a partir de datos del Sneep, desde la Comisión Provincial por la Memoria, se informó que a diciembre de 2023 había 56.627 presos en cárceles de la provincia de Buenos Aires, siendo el 5% extranjeros y el 69% de ellos de nacionalidad paraguaya o peruana. A enero de este año, en comisarías de Buenos Aires había 2520 detenidos, 124 de ellos extranjeros, lo que representa un 5% de aquella población. La Policía de la Ciudad reportó que un 16,2% de los detenidos son extranjeros, predominando las nacionalidades peruana, paraguaya y chilena, por encima de colombianos y bolivianos.
Macri expresó que “Buenos Aires no debe ser más el lugar donde se vienen a cometer delitos” e insistió en que “se debe restituir la normativa que en 2017 modificó la ley de migraciones para agilizar la expulsión de aquellos extranjeros sin ciudadanía que eligen nuestro país para delinquir, derogada en 2021 por el kirchnerismo”.
En la Capital Federal, el 37% de los homicidios fue cometido por ciudadanos de otros países
En efecto, aquella modificación mediante el decreto 70/2017 establecía no solo un endurecimiento de los controles migratorios para impedir el ingreso al país de extranjeros ligados al delito, sino también mecanismos para expulsar de manera inmediata a aquellos vinculados con cualquier proceso penal. Esto incluía la reducción de plazos y la eliminación de instancias, siempre respetando garantías reconocidas internacionalmente como doble instancia, revisión judicial efectiva y patrocinio letrado. No distinguía entre tipos de infracción, ni penas, ni si había o no condena, ni si el extranjero tenía residencia definitiva, ni si su familia estaba arraigada en el país o tenía trabajo o hijos menores a cargo. Las faltas administrativas en el trámite migratorio también conducían a la deportación.
Durante los cuatro años de gestión presidencial de Mauricio Macri, las cifras oficiales reportan que se concretaron unas 3000 expulsiones; apenas unos 1256 extranjeros habían sido deportados durante el último mandato de Cristina Kirchner. Los organismos de derechos humanos criticaron la aplicación de esta norma cuando los delincuentes no eran narcos o criminales destacados, sino mulas o personas en situación de vulnerabilidad, lo cual condujo a su derogación en 2021, durante el gobierno de Alberto Fernández, con el pretexto de que era irreconciliable con nuestra Constitución y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos. No podía haber sido de otra forma cuando el garantismo y el blindaje al delincuente reinaban por encima de la protección al ciudadano.
Según reza el artículo 20 de la Constitución nacional, los extranjeros “gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y casarse conforme a las leyes”. En ningún lugar se contempla la actividad delictiva. El artículo 12 de la ley sancionada durante la presidencia de Nicolás Avellaneda para regular la inmigración y la colonización ya hablaba de que todo inmigrante debía acreditar “suficientemente su buena conducta y su aptitud para cualquier industria, arte u oficio útil”.
La iniciativa de expulsar extranjeros no residentes que cometan delitos cuenta con el apoyo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien, en referencia a quienes usurpaban terrenos en La Matanza sin domicilio permanente, la definió como una medida “correctiva” opuesta a la laxa permisividad de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.
Nuestra generosa Constitución, desde su mismo Preámbulo, abre las puertas del país a todos los hombres del mundo de buena voluntad que quieran habitar en el suelo argentino. La flexibilización de los controles es incomprensible.
El ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, denunció que en la Capital Federal el 37% de los homicidios fue cometido por ciudadanos de otros países. Días atrás celebró la expulsión de un delincuente de nacionalidad chilena. Otros ocho trasandinos fueron expulsados por la Dirección Nacional de Migraciones luego de un juicio abreviado por incidentes durante un partido de la Copa Libertadores disputado en Mendoza en febrero pasado.
También Guillermo Francos, ministro del Interior, sostuvo que “los extranjeros que cometan ilícitos deben cumplir la pena y luego ser expulsados del país con prohibición de reingreso”. Fue él quien puso el foco en el que debiera ser el meollo del problema al agregar que el Gobierno está “extremando los recaudos para evitar el ingreso a la Argentina de extranjeros con antecedentes criminales”. Muchos menos serían los deportados si simplemente no se franqueara tan gentilmente el ingreso a quienes ya llegan con extensos prontuarios en sus países de origen. La ley de migraciones habilita la expulsión cuando la persona es condenada en la Argentina o en el exterior por delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos y tejidos. También por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas, por delitos que en nuestro país merecen penas de privación de la libertad, o cuando la persona participó en actos de genocidio, crímenes de guerra o terrorismo.
Desgraciadamente, mientras la mayoría de los extranjeros, tanto hoy como ayer, trabajan y se ganan el pan honradamente para el engrandecimiento de nuestra patria, otros protagonizan las crónicas criminales cotidianas. Mientras muchos vienen a educarse en nuestras universidades gratuitas, otros, convertidos en matones y reyes del hampa, se gradúan con honores en la universidad de la calle también a expensas de los argentinos. Nuestra generosa Constitución, desde su mismo Preámbulo, abre las puertas del país a todos los hombres del mundo de buena voluntad que quieran habitar en el suelo argentino. La flexibilización de los controles es incompresible, salvo que se la someta a un distorsivo prisma ideológico. Nadie debería poder ingresar para realizar actividades ilícitas que tantas veces incluyen, además, el cercenamiento de vidas. Delincuentes extranjeros, ¡afuera!
Editorial de LA NACION
